Gobierno offshore
Una sociedad offshore o una cuenta bancaria exteriorizada en un paraíso fiscal no implican necesariamente la comisión de un delito, siempre y cuando se encuentren debidamente declaradas ante las autoridades impositivas del país de residencia real de los propietarios. Sin embargo, este tipo de operaciones suele generar suspicacias en la opinión pública debido a la creciente utilización ilícita de este circuito financiero globalizado para evadir impuestos y, aún peor, para lavar dinero proveniente de la corrupción institucional y del crimen organizado más violento, incluyendo la financiación del terrorismo.
En la Argentina, la sospecha que surge cuando algún funcionario macrista aparece escrachado en alguna offshore, es el peligro de que haya “conflicto de intereses”, ese eufemismo que se puso de moda en la nueva gestión. Primero fueron los Panamá Papers, aquel tsunami informativo digital que destapó miles de cuentas ocultas de políticos y celebridades internacio- nales, incluída la desconocida presencia de un tal Mauricio Macri en directorios de compañías que no figuraban en su declaración jurada oficial. Ahora le toca el turno a dos de sus más influyentes ministros, salpicados por la ola de los Paradise Papers, otro escándalo de la era del ciberperiodismo. Se trata de Luis Caputo y de Juan José Aranguren, cuyos pasados corporativos en los rubros de Finanzas y de Energía respectivamente dejaron huellas en sus patrimonios vinculados a sociedades en paraísos fiscales.
Acaso no se trate de delitos, pero teniendo en cuenta que todos ellos son altísimos funcionarios de un gobierno que tiene la transparencia como pilar de su relato, corresponde hacer lo más sensato en estos casos: dejar que la Justicia y la prensa investiguen (en tiempo real, no una década tarde) si todo es legal y ético.