El fin de una era
El truco no era nuevo, pero Néstor Kirchner y luego Cristina le dieron una dimensión nunca vista en la política nacional: amordazar a la prensa mediante el reparto discrecional de la publicidad oficial. Cuando el kirchnerismo llegó al poder en el 2003, el escenario de quebranto generalizado de la actividad privada le dio la pícara y nefasta idea al matrimonio presidencial de que el dinero de la pauta gubernamental podía funcionar como el gran disciplinador de los medios, premiando a los amigos y asfixiando financieramente a los críticos. Así se instaló la perjudicial grieta conceptual que partió de modo falaz el ejercicio del periodismo durante más de una década: eran los periodistas “militantes” versus los “destituyentes”. Una gran mentira, que funcionó, fortaleciendo el relato K, ideado para gobernar a contrapelo de la pura realidad.
Esta semana, otro gobierno anunció la reglamentación de la primera norma para prevenir la manipulación ilegal e inmoral de fondos públicos en contra de la libertad de expresión y del derecho a la información en democracia.
Desde el principio de la era K, NOTICIAS denunció aquel mecanismo perverso, que tuvo su primer tratamiento en una tapa de octubre de 2003 titulada “El Apriete”. Eran los tiempos de la seducción oficial a la revista, cuando el gobierno mandaba emisarios para ofrecerle a sus directivos -incluso al dueño y presidente, Jorge Fontevecchia- la partida presupuestaria correspondiente a la publicidad oficial a cambio de la capitulación de su línea editorial crítica, la que siempre mantuvo con todos los gobiernos de turno. La automática negativa de NOTICIAS y del resto de los medios de la editorial descolocaron y enfurecieron a los operadores oficiales, que ya habían tenido éxito con muchos, acaso demasiados, medios del país. Y vinieron las represalias. En 2005, el entonces secretario de Medios Enrique Albistur intentó la vía más dura, pidiendo el encarcelamiento de Fontevecchia y de otros periodistas de la editorial que informaban sobre los abusos del gobierno en la distribución de la pauta, entre otras maniobras para apretar a la prensa no alineada. La intervención del periodista Horacio Verbitsky, en medio de la indignación general de la opinión pública, persuadió a Kirchner de que convenía ordenarle a Albistur que reti- rara el dictatorial juicio. La temperatura del caso había subido tanto que llamó la atención internacional. Y en marzo de 2005 visitó NOTICIAS una comisión especial de la Sociedad Interamericana de Prensa que, tras una reunión patética con el entonces jefe de Gabinete kirchnerista Alberto Fernández, diagnosticó un estado de deterioro alarmante de la libertad de expresión en la Argentina, y le sugirió a esta editorial que le inicie un juicio al Estado por ese reclamo. Era un desafío inédito en la historia de la prensa local, con pronósticos muy inciertos de éxito y excesivo riesgo, casi certeza, de multiplicación de represalias de todo tipo, que podrían costar muy caro. Pero había que dar ese paso, para intentar cambiar las cosas. El apoyo de colegas que se animaron a acompañar el anuncio del reclamo judicial, sumado al apoyo de los lectores que incluso aportaron a un fideicomiso simbólico, permitieron sostener la postura hasta que finalmente la Justicia le diera la razón a NOTICIAS y ordenara al Estado la adopción de criterios equitativos y transparentes para distribuir publicidad oficial. Cristina Kirchner y su Gabinete desoyeron el fallo de la Corte Suprema durante años, hasta que acataron de muy mala gana, formalmente, casi en rebeldía.
Ahora el Gobierno recoge ese reclamo histórico, con un decreto que reconoce en nombre del Estado la “arbitraria utilización de la pauta en virtud de las opiniones vertidas” ocurrida en la última década. La resolución que regula la pauta oficial impone informes bianuales de inversión y destinatarios para transparentar el sistema (deberían ser más frecuentes). También excluye la propaganda partidaria de los avisos estatales, que deberían ser de interés público. Y la incitación a la violencia y/o los escraches de actores marcados como enemigos del poder de turno. Se suma a la normativa una lista de criterios de razonabilidad para ponderar la asignación lógica de recursos provenientes de la publicidad oficial a cada medio de comunicación relevante y genuino del país.
Todo un cambio que, para que marque un hito histórico, deberá pasar la prueba de su implementación concreta y sustentable en el tiempo, más allá de las coyunturas políticas. Recién entonces, NOTICIAS podrá considerar que esa misión estará cumplida.