Angelo Calcaterra:
Habla un testigo de la historia secreta de la negociación del kirchnerismo para que Chávez indemnizara a Rocca por estatizar Sidor.
el primo del Presidente encabeza la estrategia de los empresarios "arrepentidos". Aportes en negro para las campañas K y la pesada herencia macrista.
El
chofer Oscar Centeno escribió en un cuaderno marca América que el 3 de abril del 2008 llevó a su jefe, el entonces secretario de Planificación, Roberto Baratta, al “edificio de Techin” y después a su departamento. Por aquellos días, Hugo Chávez recrudecía la amenaza, que venía soltando desde 2005, de que iba a expropiar Sidor, la siderúrgica venezolana de Ternium, una de las principales compañías de Techint, el mayor grupo privado de la Argentina y el más internacionalizado. El 6 de abril, el entonces presidente de Venezuela declaró: “En el caso Sidor, ayer yo dije ‘ya basta’”.
El día 9, el dueño de Techint y de la mayor fortuna del país, Paolo Rocca, le escribió una carta a Cristina Fernández de Kirchner para pedir su mediación. El 18 de abril, ella lo recibió en la Casa Rosada. Las fotos los retratan junto con el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el director institucional de Techint y actual vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina (UIA), Luis Betnaza. Pero el 30 de abril, Chávez decretó la nacionalización.
Habría que esperar al 29 de mayo de aquel 2008 para que Centeno volviera a escribir que fue a Techint, pero esa vez Baratta recibió un bolso de un tal Héctor y después lo llevó a su casa. Se trataba de Héctor Zabaleta, histórico director administrativo de Techint, detenido el pasado 6 de agosto por sólo 24 horas hasta que el fiscal Carlos Stornelli lo acogió a la figura del arrepentido. Zabaleta, que
apareció en el caso Skanska, está investigado por fiscales de Italia –país de origen de los Rocca– por el Lava Jato brasileño. El mismo día de la liberación, Betnaza se presentó ante Stornelli a denunciar a De Vido por supuesta extorsión para agilizar el pago de la indemnización de Venezuela por la expropiación de Sidor. ¿Fue extorsión o coima? Bonadió decidió este 9 de agosto la indagatoria de Betnaza, que ratificaría que lo extorsionaron para poner fondos para la campaña. La misma estrategia de negar sobornos que ha rendido frutos a otros arrepentidos en el escándalo de los cuadernos, como el sojero y constructor Manuel Santos Uribelarrea, Alejandro Ivanissevich (ex presidente de Genneia y actual de 360 Energy), Juan de Goycoechea (ex mandamás de la filial de la constructora española Isolux), Armando Losón (dueño de la energética Albanesi) y el propietario y el CEO de la desaparecida constructora Iecsa, Angelo Calcaterra Macri y Javier Sánchez Caballero. El encarcelado Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción y dueño de Esuco, también se arrepentiría para conseguir la libertad. La pena por aportes ilegales de campaña puede llegar a tres años de cárcel, es decir, no es efectiva, y la de asociación ilícita y lavado de dinero, más de seis y tras las rejas. Claro que los empresarios deberán explicar cómo evadieron para generar los fondos negros aportados.
Uno de los protagonistas de la negociación por el resarcimiento por la siderúrgica venezolana cuenta su versión en exclusiva.
"Néstor (Kirchner) y Rocca tenían una excelente re- lación. Tanto que en su gobierno le pidió a Rocca que comprara Telecom y el diario La Nación. Pero Rocca se negó y Néstor se enojó. Por eso Rocca pensaba que Néstor estaba detrás de la decisión de Chávez de estatizar Sidor", cuenta el informante, aunque en el riñón de Cristina Kirchner consideren absurda la sospecha del empresario, dado que Chávez estatizó cientos de compañías en su gobierno.
NOTICIAS: Pero fueron públicas las gestiones que hicieron los K para convencer a Venezuela de pagar…
Testigo: Sí, porque Cristina y De Vido convencieron a Néstor de mediar y a Chávez, de pagar. De Vido tenía una excelente relación con Betnaza y viajó a negociar con Chávez. (El entonces CEO de Ternium, Daniel) Novegil y Betnaza se instalaron meses en Caracas a negociar. Techint había pedido cotizar la empresa y valía 1.500 millones, no llegaba a 1.600 millones. Pero terminó cobrando 1.970 millones. De la diferencia, 300 millones fueron de coima para los K. Lo negoció Betnaza y lo pagó Zabaleta. El que paga nunca es el que negocia.
SILENCIO. Ante la consulta de NOTICIAS, en Techint guardan silencio, a diferencia de cuando se defendían del Lava Jato desconociendo delitos y afirmando que promovían auditorías internas. En el grupo de acero, petróleo y construcción tampoco detallan pruebas de la supuesta extorsión de De Vido. “¿Cómo la probarán? ¿Acaso les secuestraron un hijo para extorsionarlos?”, replican en el mundillo de la ex presidenta.
Testigo: La indemnización se pagó en cuotas. La coima también. En un momento, Chávez dejó de pagar y hubo otra vez gestión de Cristina y De Vido. También había tensión entre Rocca y los K porque a él se le hacía difícil seguir generando guita en negro para pagar. NOTICIAS: ¿Cómo llegaba la plata? Testigo: En efectivo. Zabaleta tenía toda la información consolidada del grupo y les pedía a las empresas
que aportaran. Sacó plata de las de la Argentina, España e Italia, incluidas algunas de salud que tienen allá. Todo lo hizo por orden de Rocca.
CHOFER. El 30 de junio del 2008, Centeno escribió que llevó a Baratta a Techint a “retirar el paquete” y después lo trasladó otra vez a su departamento. El 1 de agosto, redactó que llevó a la mano derecha de De Vido al subsuelo del edificio del grupo de Rocca para entregarle otro “paquete”. De ahí, a casa. La prensa anunció el 19 de agosto que ese día Novegil firmaría un acuerdo por el que Venezuela abonaría 1.650 millones de dólares. No se firmó porque Chávez lo boicoteó. Pero el 27 de agosto Zabaleta entregó otro paquete a Baratta, según Centeno. El chofer no sólo ha comprometido a empresarios con sus cuadernos sino también con fotos y videos aún inéditos en los medios pero en manos de la Justicia. No por nada hombres de negocios teorizan que el chofer y ex militar era un servicio de inteligencia que respondía a Néstor Kirchner para controlar a Baratta y, por esa razón, interrumpió por tres años sus anotaciones cuando el ex presidente murió en 2010.
El 3 de octubre del 2008, Centeno llevó otra vez a Baratta a la sede de Techint, ahora bien identificada como la de la calle Della Paolera, en Retiro. En aquella oportunidad, un tal "Ale" lo recibió en el subsuelo y le entregó “los dividendos del mes”. El día 30, el secretario de Planificación volvió al edificio, Zabaleta se subió al auto,
bajaron al segundo subsuelo y allí le dio un “paquete con dinero”. Por primera vez se especifica el contenido. El 3 de de diciembre fueron otra vez al mismo subsuelo, donde “el señor de siempre” le entregó “dinero”. Los tres casos terminaron en casa de Baratta. El 18 de diciembre del 2008 se repitió lo mismo que 17 días antes, sólo que de ahí se fueron a dar vueltas, se encontraron con un Jeep, Baratta recibió allí más plata y después al Ministerio de Planificación.
Esas son todas las anotaciones de Centeno sobre Techint. ¿En el 2008 se hacían aportes para las elecciones de un año después? Un recaudador ilegal de campañas confiensa que tanto el kirchnerismo como Cambiemos las nutren con coimas de obras y servicios públicos y aportes específicos de compañías y cámaras. ¿Las entregas de fondos que vio el chofer eran por la extorsión de la que habla Betnaza? ¿Por sobornos de la obra pública? Está claro que no son de la presunta coima de 300 millones de dólares por Sidor, dado que la indemnización recién se pactó en 2009.
“Zabaleta sacó plata de empresas de Techint en la Argentina, España e Italia. Todo lo hizo por orden de Paolo Rocca.”
El 7 de mayo de ese año, Techint y Venezuela arribaron a un acuerdo por 1.970 millones de dólares, 320 millones más que en el frustrado pacto de nueve meses antes. Los mercados consideraron que el convenio resultaba más que beneficioso para el grupo de Rocca. La acción de Ternium subió ese día en Wall Street 38% y en Buenos Aires, 16%, hasta que se la sacó de cotización en aquella jornada por la estampida. Cuatro días después, Betnaza elogió públicamente la mediación del gobierno K. Pero el 22 mayo del 2009, Chávez anunció la estatización de otras empresas menores de Techint, Matesi, Tavsa y Comsigua. A los dos días, De Vido volvió a intervenir. Y 48 horas más tarde, Venezuela le pagó al conglo- merado argentino los primeros 400 millones de dólares por Sidor en una cuenta en Alemania. El destino del dinero provocó una crítica pública de la entonces presidenta. En un año, el país caribeño pagaría el resto de las cuotas, pero demoró hasta 2012.
Con el correr de aquellos años, la relación entre el Gobierno y Techint se fue deteriorando. A partir del 2008, con el conflicto del campo y la estatización de las AFJP (con participación en Ternium), se fueron divorciando el kirchnerismo y el establishment, en el que Rocca juega un papel rutilante. En el 2015, De Vido calificó a Techint como el mayor contratista de la obra pública K. Al estallar el caso de los cuadernos, el grupo comunicó que sólo hizo el 1% de lo que construyó el kirchnerismo: en el 2004 ganó la pavimentación de 31 kilómetros de la ruta 3; en el 2005, 105 kilómetros de la 40; en el 2007, obras en la central nuclear Atucha II y 33 kilómetros de la carretera 14, y en el 2014, un tramo del Gasoducto del Nordeste. En Techint atribuían su falta de participación en las obras K a una supuesta reticencia a desembolsar coimas, pero el caso de los cuadernos demuestra lo contrario. En el sector de la construcción advierten
que el grupo de Rocca bajó su perfil por las peleas con los Kirchner, pero siguió participando como accionista minoritario de uniones transitorias de empresas (UTE) o subcontratista de proyectos presentados con sobreprecios para fondear con ellos los habituales sobornos o aportes ilegales de campaña. Ha sido investigada por la Justicia porque fue subcontratada por Odebrecht para la ampliación de gasoductos en la Argentina. El nuevo acuerdo con Brasil para compartir información del Lava Jato puede motorizar esa indagación. También se han investigado aquí sus presuntos sobornos en Brasil. Allí, el Tribunal de Cuentas excluyó a Techint de licitaciones públicas por cinco años, pero la medida está apelada.
OTROS NOMBRES. En la causa de los cuadernos sigue arrestado Francisco Valenti, director de la constructora de centrales eléctricas Impsa, aunque su antiguo patrón, Enrique Pescarmona, se mantiene al margen. También continúa en la cárcel Carlos Mundin, dueño de la constructora BTU; Guillermo Ferreyra, propietario de Electroingeniería, y su empleado Jorge Neira; y el empresario inmobiliario aunque monotributista Claudio Glazman. Además fueron indagados Néstor Otero, eterno concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro; y el ex presidente de la UIA Juan Carlos Lascurain, que en marzo había estado detenido 48 horas por la investigación de la central eléctrica a carbón de Río Turbio, por la que está preso De Vido. Aldo Roggio también pasará por lo mismo. Tiene experiencia: ya fue indagado en diciembre pasado por el juez Sebastián Casanello, que finalmente lo procesó por las coimas de Odebrecht en la obra de una planta de AYSA. Además fueron allanadas Corporación América, de Eduardo Eurnekian; la constructora Supercemento, de Carola von Waldenfels y Lucca Astolfoni, con tres empleados procesados por la causa AYSA; y Taselli, dueña de Altos Hornos Zapla.
En una de las constructoras in- vestigadas les parecen demasiado abultadas las coimas por 200 millones de dólares en total que describió Centeno, pero les suena verosímil el relato. “Es verosímil en la era K y ahora también”, cuenta un empleado preocupado por que se frene la obra pública, se pierdan empleos o incluso cierre la empresa. Es el temor a una crisis económica mayor como la que sufrió Brasil tras el Lava Jato y que ha hundido los activos financieros argentinos en los últimos días.
Un ex alto funcionario K descree, sin embargo, del parecido con el caso brasileño: “Allá metieron a los empresarios presos varios meses hasta que cantaron que las coimas iban a tal y cual cuenta. Acá no hay pruebas de los supuestos aportes ilegales, los funcionarios los negarán y no se habla de coimas. Calcaterra dice que puso 200 mil dólares y queda libre, pese a que Centeno decía que había puesto 8 millones. Siempre ha habido un club de la obra pública que se reparte la torta, cobra sobreprecios y hace aportes en negro a la política, también a Cambiemos”. El Lava Jato argentino recién comienza y puede acabar salpicando a todos.
El caso de los cuadernos despierta el temor de que se profundice la crisis económica, como sucedió con el Lava Jato en Brasil.