Lareforma financiera debería estarenagenda
Trascendió que sería intención del Gobierno promover reformas estructurales tras las elecciones legislativas de octubre. Se destacan la impositiva y laboral, pero poco y nada se habla de cambios en la legislación financiera.
Si bien no luce de extrema urgencia el tratamiento de esta iniciativa, toda vez que el sistema financiero argentino no presenta un cuadro crítico como en épocas pasadas, que no sea urgente no significa que no sea necesario.
Lo primero que surge es preguntarse: ¿necesario para qué? Pues para dotar al sistema de nuevas herramientas, modernas y ordenadas, que permitan adaptar a las entidades y su funcionamiento a parámetros de solvencia, liquidez y calidad de servicios, acorde a las necesidades actuales y con crédito disponible en condiciones de accesibilidad para viabilizar la inversión, el desarrollo económico y, por ende, el empleo y la producción.
Si tomamos esta circunstancia como una oportunidad de cambio, podemos avanzar hacia una mejor realidad del mercado.
Una nueva ley de entidades financieras, y una eventual reforma a la carta orgánica del Banco Central (BCRA), debería permitir un marco equilibrado entre normas prudenciales que surgen de parámetros internacionales (en espacial, las normas de Basilea) y de la realidad del país.
Antes, es necesario contar con políticas de Estado en las que se inserte este tipo de iniciativas.
Hoy por hoy, el ente rector está totalmente centralizado. Se encarga de regular el crédito y los medios de pago, de ejecutar la política cambiaria, de vigilar la liquidez y el buen funcionamiento del mercado, y de aplicar la Ley de Entidades Financieras.
También de propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales, y de actuar como agente financiero del Estado. Puede emitir billetes y monedas, otorgar redescuentos, adelantos y otros préstamos a las entidades, efectuar operaciones derivadas de convenios internacionales, emitir títulos, bonos, etc.
Además ejerce la función de control a través de la Superintendencia de Entidades Financieras. Y como objetivo, “el banco tiene por finalidad promover, en la medida de s+us facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.
Federalización
La reforma debería proponer un plan completo, profundo y acabado. En el medio, hay un sinfín de alternativas a evaluar que, a medida que se reduce el alcance sacrifica de manera proporcional los parámetros apuntados, pero la clave debería ser la federalización del sistema.
En este punto se puede ser tan extremo como el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos o limitarse a algunos aspectos. El primer supuesto implicaría un cambio de tal magnitud que puede tener problemas de implementación y adaptación. Por ello sería aconsejable ir a un proceso intermedio.
Un planteo de ese tenor sería: dividir el país en regiones financieras; federalizar el directorio (uno por región); y crear agencias en las principales regiones que se encarguen de la supervisión y el control y que capten de cerca las necesidades para adaptar las normas a la realidad de cada región.
También la creación de una junta de gobernadores que unifique criterios sobre la política y estrategia del sistema, en especial la orientación cualitativa del crédito; la participación de bancos privados y públicos de las regiones a través de un comité federal o bien vía las cámaras que los nuclean.
A partir de lo expuesto, el plan de trabajo debería ser:
1) Definir el grado de federalización deseado. 2) Presentar el plan de trabajo. 3) Relevar los sistemas financieros federales en el mundo.
4) Evaluar las alternativas de federalización del BCRA. 5) Definir la más conveniente. 6) Reunión con gobernadores y directivos del BCRA.
7) Proponer modificaciones a la Ley de Entidades Financieras y a la Carta Orgánica del BCRA según la alternativa seleccionada.