La hora de los empresarios
Hace menos de un mes, el Congreso convirtió en ley la primera normativa específica dirigida a responzabilizar a los empresarios por actos de corrupción, y a invitar a las empresas a implementar mecanismos de prevención de delitos económicos vinculados o no con la función pública. Aunque el texto final de la ley resultó mucho más “light” que los proyectos iniciales discutidos, de todos modos representa un hito destacable, mucho más si se tiene en cuenta la ironía de que esta regulación nace precisamente durante un gobierno calificado como el más “empresario” de la historia.
En ese clima asociado con la transparencia (o al menos con la aspiración a ella), la Justicia ha puesto la lupa sobre varios hombres importantes de negocios, en sintonía con una súbita reactivación de causas dormidas sobre funcionarios de la pasada administración kirchnerista. Aunque la revitalización del rol de guardián por parte de los tribunales es una buena noticia, no deja de preocupar la dudosa legitimidad de algunos jueces que -tal como se cuenta en la nota de apertura de la sección Política de esta edición, y como se relató también en la investigación de tapa de la semana pasada- muestran demasiados vínculos poco claros con el poder político y económico de turno.
No se trata de festejar cualquier avanzada judicial contra los empresarios, lo cual implicaría una demagogia -muy arraigada en los populismos nacionales- que ha dañado el espíritu de emprendimiento y progreso económico que la Argentina tanto necesita para salir de su laberinto. Pero tampoco puede prosperar un clima de negocios inclusivo y sustentable si los que lideran la inversión productiva privada no se ajustan a un código ético a prueba de sospechas.