Caridad bien entendida:
La mayoría oculta los aportes. Sin balances del sciolismo. Conflictos de interés del PRO.
un trabajo de NOTICIAS y Chequeado. com revela cuáles son las empresas que realizan donaciones a las fundaciones de los políticos.
La mayoría de las fundaciones creadas por las principales figuras políticas ocultan información sobre las donaciones que reciben. Amparadas en una ley que no las obliga a detallarlas públicamente, no informan quiénes les dan dinero, ni cuánto reciben de cada uno de esos aportantes. La sciolista Fundación Dar nunca presentó un balance ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y las del PRO, Pensar y Suma, apenas dieron algunos nombres en sus resultados contables de 2013 a 2015.
Sólo una fundación del partido gobernante, Formar, detalló el flujo de dinero que recibe de empresas, según surge de la documentación solicitada ante la IGJ. Y de esa información surgen múltiples zonas oscuras.
Empresas públicas y proveedores de la ciudad de Buenos Aires donaron entre 2013 y 2015 fondos a Formar, que preside y presidía Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación y ex subsecretario de Transporte porteño, y que estaba y está dirigida por una mayoría de funcionarios que antes respondían a Mauricio Macri y ahora a Horacio Rodríguez Larreta. El Banco Ciudad fue el tercer mayor donante de la fundación en aquel período, con 105.000 pesos de aquel tiempo, equivalentes a 15.085 dólares de entonces, según el tipo de cambio promedio del año del cierre de cada ejercicio. En 2013, el banco estaba presidido por Federico Sturzenegger, actual jefe del Banco Central, y en 2014 y 2015 por el hoy ministro de Interior, Rogelio Frigerio.
De una lista de 403 donantes, Subterráneos de Buenos Aires SE (Sbase) ocupó el puesto 52, con 40.000 pesos, equivalentes a 4.319 dólares. Sbase es dueña de la red concesionada a Metrovías y se encarga de las obras de extensión. Entre 2010 y 2016 estaba presidida por Juan Pablo Piccardo. En la 98º posición figuró la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA), con 20.000 pesos, equivalentes a 2.159 dólares. En 2015, cuando se desembolsó ese dinero, su presidente era Darío Sarquis, actual gerente general del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).
No se trata de cifras siderales como las que se decía que costaba una campaña presidencial en 2015: 1.000 millones de pesos. Eso sí: la ley impedía que se erogaran más de 250 millones de pesos. La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, lo explica: “Los partidos sólo pueden recibir fondos públicos y aportes de personas físicas para las campañas. La ley de financiamiento de los partidos prohíbe que las agrupaciones reciban contribuciones de concesionarias de servicios u obras públicas, así como las que exploten juegos de azar. Cuando se trata de financiar campañas, la ley prohíbe todo aporte de personas jurídicas (compañías, organizaciones). En cambio, los aportes a fundaciones de cualquier clase están regulados por
la ley de fundaciones y no por la ley de financiamiento de los partidos”. A pesar de que sus estatutos y balances dan cuenta de tareas de formación política y actividades solidarias, las fundaciones de políticos estuvieron sospechadas de contribuir con la campaña presidencial en la que se enfrentaron Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa.
Tres fundaciones están ligadas a los máximos líderes del PRO: Pensar, que preside el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera; Suma, que conducía la vicepresidenta a Gabriela Michetti; y Formar. Pensar r declaró que recibió entre 2013 y 2015 ingresos por 11,5 millones de pesos. Formar, por 6 millones y Suma, por 5,9 millones. Todos estos datos surgen de los balances que las tres fundaciones presentaron fuera del tiempo legal estipulado por la IGJ, recién en 2016, cuando el kirchnerismo dejó de gobernar. Aún no proporcionaron los correspondientes al año pasado. Las sociedades deben acercar sus balances a la IGJ en los cuatro meses y medio posteriores al cierre del ejercicio. Si incumplen, deberían recibir multas y hasta se les podría a quitar la personería jurídica.
FORMAR. De las tres fundaciones del PRO, sólo Formar informó uno por uno los CUIT (no los nombres) de sus donantes, a partir de un pedido de la jefa del Departamento de Control Contable de Entidades Civiles de la IGJ, Catalina Dembitzky. Ante la misma requisitoria de esta funcionaria, Pensar detalló la identidad de los donantes que aportaron el 25% de los fondos en 2014 y el 15% en 2015, pero ninguno de 2013. Suma, que comenzó a operar en 2014, informó ese año, sin que se lo pidiera la IGJ, el nombre de sus aportantes, pero en 2015 no lo hizo pese a la solicitud de Dembitzky.
Pero la Fundación Dar, que preside José Scioli, hermano del ahora diputado Daniel Scioli, nunca presentó balances ni cumplió con la obligación de informar sus autoridades. Un ase- sor del diputado se limitó a responder: “Él no tiene ninguna fundación”. Pero tras su derrota de 2015 había prometido dedicarse a ella. José Scioli tampoco respondió las consultas.
Luego de dejar la Casa Rosada, la ex presidenta Cristina Kirchner fundó el Instituto Patria. Esta asociación civil consiguió la personería jurídica el 16 de agosto de 2016. Cumplió en informar quiénes son sus autoridades –Kirchner – es la presidenta honoraria– y aún no ha tenido que presentar el primer balance. Su estatuto establece que sólo recibe donaciones de individuos y de hasta 24.000 pesos anuales. Su vocero asegura que recibe en total alrededor de 200.000 por mes, es decir, 2,4 millones por año.
Formar es la fundación más transparente de las relevadas, pero expertos en financiamiento político advierten v conflictos de interés por las donaciones de empresas públicas y proveedores. “La ley de ética pública nacional, de 1999, y la de la ciudad, de 2015, son tan generales que en este caso no hay delito en términos de la primera ni falta grave en términos de la segunda, pero sí merece condena ética porque hay un conflicto de interés que el Gobierno debería reconocer para prevenir posibles delitos”, opina el director de Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano, el abogado Germán Emanuele. Su colega Marcelo Giullitti, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), reconoce que “hay conflictos de interés, que es algo que no está prohibido porque el marco normativo es difuso, pero habría que ver si las donaciones se produjeron en campaña, con lo que podría haber fraude a la ley de financiamiento de los partidos políticos, o
El Banco Ciudad fue el tercer mayor donante de Fundación Formar, del PRO. Otras empresas públicas y proveedores porteños aportaron.
cuando los proveedores recibieron algún contrato, con lo que podría sospecharse de sobornos”.
Entre los diez principales aportantes de Formar figuran diversos contratistas de la ciudad: Friends Food, firma de catering que abastece hospitales, escuelas y colonias de vacaciones que pertenece a Rubén Forastiero, ex presidente de Argentinos Juniors; la constructora Lanusse, que preside Fernando Lanusse y ha hecho diversas obras como la Villa Olímpica; su competidora Planobra, de Patricio Farcuh, el dueño de OCA que ha participado de diversos proyectos, como el mantenimiento del Metrobús, junto con SES, la firma del amigo presidencial Nicolás Caputo; y Mejoramiento Hospitalario, que dirige Mariana Gómez y ha mantenido y remodelado centros de salud.
CAPUTO. Del 11º al 20º puesto aparecen otros proveedores: SES, que hizo obras como remodelaciones de hospitales; Bricons, que preside Mario Raspagliesi y construyó parte del Metrobus, comisarías y escuelas; Teylem, compañía de Víctor Lusardi que se encargó desde el catering de hospitales hasta la instalación de los contenedores verdes; CRIBA, de los Tarasido, que construyó la Casa de Gobierno en Parque Patricios y el Centro de Exposiciones; Mejores Hospitales, de la misma familia, que remodeló el de niños Ricardo Gutiérrez; Mantelectric, de Carlos Pérez San Martín, que se ocupa desde el mantenimiento de centros de salud hasta la instalación de semáforos para adictos al celular; Siderum, que dirige Fabián Rodríguez y abastece de comida a escuelas y colonias; y Arkino, que se dedica al mismo negocio y lidera Manuel Martin.
Sobre las donaciones, el vocero de Dietrich respondió: “Todo está presentado a la IGJ y no hay ninguna actividad que se haya realizado por fuera de lo que la ley permite”. Giullitti, de ACIJ, comenta: “Habría que ver si las empresas públicas donaban también a otras fundaciones, incluidas las de otros partidos”.
Sobre los aportes del Banco Ciudad, el portavoz de Frigerio contestó que durante sus dos años de gestión allí apoyó a “diferentes ONG”, incluida la Fundación Octubre, del Sindicato de Trabajadores de Edificios (Suterh), que conduce el kirchnerista Víctor Santa María. El vocero de Sturzenegger lo deslindó de responsabilidad: “Fue algo que se realizó desde el Ciudad, no fue un tema personal”.
Sobre la contribución de AUSA, su vocero prometió: “Averiguo, pero el presidente entonces era Sarquis”. Pero no precisó más. Consultada la secretaria de Sarquis, respondió que AUSA debía contestar. Acerca del aporte de Sbase, su ex presidente Piccardo contestó: “No estaba al tanto de una donación de ese tipo. Me dicen en Subte que fue una por mesa corporativa en un evento. Entiendo que no es una donación”. Cuando se le contó que Formar lo había contabilizado como tal, replicó: “En Subte figura de otra forma”.
Otros políticos del PRO integraban el consejo de administración de Formar en tiempos de las donaciones: Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño que antes asesoraba a su antecesor en el cargo, Rodríguez Larreta; Jorge Lucchesi, presidente de la Junta Comunal 15; Santiago Lucero Torres, director de Planificación del Ministerio
de Defensa desde 2016 y ex coordinador general de la Agencia de Control Gubernamental de la ciudad; Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte capitalino, ex subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión; y Gabriel Astarloa, procurador general del distrito y ex director general de Concesiones.
Otros donantes importantes de Formar fueron la agrícola Bañado del Salado y su casa matriz, Adecoagro, que conduce Mariano Bosch y en la que George Soros era accionista hasta agosto pasado. Figuran, además, la Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores y la de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito; el gerente de Planeamiento del Banco Comafi, Pablo Pochat; la fabricante de cuadernos Ángel Estrada, de los Agárdy; y el grupo financiero Fiorito, de la familia homónima que era dueña del Banco Quilmes y ahora busca quedarse con el Finansur, de Cristóbal López.
PENSAR. Los donantes de Pensar, la fundación emblema del macrismo, apenas se conocen. De los nombres revelados en sus balances de 2014 y 2015, a la cabeza aparece una de las empresas nacionales que dejó de fabricar notebooks en la Argentina y comenzó a importarlas por la eliminación de aranceles, Air, de la familia Airoldi; Despegar, uno de los unicornios que tanto admira Macri y que fundó Roberto Souviron; Vod Argentina, la razón social de Qubit, el Netflix argentino que creó Mariano Primavera; el estudio de abogados Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, que también aportó a Formar; la prepaga OSDE; y Minera Alumbrera, de la suiza Glencore. Después están otras dos ex fabricantes de computadoras portátiles: Exo, que preside Luis Szychowski, y PC Arts, de Carlos Suaya, dueña de la marca Banghó. También figuran IRSA, el grupo de Eduardo Elsztain; y Establecimiento El Orden, otra empresa de Adecoagro.
De Suma, la fundación que presidía Michetti hasta abril pasado, está disponible el detalle de los donantes de 2014. Aquel año su mayor sostén fue OPM Inmobiliaria, que pertenece al fondo Pegasus, que era propiedad del ahora vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana. La siguieron el Santander Río; Pan American Energy (PAE, cuyo 60% es de la británica BP, 20% de la china CNOOC y 20% de la familia Bulgheroni); Farmacity, empresa en la que Quintana redujo su participación; la Fundación Banco Macro, de los Brito; Banco Comafi y Fliacer Participaciones, ambos de la familia Cerviño; y Banco Galicia, de los Escasany, Ayerza y Braun.
Michetti dejó la presidencia de Suma apenas después de que el juez Ariel Lijo la sobreseyera en abril pasado en la causa por el origen de los 50.000 dólares que pertenecían a la fundación y que le robaron de su casa días antes de asumir como vicepresidenta de la Nación. En el mismo fallo, Lijo archivó la investigación sobre el funcionamiento de Suma y otras cuatro fundaciones de políticos del PRO (Formar, Fundar, Creer y Crecer y Pericles), porque “no se verificó ningún hecho delictivo”.