Una dosis de audacia
Uno de los principales objetivos de la política económica instalado a fines de 2020 era recuperar el poder adquisitivo del salario. Esta premisa estaba contenida en el Presupuesto 2021, que contemplaba una proyección de inflación del 29 por ciento para todo el año y en las señales del Gobierno que propiciaban aumentos salariales en torno al 32 por ciento, para alcanzar un crecimiento del salario real alrededor del cuatro por ciento.
La intención se explicaba por el devenir de los ingresos del factor trabajo en los cinco años anteriores. Entre 2015 y 2019 se habían reducido más del 15 por ciento en términos reales y durante 2020 los efectos económicos de las restricciones impuestas por la pandemia impidieron la recuperación.
En los primeros meses del año, pareció que ese objetivo tenía posibilidades de cumplirse, cuando las paritarias iniciales acordaron aumentos entre 29 y 35 por ciento (bancarios, docentes, energía, mecánicos, entre otros).
Por otra parte, si bien la inflación venía manifestando algunas señales de acelerarse a fines de 2020, durante todo ese año se había logrado un nivel significativamente más bajo que el año anterior: 36,2 por ciento contra 53,8 por ciento.
Sin embargo, a poco de andar y junto con la recuperación de la economía (más precisamente al rebote desde la significativa caída del período anterior), la suba de precios comenzó a aumentar el ritmo.
Lo hizo de la mano de un contexto internacional en el que la cotización de las materias primas se elevó sustancialmente, lo que impulsó el costo de los alimentos en todo el mundo. A ello se sumó, internamente, la acelerada recomposición de márgenes de rentabilidad de los sectores formadores de precios que, en la mayoría de los casos, coinciden con los productores de alimentos.
A partir de allí, los sucesivos acuerdos paritarios comenzaron a reflejar que la inflación no sólo no daba señales de aminorar, sino que se mantenía en niveles sumamente elevados (promediando el cuatro por ciento mensual). Así, el Gobierno convalidó de hecho el abandono de la meta inflacionaria a través de incrementos salariales en el sector público superiores al 40 por ciento (Congreso, Pami, Anses).
Ahora bien, existen algunas cuestiones que deben tenerse en cuenta cuando analizamos la relación entre los ingresos del sector trabajo y los precios en una economía como la nuestra.
Por un lado, los incrementos nominales que surgen de los acuerdos muchas veces no reflejan exactamente su incidencia efectiva. Por lo general, su aplicación se extiende en el tiempo y se terminan efectivamente entre cuatro a seis meses más tarde, cuando en este contexto de alta inflación ya han perdido su incidencia real.
De ahí la inclusión de cláusulas de revisión y reapertura en casi todos los acuerdos, que están comenzando a hacerse efectivas en algunos de ellos.
Por otro lado, no toda la fuerza laboral del país se encuentra amparada bajo este sistema de convenios colectivos. De hecho, la precarización del trabajo fue uno de los efectos principales de la pandemia en el campo económico.
Si bien a medida que la actividad fue mejorando se observó una recuperación de la tasa de empleo, debemos hacer notar que no fue del mismo tenor para hombres que para mujeres, y algo similar se dio en la tasa de actividad y en el desempleo.
Recomponer ingresos
Las mujeres fueron las más afectadas principalmente por dos motivos. En primer lugar, las ramas del empleo que sufrieron más incidencia de las restricciones fueron aquellas con mayor participación femenina (servicio doméstico, servicios sociales, hoteles y restaurantes), sectores que no sólo se vieron afectados directamente por menor o nula tasa de actividad, sino también porque son los que tienen menor posibilidad de realizarse de manera remota.
Y en segundo lugar, el aumento del tiempo dedicado al apoyo escolar, las tareas domésticas y de cuidado perjudicó particularmente a las mujeres. Eso las obligó a utilizar más horas a esas tareas y reducir las horas laborales, o directamente no retornar a sus trabajos.
Las políticas sociales (AUH, Tarjeta Alimentar, IFE) fueron en auxilio de estos colectivos y la ayuda a las empresas para el pago de salarios (ATP) permitió que los empleados formales mantuvieran medianamente los ingresos.
Pero el Presupuesto 2021 suponía un contexto de pospandemia y esos subsidios debieron reformularse este año.
El interrogante que se presenta es: si los ingresos no se recuperan en un escenario de alta inflación, ¿cómo superar el estancamiento del consumo e impedir que la incipiente recuperación de la actividad económica se vea obstaculizada por la falta de demanda?
En el primer semestre del año, la política económica se distingue por la desaceleración del ritmo devaluatorio y la moderación en la expansión de la base monetaria.
La estabilidad cambiaria se vio respaldada por dos elementos adicionales. Primero, por el menor peso de los vencimientos de deuda tras la reestructuración con el sector privado y la ampliación de los derechos especiales de giro (DEG) asignados a los países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Segundo, las intervenciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en los denominados “contado con liqui” y el “dólar bolsa” permitieron mantener estable la brecha cambiaria, pero impidieron un mayor crecimiento de las reservas internacionales.
Este es el marco en el que se inscriben las tensiones cambiarias que comenzaron a emerger en las últimas semanas.
Mientras tanto, la política fiscal se centró en mantener las cuentas públicas suficientemente acotadas en la búsqueda de los equilibrios macroeconómicos como resolución a la problemática de los precios.
Los únicos componentes que muestran una expansión del gasto primario son los subsidios económicos, en el marco del congelamiento de tarifas y los gastos de capital.
En suma, en un escenario en el que la recaudación trepó de manera considerable y la carga de vencimientos de la deuda se redujo por efecto de la reestructuración, la moderación de la política fiscal se orienta a equilibrar las cuentas públicas después del aumento del déficit que tuvo lugar el año anterior.
La contención del gasto público tuvo su correlato en lo que concierne a la reducción de la base monetaria; sumada a la política contractiva del BCRA para absorber las emisiones realizadas el año pasado para auxiliar al Tesoro en la etapa más restrictiva de la pandemia.
Sin dejar de considerar las dificultades derivadas del contexto y de la particular situación anterior a 2020 (Argentina fue el único país latinoamericano que recibió la pandemia en el marco de una crisis económica preexistente), la política económica debería permitirse la dosis de audacia que la situación amerita.
Además de asumir su necesario papel como vehículo de la recuperación económica para superar el estancamiento de la última década.