2018, el año de las reformas
Optimismo, ese es el clima que reina en el ambiente económico. Se vio claramente esta semana en el Coloquio Anual de Idea, en Mar del Plata; lo transmiten desde el oficialismo y los directivos de las empresas no dudan de que los vientos que soplan son auspiciosos.
Es que desde hace varias semanas se repiten las buenas noticias. A pocos días de las elecciones legislativas, la economía acompaña a la política en su camino a las urnas.
La estrategia gradualista elegida por el Gobierno está dando los frutos que se ansiaban cosechar: la actividad crece a un ritmo más que interesante, la inversión se transformó en el principal motor de la economía, los ingresos reales ya recuperaron casi todo lo perdido en 2016, la desinflación marca tendencia (el alza del 1,9 por ciento de septiembre no hace un quiebre), y el frente fiscal muestra una leve mejora, después de años y años de un persistente deterioro.
Si bien estas buenas noticias tardaron en llegar más que lo deseado, la alternativa de shock encerraba un riesgo que pocos estaban efectivamente dispuestos a correr. En un contexto de una incipiente acumulación de capital político por parte del Gobierno, con un proceso recesivo en marcha y una delicada situación social, el camino del ajuste drástico podría haber resultado peor que la enfermedad.
Nueva etapa
Ahora bien, el gradualismo debe resignificarse para esta nueva etapa. En su evolución, debe integrar las reformas de fondo que la economía necesita para emprender un proceso de crecimiento sostenible en el tiempo.
En términos simples, el Gobierno necesitará hacer uso de otras herramientas para que la economía no se quede sin combustible a mitad de camino.
Por eso, 2018 será un año fundamental para avanzar en esta agenda, no sólo porque los ojos dejarán de estar puestos en una contienda electoral, sino porque, esencialmente, los mercados globales y los inversores decidirán sus próximas jugadas por el país, una vez que a las intenciones y a las señales les sigan acciones auténticas.
Para quebrar nuestra historia de inestabilidad constante y cortar de raíz el péndulo que nos ha llevado de manera errática de políticas aislacionistas a otras exageradamente aperturistas, el Gobierno deberá atacar conjuntamente problemas estructurales en, al menos, tres frentes: el fiscal, el externo y el monetario.
El déficit fiscal primario cerrará 2017 en un nivel equivalente al cuatro por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que el financiero (incluyendo intereses sobre la deuda) alcanzará el 6,1 por ciento, y recordemos que este año se contó con la ayuda del blanqueo de capitales.
Intensificar los esfuerzos en cerrar esta brecha fiscal es una condición sine qua non para estabilizar la economía, debido a que todas las vías de financiamiento, ya sea emisión de dinero o deuda, tienen tarde o temprano efectos disruptivos que atentan en forma directa contra el crecimiento.
En el proyecto de Presupuesto presentado en el Congreso, el Gobierno ratificó que buscará reducir el déficit primario a 3,2 por ciento del PIB en 2018, delineando un horizonte de consolidación fiscal relativamente gradual, pero que, sin dudas, es un desafío considerable.
Por el lado de los ingresos, la administración nacional resignará recursos por la baja de retenciones a las exportaciones de la soja, la devolución de tres por ciento de la coparticipación a las provincias, y ya no contará con ingresos por el blanqueo.
Por el de las erogaciones, buena parte crecerá bastante por encima de la inflación, como la seguridad social (por las leyes de movilidad y de Reparación Histórica), el gasto social y la obra pública.
De esta manera, el esfuerzo se concentrará en la quita de subsidios y en la disminución real de las transferencias a las provincias, mientras se espera que la reactivación de la economía apuntale los ingresos fiscales.
La otra batalla se dará a través de un paquete de leyes que incluye el proyecto de Responsabilidad Fiscal, que busca congelar en términos reales el gasto primario de Nación y provincias y la reforma tributaria, que incluiría el compromiso de las administraciones del interior de bajar alícuotas de Ingresos Brutos y derogar Sellos, además de reducir algunos impuestos de carácter nacional.
Esta causa se jugará en el ámbito político, donde el Gobierno deberá trabajar arduamente para lograr consensos, sobre todo con gobernadores reacios a sacrificar recursos.
En el frente externo, los desafíos tampoco son menores. El propio crecimiento presionará las cuentas externas, más aún si se tiene en cuenta que Argentina posee un deterioro de la balanza comercial muy considerable, estimado en un “rojo” de 6.800 millones de dólares para este año.
De ahí que la mejora de la competitividad sistémica debe volverse una obsesión, no sólo para el empresariado y para el Gobierno, sino también para la clase trabajadora.
Debe quedar claro que cuando se habla de competitividad, no se está haciendo referencia a los costos salariales, sino a temas tales como regulaciones, productividad, infraestructura y costos logísticos, entre otros.
Por último, la ardua tarea de la desinflación que lleva adelante el Banco Central se verá amenazada por la continuidad en el ajuste de tarifas y por una demanda que ya comienza a pujar en forma significativa. En este contexto, resulta poco probable que la inflación en 2018 pueda descender al 12 por ciento, como lo desea la autoridad monetaria.
2018 será el año más importante para la gestión, debe ser el año de las reformas. En el tablero tendrán que moverse estratégicamente las piezas políticas para que gane la economía. El camino por recorrer es sinuoso y está lleno de obstáculos. Ojalá podamos decir, en algunas pocas décadas, que valió la pena intentarlo.
* Director de Abeceb, exsecretario de Industria, Comercio y Minería de la Nación