La transparencia ahora desafía a las empresas
La nueva ley de responsabilidad penal corporativa exigirá implementar programas de integridad internos.
En el mundo, la lucha contra la corrupción está tomando otro cariz: ya no sólo se apunta a la punibilidad, sino que ahora se hace foco en la prevención, y el sector privado es un actor clave.
Argentina está rezagada en la implementación de normas para evitar y detectar casos punibles, pero está previsto que, luego de las elecciones legislativas, el Congreso sancione, finalmente, la ley de responsabilidad penal empresarial.
El proyecto fue aprobado por Diputados, el Senado introdujo cambios que se avalaron por unanimidad, y ahora tiene que volver a la Cámara Baja. Se prevé que para los primeros días de noviembre el país ya cuente con una ley a tenor con las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
De los 41 países firmantes, sólo Argentina no tiene una norma de este tipo; otros de la región, como Chile, Brasil, Colombia y Perú, ya legislaron.
Controles internos Aunque las leyes anticorrupción comenzaron hace 40 años en el mundo, las de responsabilidad empresaria tienen menos de una década en América latina.
En un proceso similar a lo que ocurrió con el lavado de activos, hay estándares internacionales que apuntan a instalar mecanismos que alerten sobre hechos de corrupción. En la jerga se denomina compliance (cumplimiento, en inglés) y hace referencia a la implementación, dentro de las empresas, de programas de prevención, detección y planes para remediar situaciones.
“El mundo exige transparencia para competir. Las multinacionales lo piden a su cadena de valor y hay empresas que no pueden participar de licitaciones en algunos países porque no atienden este tema”, dice Paula Cortijo, especialista en compliance.
“La falta de transparencia implica costos. Las multinacionales saben que, dependiendo del nivel de corrupción en un país, su negocio le va a costar entre cinco y 30 por ciento más caro. A eso se suma el riesgo de ser multados en su país de origen y de la mancha en su reputación”, advierte.
Cortijo es directora de Transparencia Latam, una consultora enfocada en integridad corporativa que acaba de abrir en Córdoba, junto con Germán Gianotti y Manuel de Allende, abogados especialistas en temas tributarios y penal económico.
El proyecto de ley argentino cambia el eje en la discusión de la corrupción. Asume que el Estado no puede controlar todo y deja en cabeza de las empresas la prevención. Es un proceso similar a lo que se vivió con la ley de lavado.
Con esta nueva norma, la empresa no sólo será penalmente responsable por los actos delictivos de sus directores (esto ya existe), sino por los que realicen cualquiera de sus empleados y su cadena de valor.
Para paliar la responsabilidad, todas las firmas (no importa su tamaño) deben implementar un “programa de integridad”, capacitar a su personal y designar un responsable. La ley apunta a la prevención general, ofrece un incentivo a la empresa al permitir denunciar los problemas detectados y también implementar un “acuerdo de colaboración eficaz” para colaborar con la justicia.
Aunque se penalizan actos de privados con el sector público, este recién ahora se está adaptando, por lo que la Comisión Nacional de Valores, la UIF y otros organismos están recibiendo capacitación desde el exterior en este tema.