Ya comenzó la carrera contra el reloj.
Para la Argentina, es clave que no existan dudas respecto de que el próximo 15 de septiembre habrá de acceder a un nuevo tramo del crédito del FMI, del orden de los 2.900 millones de dólares. La inflación, aunque en los próximos meses perfore el techo de 32 por ciento interanual, no sería un factor que trabe la operación, distinto al efecto de un desvío serio en lo fiscal o en el nivel de las reservas. Pequeñas diferencias, como parece haber en los activos externos del Banco Central, tampoco deberían impedirlo. A su vez, en el flanco fiscal, hay una visible decisión del Gobierno nacional de sacrificar gasto público para cumplir con las metas, aunque el recorte recaiga sobre la inversión. De ese modo, intenta preservar el sendero de reducción de impuestos nacionales y provinciales acordado en el Pacto de 2017 buscando que el sector privado se encargue de relanzar la economía.
Sin embargo, en el terreno fiscal, hay riesgo de una desaceleración en la marcha de la recaudación tributaria, por el deterioro del nivel de actividad y de la cadena de pagos. Hoy las políticas fiscal y monetaria juegan un rol procíclico, acentuando las tendencias recesivas, y para lograr un punto de inflexión sería clave el acuerdo entre Nación y provincias en función del Presupuesto 2019, al igual que una transición más predecible del giro del Banco Central, desde el control de las tasas de interés al de los agregados monetarios.
El programa con el FMI comenzó en junio, con datos que ya están bajo la lupa de los técnicos del organismo. La inflación de 29,5 por ciento de los últimos 12 meses no mueve el amperímetro y si, de cara a la revisión de septiembre, se perforara el 32 por ciento, habría que explicar las razones del desvío, no más que eso. Para el caso de las reservas netas, de la parte del crédito del FMI que recibió, el Banco Central debería haber preservado 5.500 millones de dólares. Algunos cálculos marcan un faltante de 600 millones, que obligaría a una dispensa desde Washington, pero el programa no corre riesgo con ese gap. También el objetivo de abatir Lebac y restituir liquidez a los activos del Banco Central avanza de acuerdo con lo previsto, de cara a septiembre. Respecto de la cuestión fiscal, el Gobierno nacional informó que las metas del primer semestre fueron sobrecumplidas en 0,2 puntos del PIB. Sin embargo, de aquí en adelante es clave que la recaudación no se resienta demasiado por efecto de la recesión y de la complicación de la cadena de pagos, dado que en ese caso la variable de ajuste sería la obra pública, que ya se viene achicando, con una caída nominal de 19 por ciento en el primer semestre.
Por su parte, las partidas sociales (incluidas jubilaciones) están aumentando a un ritmo nominal del 28,3 por ciento, acentuando el contraste con la devaluación de 2002, cuando todo el gasto público sufrió la licuación. Ahora, con una gama amplia de ítems indexados, se impone el instrumento quirúrgico. Es más complejo el ajuste, pero hay mucha más contención social.
El sobrecumplimiento del primer semestre le permite al Tesoro arrancar la segunda parte del año con un crédito de 25.300 millones de pesos, por lo que podría absorber una desaceleración de 1,5 puntos en la marcha de la recaudación. Pero, un freno más brusco obligaría a recortes mayores que los ya previstos para la obra pública. Sin olvidar que la actualización de tarifas de gas y electricidad de octubre quizá demande subsidios no contemplados. Para armar este rompecabezas, falta ver el resultado de la negociación federal acerca de la distribución del ajuste. La movida del Gobierno nacional, de asumir dos tercios de la tarea, tiene el claro objetivo de evitar que las provincias den marcha atrás con la baja de impuestos acordada en 2017, que para 2019 significaría una merma en la presión tributaria de 0,7 puntos del PIB (Ingresos Brutos y Sellos), de acuerdo con lo estimado por el titular de Ieral, Marcelo Capello.
En esta negociación, las aguas deberían dividirse en forma nítida entre los partidarios del “cuanto peor mejor” y los sostenedores de la gobernabilidad. Pero, si estos triunfan, un resultado rápido ahorraría costos al ajuste.
Mientras tanto, la necesidad de parar la corrida cambiaria ha acelerado el giro del Banco Central hacia un control más riguroso de los agregados monetarios, que ahora se expanden a un ritmo inferior al 25 por ciento interanual, con un set de tasas de interés ahora mucho más volátil. Aquí también conviene una transición rápida, ya que la cadena de pagos se está deteriorando. Por atrás, un nuevo piso (55 por ciento anual) en la tasa de los adelantos en cuenta corriente, factor que también afectará la recaudación impositiva, aunque habría que computar los planes de pago, no sólo la caja. Completar el giro monetario y despejar incógnitas sobre el Presupuesto 2019 es clave para pasar a un escenario que resulte atractivo para la entrada de inversiones. El riesgo país sigue elevado, y está pesando en los mercados la renovación sólo parcial en los vencimientos de Letes. Señales más positivas surgen de la evolución de los depósitos en dólares del sistema y de un freno en la demanda de billetes para atesoramiento. ¿Será que el tipo de cambio está entrando en una zona de equilibrio? Según el índice Big Mac, ese valor, en las actuales condiciones, es de 30 pesos por dólar.
(*) En memoria de Carlos Sánchez, querido profesor y notable economista