TRANSPARENCIA JUDICIAL

Las políticas de transparencia están relacionadas con la gestión de la información y el acceso ciudadano al conocimiento sobre la acción del Estado. En este sentido, al Poder Judicial le falta un largo camino por recorrer.

En primer lugar, en los mecanismos de selección y remoción de jueces/zas, donde la falta de políticas de participación ciudadana sumado al bajo nivel de la cantidad y calidad de información disponible permite que se conviertan en factores de presión y arbitrariedad entre los poderes políticos y el Poder Judicial.

Segundo, respecto de la información disponible sobre los/as funcionarios/as, donde la dificultad de acceso a sus antecedentes profesionales dificulta el control de incompatibilidades en la función pública, y la deficiente información en sus declaraciones juradas obstaculiza la detección de potenciales irregularidades. Tercero, respecto de la propia actividad de los/ as jueces/zas, donde existe una brecha entre el accionar de los/as magistrados/as y la posibilidad de participación ciudadana en causas de sensibilidad pública (causas de corrupción, causas contra el Estado por derechos fundamentales). Asimismo, la falta de información estadística actualizada sobre el Poder Judicial –la información publicada más reciente data de 2013– imposibilita la evaluación de cuestiones básicas en términos de políticas públicas.

Finalmente, en el acceso a los cargos públicos, en los que aún no se aplica la Ley Nº 26.861 de Ingreso Democrático, teniendo los/as jueces/zas amplias facultades discrecionales para nombrar personal, lo cual posibilita el nepotismo.