Papá, quiero un iPhone
–¿Quiero un iPhone, pa! –En este país no es posible, hijo.
Esa fue la respuesta de mi amigo, quien agregó: “Hay dos caminos: el primero es ser millonario; el segundo, pedirle a tu tío que cuando vaya a Chile este verano lo traiga escondido en el auto”.
En Argentina, el precio del iPhone 7 es de 31 mil pesos, contra el equivalente a 12 mil pesos promedio que cuesta en Estados Unidos, Uruguay o Paraguay. Es decir, casi tres más caro aquí.
La respuesta a este fenómeno, y para todos los que no están interiorizados en esta industria, es que Apple decidió no ensamblar sus equipos en Tierra del Fuego.
La fabricante paga los impuestos de ingreso y no accede a la reducción de la carga tributaria que tienen las empresas que ensamblan en el sur del país.
Si hubiera decidido fabricar los aparatos en la ciudad austral, el sobrecosto sería mayor, pero no tan elevado como el actual.
Entonces, si no se quiere pagar esa diferencia de precio, se debe viajar a algún país limítrofe para adquirirlo o comprarlo de forma ilegal en nuestro país.
En 2009, el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió aumentar los gravámenes de importación sobre algunos productos tecnológicos, para impulsar la industria electrónica en general, lo que se denominó “impuestazo tecnológico “.
Lo que ha ocasionado el ensamblado en Tierra del Fuego, de manera indirecta, es un mercado informal cada vez más grande que ya supera en 25 por ciento a la cantidad de terminales vendidas en el país.
De los 12 millones de terminales que se comercializan por año, unos tres millones corresponden a la de este origen, con el agravante de que este negocio va a seguir creciendo.
La consecuencia de desarrollar esta industria en el sur, sin generar un valor agregado, por el solo hecho de impulsar trabajo, es un sobrecosto en el producto.
Entonces, productos más caros, aumento del negocio ilegal y disminución del empleo dentro de la industria formal (como, por ejemplo, el cierre de cientos de locales comerciales), son algunas de las consecuencias que hoy se ven en este mercado.
Qué hacer Desde mi punto de vista, hay dos decisiones para tomar: una de corto plazo y otra, de mediano plazo.
La primera es dar de baja el ingreso ilegal de teléfonos, con la creación de una lista blanca en la que se registren los aparatos comprados en forma legal en el país (como hoy lo realiza Chile).
Y la segunda es eliminar en forma paulatina los aranceles de importación, en un lapso de cinco años, aplicando el gradualismo que bien profesa este gobierno, pero no desde 2023, que es cuando caduca la ley 253/09, sino desde ahora.
Todas aquellas personas que hoy están trabajando en Tierra del Fuego deben ser capacitadas para que desarrollen un negocio por medio del cual generen un valor agregado o sean competitivas. Y si hiciera falta, darles una red de contención hasta que adquieran esas habilidades.
Hoy hay miles de trabajadores, muchos más que los que desarrollan su actividad en esta industria, que se están quedando sin trabajo debido a la revolución digital y también empresarios que se adecuan a las reglas del mercado y no reciben ninguna ayuda del Gobierno.
Necesitamos que el país empiece a reconvertir su fuerza laboral encaminándola para que tenga las habilidades necesarias que requiere la nueva economía.
Hoy es el momento para tomar decisiones importantes en esta industria, planteando reglas claras y transparentes, pero más importante –repito– es afrontar la situación como un desafío para encaminar nuestra fuerza laboral hacia las competencias.