El empleo “en negro” y un reino de 460 ciudades

Al cierre de 2007, la Argentina había completado cinco años con crecimiento a tasas chinas (entre ocho y nueve por ciento anual). En ese momento, la tasa de empleo no formal (comúnmente llamada “en negro”) era de 40,5 por ciento en el Gran Córdoba.

Traducido: cuatro de cada 10 personas con trabajo no hacían los aportes para su jubilación y la obra social. Y las empresas que las empleaban tampoco cumplían con las contribuciones de rigor.

Diez años después, el empleo no registrado en el Gran Córdoba marcó 38,8 por ciento, unas líneas de fiebre menos, pero fiebre igual... y demasiado alta.

Incluso, es más que probable que quienes estaban bajo el eclipse laboral en 2007 sigan aún atrapados en ese manto de oscuridad.

En números redondos, el fenómeno atraviesa a más de 175 mil personas en este distrito. Es como si dentro del aglomerado hubiera casi 18 ciudades completas bajo el reino del empleo informal. A nivel nacional, serían unas 460 urbes promedio.

En la primavera de la recupera- ción democrática, el trabajo no formal rondaba el 25 por ciento de los asalariados en el país. Y en las puertas de la hiperinflación, el indicador ya había trepado al famoso tercio estructural.

Durante la década de 1990, la cosa no mejoró. Por el contrario, inició un acelerado ascenso que hizo cumbre en la crisis de 2001/2002, cuando el desempleo era un escándalo y la mitad de quienes trabajaban no hacían sus aportes.

La recuperación que vino después del sacudón devaluatorio morigeró el fenómeno. Pero, tal como ocurre con los sedimentos estructurales, la base había crecido a un nivel que ya no pudo ser perforado.

Lo importante era tener trabajo. ¿Las condiciones? Después veremos. Pero el “veremos” sigue. En el medio, hubo incentivos al blanqueo, con festejadas moratorias que cambiaron la situación sólo de manera efímera.

Una de las más recordadas fue la de 2009, con la pegadiza frase “tudo

bom, tudo legal”, del personaje publicitario don Carlos. El esquema que había armado la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) era muy tentador y tuvo muchas adhesiones, porque hacía borrón y cuenta nueva de las deudas previsionales para las empresas más chicas.

Sin embrago, en el fondo todo siguió igual, simplemente porque atacar la fiebre, se sabe, no es curar la enfermedad.

Buena parte de esto es el bloque sumergido del iceberg que arriba muestra, entre otras cosas, la débil sustentabilidad del sistema previsional, además de cargar más impuestos sobre los mismos contribuyentes.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó el miércoles pasado el “Panorama social de América latina”, en el que analiza la tendencia regional de la pobreza y la situación de las pensiones en la región.

Sobre esto último, destacó la alta tasa de cobertura de seguridad social que tiene la Argentina (moratorias mediante), pero advirtió de que “el elemento más complejo del análisis de los efectos fiscales de la reforma de 2008 es la sostenibilidad financiera”.

Aun con críticas y puntos que siempre serán perfectibles, el paquete oficial de reformas abre una nueva oportunidad.

En el tramo tributario, la propuesta sobre las contribuciones patronales tendría efecto sobre “casi tres millones de trabajadores” que podrían salir de la informalidad hacia 2022, según cálculos del Ieral de la Fundación Mediterránea.

Pero ese instituto pide un criterio federal en la aplicación del piso propuesto para las contribuciones y advierte de que casi 70 por ciento de quienes tienen trabajo no formalizado cobran sueldos que están por debajo del salario mínimo, vital y móvil, que recién en enero llegará a 9.500 pesos.

AUNCONCRÍTICASY PUNTOSQUESIEMPRE SERÁN PERFECTIBLES, EL PAQUETE OFICIAL DE REFORMASABREUNA NUEVAOPORTUNIDAD.