2022: ¿habrá alquimia para corregir y crecer?
No es causal que los economistas argentinos revisiten el pasado para intentar proyectar el futuro. Lo hacen porque nuestra historia económica es un curioso rulo de repeticiones de tragedias y farsas.
A la pigmentación electoral de 2021 se la compara ahora con la de 2013 y con la incubación de las distorsiones que provocan, por ejemplo, anestesiar el tipo de cambio, atrasar tarifas de servicios públicos o insistir en una esgrima de escarbadientes para atenuar la inflación.
Todavía quedan 194 días para que termine el año, pero nadie espera demasiadas sorpresas en lo económico (salvo una disrupción que se cuele por la vía sanitaria), y la mayoría ya empieza a olfatear qué puede pasar en 2022.
La comparación con 2013 no es caprichosa: además del link electoral, todo lo que la economía subió ese año lo perdió en 2014, cuando fue el turno del trabajo “sucio” para enderezar –en forma parcial– los precios relativos. ¿Pasará lo mismo el año que viene?
Con diferencia de horas, la pregunta sobrevoló entre los economistas de la Bolsa de Comercio de Córdoba y de la Fundación Mediterránea durante la semana que cerró.
En 2014, las maniobras de ajuste provocaron una recesión. Ya se sabe que desde hace décadas la Argentina necesita las dos cosas: corregir y crevos cer. La alquimia de un acuerdo político para superar esa disyuntiva no aparece en el horizonte. De allí la incertidumbre perenne.
Jorge Vasconcelos, del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), tiró varias puntas. Una de ellas: después del rebote de 2021, la economía debería crecer, en promedio, al 3,8 por ciento anual en los próximos años para volver a tener la misma producción de bienes y servicios de 2018 e igualar el tiempo que demandó la recuperación de la crisis de 2001/2002 (fueron seis años y medio). Repito: 3,8 por ciento anual. Luce exigente.
Para los técnicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), recién a mediados de 2025 la Argentina recuperaría el nivel del producto interno bruto (PIB) por habitante previo a la pandemia. Y los organismos multilaterales calculan que el país crecería el año que viene entre 2,5 y 2,7 por ciento.
Sería, entonces, un proceso lento de salida, que seguirá desafiando la capacidad de resistir. Un ejemplo cercano es el Banco de Córdoba como músculo financiero de la Provincia para destapar las arterias de la dinámica económica local.
Con un margen casi inexistente entre tasas activas y pasivas, la intensidad del rol activo para mover la rueda del consumo y la asistencia en las líneas crediticias “pandémicas” ha estresado sus indicadores de rentabilidad.
En rigor, el deterioro cunde en todo el sistema bancario, pero las entidades públicas regionales lo sufren más y no hay costos gratuitos. Las miradas van hacia el Banco Central.
En ese escenario, Vasconcelos advierte que desde noviembre, el stock de Leliq y pases –herramientas que se usan para regular el dinero que se pone en circulación– sube al 6,4 por ciento mensual, muy por encima de lo que evoluciona el crédito al sector privado. “En junio, por cada peso en Leliq y pases hay apenas 79 centaen créditos”, alertó.
Aun cuando es voluntario, la decisión de habilitar a los bancos para que integren parte de los encajes con bonos del Tesoro en lugar de Leliq hizo florecer suspicacias allí donde no las había. Curiosidades de una gestión que nunca termina de unificar su mensaje.
Pero algunas señales discursivas hubo en los últimos días. La elección de las nuevas autoridades en la Unión Industrial Argentina (UIA) atragantó a muchos oficialistas, y el perfil que asumió el nuevo titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, no cayó simpático en los interlocutores más cercanos, como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
En esa sintonía también ecualizó Martín Guzmán (Economía), quien además dejó una definición contundente a parte del círculo rojo empresarial: no están pensando en bajar impuestos ni gasto público.
Con horas de diferencia, en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef), el economista Ricardo Arriazu señaló que la presión tributaria consolidada es del 42 por ciento del PIB, pero ese cálculo no contempla el impuesto inflacionario ni a quienes no tributan. “Por lo cual, la tasa para quien realmente cumple es del 60 por ciento del PIB”, dijo. Una vez más, el interrogante es hasta dónde llega la capacidad de tolerancia.