Dueño, juez y parte:
La obscenidad de ser dueño, juez y parte. Cada día, un nuevo conflicto de interés entre el Presidente, sus funcionarios y los negocios de su pasado y su presente.
el escándalo por la deuda del Correo Argentino es el último de una serie interminable de conflictos de intereses entre la familia Macri y el Estado. El lobby por la aerolínea Avianca y las incompatibilidades de los funcionarios.
La ley está totalmente de mi lado”, dijo el Presidente sobre las acusaciones de conflictos de intereses entre su gobierno y su grupo empresarial. “¡Sólo los medios retorcidos han hecho de esto un gran problema!”, agregó el jefe de Estado, pero no era Mauricio Macri sino Donald Trump. El norteamericano llegó al poder sin carrera política previa tras desplegar durante su vida un imperio inmobiliario. El argentino, en cambio, es el hijo del constructor de uno de los principales grupos económicos del país en los 80 y 90 que en la actualidad ha quedado relegado al puesto 792 en el ranking de las grandes empresas que elabora la revista Mercado. De todos modos, los presuntos conflictos acechan las decisiones gubernamentales que se entretejen con los negocios de Socma, la sociedad que Franco Macri cedió en 2008 a sus cinco hijos (Mauricio, la fallecida Sandra, Gianfranco, Mariano y Florencia) y cuyo 20% el presidente argentino entregó a su vez a sus tres descendientes mayores (Agustina, Gimena y Francisco).
Y no sólo es el caso de Macri. Cuando en septiembre pasado la Oficina Anticorrupción, que dirige Laura Alonso, sugirió que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, vendiera sus acciones en la empresa que había dirigido en la Argentina, Shell, también reconoció que estaba analizando otros 35 casos de funcionarios con presuntos conflictos de interés o incompatibilidades por su pasado o presente vinculados a negocios privados.
Resulta obsceno que una misma persona sea dueña, juez y parte. Se convierte así en habitual que cada día surja una nueva polémica en este Gobierno liderado por un empresario y compuesto por numerosos ex ejecutivos y accionistas de grandes compañías.
El mandamás de la Casa Rosada y su tambaleante ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, fueron imputados por el fiscal federal Juan Pedro Zoni, de la agrupación K Justicia Legítima, el pasado 14 de febrero por presunto perjuicio patrimoninal millonario por el acuerdo de pago de la deuda del Correo Argentino SA, ex concesionaria macrista del servicio postal oficial, con el Estado. Ocurrió después de que la fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, que no pertenece a Justicia Legítima, calificara de “abusivo” el convenio firmado en junio pasado porque, según ella, implicaba la condonación del 98,8% del pasivo en concurso preventivo desde la crisis de 2001.
Otras causas judiciales que vinculan al Gobierno y al grupo Macri se abrirán en los próximos días. En marzo pasado, Sideco Americana, el holding de Socma, vendió Macri Airlines (Macair) a la colombiana Avianca, propiedad de un empresario nacido en Bolivia y nacionalizado brasileño, Germán Efromovich. Dos meses después este hombre de negocios visitó en la Quinta de Olivos a Macri, que en la campaña electoral prometió mantener Aerolíneas Argentinas en el Estado pero nunca ocultó su intención de exponerla a nuevos competidores. Efromovich le pidió que convocara a audiencia pública para la concesión de rutas regulares, dado que Macair sólo se dedicaba a vuelos privados y chárters. En octubre se formalizó la transferencia de la aerolínea de los Macri a Avianca y al mes siguiente la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) llamó a la audiencia para el 27 de diciembre. La ANAC está presidida por Juan Pedro Irigoin, un ingeniero recién llegado a la gestión pública, con experiencia en las industrias de la salud y los alimentos y hermano de Jorge Irigoin, el actual presidente del Correo estatal que antes había dirigido el servicio postal de los Macri entre 1997, año del inicio de la concesión otorgada por el gobierno de Carlos Menem, y 2001. Este 13 de febrero, Juan Pedro Irigoin firmó los dictámenes por los que recomendó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que apruebe sin restricciones todas las rutas que pidió Avianca, mientras que rechaza o pone condiciones a las solicitadas por las otras cuatro compañías peticionantes, Andes, Alas del Sur, American Jet y la nueva FlyBondi.
ALONSO. Las sospechas de conflictos de intereses e incompatibilidades en el Gobierno de Macri obligaron a la jefa de la Oficina Anticorrupción a investigar. Desde septiembre sólo emitió recomendaciones sobre cinco de los 35 funcionarios en la mira. Quedan 30 en lista de espera. Dos de ellos, del equipo de Aranguren, fueron denunciados en noviembre
por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública: el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, y su subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik, exejecutivos de petroleras de los Bulgheroni, PAE y Axion, respectivamente. “Tenemos una visión distinta respecto de nuestra diputada Elisa Carrió y así lo ha explicado Aranguren. Tenemos una enorme tranquilidad de que tenemos el plantel más idóneo, capacitado, con vocación y transparencia para hacer una gran gestión pública”, respondió entonces el jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando estos cronistas le preguntaron sobre Sureda y Popik. AVIANCA. El director de Aerolíneas en representación de los trabajadores y congresal de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), el abogado Rodolfo Casali, planteó en la audiencia pública de diciembre que el Estado debe rechazar la petición de rutas de Avianca porque un artículo del Código Aeronáutico establece que las operadoras de cabotaje deben ser empresas con mayoría accionaria en poder de argentinos. Casali rechaza el decreto de Menem que modificó ese artículo del código para permitir el ingreso de Iberia en Aerolíneas y que después le sirvió a la administración de Néstor Kirchner para autorizar la entrada de LAN. Pero el ministerio de Dietrich defiende el decreto como “derecho vigente” respaldado por el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial. Pero Casali planteará en la UPSA y en el comité ejecutivo que administra la participación obrera en Aerolíneas la posibilidad de iniciar una demanda judicial por esta supuesta ilegalidad y también para anular toda la audiencia dado que, según su opinión, la ANAC cometió “cagadas de forma y de fondo en los procesos administrativos de su convocatoria”.
Casali también enfrentó en su momento al kirchnerismo. “Mariano Recalde (ex presidente K de Aerolíneas) no me dejó asumir como director de Aerolíneas. Este Gobierno me dejó, pero lo critico. Uno puede sospechar que hay tráfico de influencias porque el grupo Macri vendió Macair, Avianca
le pagó por ella lo que no valía, pero comenzó a valer porque Macri llegó al Gobierno”, comenta Casali.
El CEO de Socma, Leonardo Maffioli, reconoce a NOTICIAS que durante el kirchnerismo había intentado sin éxito la venta de Macair: “La quisimos vender hace tres o cuatro años y no pudimos. Porque no me la compraba nadie, porque nadie invertía en el país”. Maffioli considera que el valor de su antigua aerolínea radica en que “tiene aviones, tiene permisos conseguidos desde muchos años, hangar en Aeroparque”. Es la única de las cinco empresas participantes en la audiencia que tiene hangar en este aeropuerto, lo que le implica una ventaja en términos de costos.
“Ahora en la audiencia pública la única favorecida en todo es Avianca”, comenta Casali. La empresa colombiana, que a su vez está controlada por la sociedad brasileña Synergy Aerospace, es la única de las cinco compañías que recibió la aprobación de la ANAC para todas las rutas solicitadas y con la posibilidad de eliminar escalas en todas ellas. Por ejemplo, Avianca pidió autorización para volar Buenos Aires-Puerto Madryn-Comodoro Rivadavia, pero podrá saltearse paradas, a diferencia de Alas del Sur, Andes o American Jet.
Analistas del sector aéreo que criticaron en la audiencia el ingreso de competidores de Aerolíneas consideran que una ruta así solicitada en realidad equivale a tres, porque la firma podrá volar Buenos Aires-Ma- dryn, de la capital directo a Comodoro y entre ambas ciudades chubutenses. Teniendo en cuenta que cada ruta puede subdividirse, estos analistas calcularon que Avianca consiguió el 100% de las 26 rutas pedidas. En cambio, el total de las cinco de las empresas sólo logró la autorización sin restricciones para el 36,2% de las 458 rutas solicitadas y la aprobación con limitaciones (es decir, no pueden eliminar escalas) para el 36,6% de
los pedidos. “Si no podés eliminar escalas, ¿quién va a tomar un avión que es un lechero? Además subir y bajar tanto te hace gastar mucho combustible”, razona Casali.
Los sindicatos opinaron en la audiencia contra el ingreso de com- petidores de Aerolíneas porque temen que la compañía estatal pierda mercado en un contexto en que el Gobierno mantiene sin cambios la tarifa mínima desde 2015, pese a la inflación, lo que posibilita el negocio de las low-cost. Pero el jefe de Socma niega que Avianca suponga un peligro para Aerolíneas: “Lo importante de Avianca es que logra entrar a complementar Aerolíneas sin competir. Por eso trae aviones chicos. Para Avianca el negocio es mucho más grande sin jorobar a Aerolíneas”. En
mayo pasado, Efromovich dijo a los periodistas que su empresa no iba a volar donde ya lo hacía la firma de bandera. Pero los analistas que criticaron en la audiencia la apertura sectorial que impulsa Macri advierten que las rutas de cabotaje aprobadas sin restricciones a Avianca y FlyBondi se superponen con las que representan el 87% de la cantidad de pasajeros transportados por Aerolíneas en 2016.
Avianca tiene cuatro domicilios en la ciudad de Buenos Aires. En tres de ellos es vecino de oficinas del grupo Macri. En el otro funciona el estudio jurídico de Elías Jassan, ex ministro de Justicia de Menem y actual director de la filial argentina de la empresa, llamada Avian Líneas Aéreas. El directorio se completa con su presidente, Sergio Pastropietro, y su vicepresidente, Carlos Colunga, que antes se desempeñaba como empleado de los Macri al frente de Macair. Colunga fue quien hizo de celestino entre Karina Jelinek y Leonardo Fariña en un vuelo privado. También fue quien declaró a el diario Perfil tras el despido de Isela Costantini en Aerolíneas, en diciembre pasado: “La gestión de Isela fue pésima, al menos para el erario público; si te defienden los gremios, es porque algo mal hiciste”. Ella se alejó días antes de la audiencia en la que quería manifestarse contra la concesión de rutas a sus futuros competidores.
CORREO. Pero el caso Macair no ha despertado por ahora más que una denuncia de los diputados kirchneristas Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade. En cambio, el del Correo obligó al Presidente a dar una conferencia de prensa este 16 de febrero para ex- plicarlo. Aunque él sostuvo que será la Justicia la que decida, se trata de un caso Macri vs. Macri. El Ejecutivo que él encabeza debe defender los intereses del Estado por la deuda concursada del correo cuyos accionistas son sus tres hijos, sus tres hermanos vivos y sus sobrinos hijos de Sandra Macri. Esta causa está en el fuero nacional en lo comercial. Pero el Estado también enfrenta cuatro denuncias del grupo Macri en el foro contencioso administrativo.
La primera demanda ocurrió en 2001, al presentarse en concurso el correo de su propiedad, por presuntos incumplimientos contractuales del Estado en cuanto a la exclusividad en la impresión de estampillas y la distribución de sus cartas. La segunda data de 2003, cuando Kirchner le retira la concesión del servicio postal porque había dejado de pagar desde 2000 el canon anual de 102 millones de pesos de los tiempos de la convertibilidad. En el debate para jefe de Gobierno porteño en 2003, la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le reclamó la deuda de los Macri al Estado: "Son 260 millones (de pesos) que servirían para trasladar la Villa 31 dos veces". En realidad eran 296 millones en 2001.
La tercera denuncia es de 2004, cuando Kirchner decreta que todos los activos de Correo Argentino SA sean transferidos al estatal Correo
Oficial. La cuarta se inició 15 días antes del acuerdo cuestionado entre el Gobierno de Macri y el grupo Macri y consiste en un reclamo por todo lo que el Estado presuntamente le debe. El abogado del correo macrista en concurso, Javier Kleidermacher, explica que esa demanda se inició porque en 2009 el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se negó a compensar acreencias y deudas para resolver todos los juicios y entonces su cliente primero inició recursos administrativos ante el Ministerio de Planificación, que dirigía Julio De Vido, en 2010 y 2013, y finalmente apeló a la Justicia en junio pasado.
La fiscal Boquin consideró que esa última demanda fue de "mala fe" porque le exigía al Estado que le pagara en cuotas con una tasa de interés del 11% en los primeros años y después ajustada a la que cobra el Banco Nación. En cambio, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, había aceptado casi al mismo tiempo una tasa del 7% para el pasivo de los Macri con el sector público. La fiscal se guió por los cálculos de la deuda que encargó a la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuraduría General de la Nación, que encabeza Alejandra Gils Carbó, de Justicia Legítima. Pero fuentes judiciales niegan una amistad con su jefa, cuya destitución pide Cambiemos. Alegan que la DAFI es el mismo organismo que calculó indemnizaciones en casos como las tragedias de Once y Cromañón, y que la fiscal se basó en los fallos de la Corte Suprema en los concursos de Sociedad Comercial del Plata y Arcangel Maggio. Kleidermacher, abogado de los Macri, alega que la diferencia radica en que esas dos empresas se comprometían a pagar menos del 100% del capital, en mayor plazo y seguían en actividad, con la posibilidad de generar recursos para abonar lo adeudado.
Pero en el Ministerio Público Fiscal opinan que si el Correo Argentino quebrara, se activarían más intereses y podría afrontar la deuda con los activos de sus juicios contra el Estado en el fuero contencioso administrativo. Además prevén que la quiebra podría extenderse a su controlante, Sideco, con negocios en energía, minería, tratamiento de residuos y los autos Chery, entre otros. Consideran que podrían iniciarse acciones contra los administradores de la empresa quebrada por la deuda y por supuesto vaciamiento. Pero ahora Macri prometió volver el caso a foja cero.