El futuro de la economía, atado a tres determinantes
La campaña electoral sigue tras las Paso de este domingo 11, pero cabe esperar que los lineamientos de política económica por aplicar a partir del 10 de diciembre adquieran mayor nitidez de parte de las fuerzas en pugna. El éxito o el fracaso de una gestión dependen del contexto regional y global en el que le toque operar, de las condiciones de la economía local al momento de asumir y, en especial, del tipo de políticas que se aplicarán.
En este tercer factor, es clave la consistencia entre objetivos e instrumentos, pero, sobre todo, que se dé respuesta a los principales problemas de la etapa y se generen incentivos para la inversión y para el empleo.
A priori, el mundo no le promete demasiado a la próxima gestión, a juzgar por la creciente pulseada entre Estados Unidos y China, ahora con foco en la cuestión cambiaria. Sin embargo, no puede desecharse la posibilidad de algún tipo de acuerdo entre ambas potencias en el futuro.
El conflicto está afectando la dinámica de la inversión a nivel global y a fin de 2020 habrá comicios presidenciales en Estados Unidos. Para lograr su reelección, Trump necesita que la economía no se frene.
En caso de que la puja se encauce, cobrarán mayor nitidez otros aspectos del contexto global y regional que son positivos para la Argentina.
Por un lado, la tasa de interés de corto plazo de la Reserva Federal, que comenzó a ser recortada en julio, podría terminar el año por debajo del dos por ciento y acercarse a 1,5 por ciento en 2020. Esta variable, que ahora podría favorecer el flujo de capitales hacia emergentes, jugó en contra desde 2015 por el movimiento alcista (de 0,3 a 2,5 por ciento).
Otro elemento para destacar es la trayectoria de Brasil. El principal socio del Mercosur tuvo crecimiento cero en el lapso 2015/2019, pero a partir de 2020 podría converger a una velocidad crucero de 2,5 por ciento anual, con impacto significativo sobre la Argentina.
Comparada con 2015, la economía de nuestro país ha avanzado en temas complejos, como la fuerte reducción del déficit fiscal y la corrección de tarifas de servicios públicos, aunque en ambos ítems hay tareas pendientes.
En el lado del debe está la inflación, que podría cerrar el 2019 en 40 por ciento anual, aunque la actualización de las tarifas ya efectuada y un valor del tipo de cambio que ahora podría estar cerca del equilibrio facilitarán las cosas para 2020, en caso de que el gobierno que asuma se decida a aplicar un plan de estabilización.
Hay que tener en cuenta que en 2015 había “inflación reprimida” de 35 a 40 puntos/año, debido al atraso en el precio del dólar (diferencia entre el mercado oficial y el paralelo) y en la factura
que pagaban los usuarios del transporte y de los servicios públicos. Eso se potenció por la brutal emisión monetaria que debió hacer el Banco Central a principios de 2016 para cumplir con los contratos de dólar futuro, ya que la anterior gestión había hecho ventas por 16 mil millones de dólares.
La deuda pública se ha incrementado en forma significativa, hasta ubicarse algo por encima de 50 por ciento del producto interno bruto (PIB), computando acreedores privados y organismos internacionales, pero este guarismo está en el promedio de los países emergentes.
A su vez, el perfil de vencimientos (en 2020 se necesitarían 17 mil millones de rollover) también es manejable. Y los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pueden ser diluidos en el tiempo si se cambia el tipo de acuerdo crediticio.
El stock de Leliq superará los siete puntos del PIB a fin de año (un alza de más de dos puntos respecto del cierre de 2018). Sin embargo, no hace falta una nueva devaluación para licuar esa deuda. Si mejoran las expectativas económicas, habrá un repunte en la demanda de préstamos por parte de empresas y familias, pero los bancos no necesitarán salir a captar más depósitos, ya que, como ocurrió con las Lebac en 2003/2004, le venderán Leliq al Central y derivarán los pesos obtenidos a esos nuevos créditos.
Esto sería factible sin desestabilizar la macro, porque en ese escenario estaría aumentando lo que se llama la “demanda de dinero”.
Un plan de estabilización para 2020 contaría con ventajas, ya que no hay exceso de pesos como en 2015. Hoy por hoy, la base monetaria equivale a 6,4 puntos del PIB y en condiciones normales podría ir hasta nueve puntos.
Por lo tanto, en función de lo que puede esperarse del contexto externo y teniendo en cuenta las condiciones de arranque para la próxima gestión presidencial, lo que inclinará la balanza para el éxito o el fracaso será el tipo de objetivos a los que se asigne prioridad, así como la consistencia de los instrumentos elegidos.
El cuadro de situación es el de un país con alta inflación, pero con condiciones inéditas para empezar a bajarla; un riesgo país elevado, pero con fundamentos que permitirían recortarlo a la mitad, y una agenda pendiente a favor de la competitividad, como forma de aprovechar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Para bajar la inflación, sin seguir apelando a elevadísimas tasas de interés, se necesita desindexar la economía, al estilo de lo que ocurrió con el plan Austral o con el plan Real, de Brasil.
Pero ojo: ese mecanismo no es un sustituto de la austeridad fiscal, que deberá ser sostenida en el tiempo para lograr una baja sustancial del riesgo país. Esto es clave para aspirar a un salto positivo en la inversión privada, que ahora puede encontrar diversidad de oportunidades tras el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Los países vecinos también estarán tratando de capturar esos proyectos, por lo que habrá que ofrecer mejores condiciones para la producción. Y esto cuestiona de lleno a los impuestos distorsivos y a la excesiva centralización de los convenios laborales que subsiste en nuestro país.
EL ÉXITO O EL FRACASO DE UNA GESTIÓN DEPENDEN DEL CONTEXTO EXTERNO, DE LA ECONOMÍA LOCAL Y DEL TIPO DE POLÍTICAS QUE SE APLICARÁN.
EL CUADRO DE SITUACIÓN ES EL DE UN PAÍS CON ALTA INFLACIÓN, PERO CON CONDICIONES INÉDITAS PARA EMPEZAR A BAJARLA.