Ladeuda pública y la in ter temporalidad
Desde hace un tiempo, la Argentina parece haberse transformado en un colocador “serial” de deuda pública, aunque, a decir verdad, siempre lo ha sido.
La penúltima colocación fue en enero pasado, cuando el país emitió bonos soberanos por 7.000 millones de dólares, más otros 6.000 millones recibidos de bancos internacionales. La última: una emisión a 100 años, que constituye toda una novedad histórica.
Sin desmerecer la presunta confianza en el Gobierno para que estas colocaciones sean exitosas, la liquidez internacional es la que facilita la captación.
Aun el lector poco familiarizado en estas cuestiones ha podido percatarse de la magnitud de deuda emitida por el Gobierno hasta el presente, la cual, en el caso argentino, sirve en especial para efectuar pagos pasados y cubrir baches fiscales significativos en relación con lo que produce la economía, a la vez que le evita recurrir a una inflación más elevada que se generaría con una mayor emisión.
Si bien el nivel de deuda es importante, este luce, al momento, llevadero. El aspecto preocupante resulta, sin embargo, el de la “intertemporalidad”, de la cual muchos se olvidan y que castiga a las generaciones venideras.
Impacto
Es prudente recordar que las decisiones en materia de ingresos y gastos públicos están muy relacionadas con la trayectoria (presente y futura) de la deuda. Si los niveles de déficit (primario) se mantuvieran o crecieran, esto llevaría a una situación financiera insostenible.
La economía sería castigada por los mercados, lo cual podría reflejarse, entre otras cosas, en un efecto negativo sobre la formación de capital (caída en las inversiones o la “no” concreción definitiva de ellas) e igual efecto sobre el crecimiento.
Así, “intertemporalmente”, existiría un incremento de la tasa de inflación de largo plazo, pues, tarde o temprano, los agentes esperarían que el Gobierno utilice la emisión como último recurso para saldar sus compromisos.
Esto reforzaría la inflexibilidad a la baja de las expectativas de inflación, erosionaría toda eficacia antiinflacionaria de la política monetaria que pudiera haberse gestado y acentuaría sus efectos reales negativos a corto plazo.
Cabe explorar si la estrategia fiscal que sigue el Gobierno es sostenible en el tiempo y, sobre todo, si se cumple la condición de solvencia.
Sobre este último punto, la noción de solvencia se refiere a la capacidad que tiene un gobierno de generar, en el futuro, suficientes superávits primarios que igualen, en términos de valor presente, el saldo de la deuda pública.
Para ello, las implicaciones de política sugieren la necesidad de consolidar las medidas fiscales atinentes al problema de la intertemporalidad.
En esta dirección, la reducción del déficit presupuestario constituye una medida interesante hacia finanzas públicas acaso más sostenibles y más todavía necesaria para las generaciones futuras.
Esta necesidad requiere la producción de superávits primarios con el fin de servir el saldo positivo actual de la deuda en la economía. Va de suyo que hoy nada de lo anterior parece suceder.