Aportes en negro:
Los testimonios que revelan cómo el oficialismo recaudó dinero negro en las elecciones de 2015 y 2017. Los cajeros.
los testimonios exclusivos que revelan cómo se financiaron las campañas macristas del 2015 y 2017 con plata sucia. Los recaudadores y el modus operandi. El rol del primo Jorge Macri y “Nicky” Caputo. Las diferencias con los K.
En la campaña del 2015 hicimos cosas feas, hubo bolsos, de todo... Había que ganarles a los tanques kirchneristas con una guerrilla tipo vietnamita. En el 2017, Mauricio quiso cambiar y Marquitos rearmó el equipo recaudador, pero nos saltó el quilombo en la a provincia de Buenos Aires...”. El que ue habla es un encumbrado dirigente e del PRO y se refiere al financiamiento ento de las campañas con n aportes en negro de empresarios, compañías y cámaras. Otro alto mandamás amarillo coincide con la descripción. Dos dirigentes que participaron de la recaudación también la confirman. En síntesis: a las manos de la dirigencia oficialista también llegan bolsos con cash “para la campaña”.
Pero en el partido fundado por el Presidente de la Nación sostienen, claro, que no se los puede comparar con los K. Que ellos no recaudan con coimas en obras y servicios públicos, aunque alguno de sus recaudadores los contradice y se jacta de participar en la que califica como “la mayor maquinaria de recaudación electoral que jamás conoció la política argentina”. La justifican en “el deseo fervoroso del establishment de desplazar al kirchnerismo del poder”, en el 2015 y evitando, después, en el 2017, una victoria de Cristina Fernández de Kirchner en crítico territorio bonaerense.
Macri repetía hace tres años en reuniones privadas con hombres de negocios que necesitaba 100 millones de dólares para su campaña. Todas las fuentes consultadas coinciden en la cifra. Oficialmente sólo recaudó 15 millones. La plata negra completó las necesidades. “¿De dónde salieron los 85 millones de diferencia? Había empresarios que querían matar al gobierno anterior porque los habían perseguido hasta por supuestos crímenes de la dictadura”, explica uno de los informantes. Aunque se cubre: ni Macri ni sus rivales, Daniel Scioli y Sergio Massa, lograron justificar ante la jueza electoral María Servini de Cubría sus presupuestos de campaña.
El proselitismo para las legislativas del 2017 demandó menos recursos, pero también requirió de “la
groncha”, como le llaman a la plata no registrada. Detrás de las miles de personas que aparecieron como aportantes de Cambiemos en territorio bonaerense pero no pusieron un peso hay empresarios que prefirieron no aparecer, según un alto dirigente amarillo. La Justicia está investigando el caso en varios frentes.
¿CÓMO SE RECAUDA? En primer lugar, se visitan empresas y cámaras que las aglutinan. “La masa crítica la recaudás una por una entre las grandes. A las cámaras vas para agarrar a las demás”, explica uno de los que participó del asunto. “Vas a una cámara y les pedís que junten 3 millones de dólares”, ejemplica otro conocedor del paño. Las contribuciones suelen variar entre 500.000 y 10 millones de pesos. El registro es manual, en cuadernos: en una primera columna figuran las compañías y cámaras a las que se les pide; en la segunda, las personas de contacto; en la tercera, sus teléfonos; en la cuarta, los encargados de llamarlas y en la última se anota el monto aportado.
Algunas veces, el que pide también recibe el bolso; otras, no. “En general, todas las compañías y cámaras aceptan aportar al PRO”, revela un recaudador. Pocas serían las que preguntan qué favores obtendrían a cambio. En algunas ocasiones piden una prueba de que quien recauda está amparado por su jefe político, pero los mandamases no quieren quedar escrachados y sólo a veces pasan a saludar por los encuentros apenas para confirmar el respaldo a sus emisarios.
Para justificar ante la AFIP los aportes en negro, las compañías recurren a usinas de facturas truchas. A su vez, hay quienes necesitan lavar plata de la evasión tributaria u otros delitos y entonces aportan, no necesariamente dinero, pero sí facturas. “Te pongo diez en blanco, pero devolveme ocho”, proponen.
¿Las coimas son otra fuente de financiamiento? Aquí las aguas se dividen. “Bajaron, pero van del 5 hasta 15 por ciento”, afirma uno de los consultados. Otro lo niega: “No veo que haya joda, Mauricio bajó línea de que no se metan con la obra pública, pero habrá que ver si terminaron los sobreprecios...”.
“¡No me compares con los K! ¡Ellos sometieron a Techint! A nosotros ni se nos ocurriría”, pretende diferenciarse uno de los entrevistados de alto rango. “Macri hizo una cruzada anticoima. Lo que puede haber son empresas favoritas”, admite y cita a Manuel Santos Uribelarrea, dueño de UCSA, la constructora que más contratos de obra pública ganó en los primeros dos años de la Gestión Cambiemos. Ganó sobre todo licitaciones del Ministerio de Transporte, que conduce Guillermo Dietrich. Un empresario de la construcción apunta que en la Jefatura de Gabinete hay quienes sugieren asociarse con Supercemento, la segunda constructora con más obras de la era Macri. Hasta los 80 fue accionista el tío del Presidente, Antonio. Ahora, Supercemento pertenece a Carola von Waldenfels y el italiano Lucca Astolfoni.
Las cenas de recaudación que comenzó el PRO en el 2015 constituyen un método de recaudación en blanco, pero también un medio de blanqueo de los aportes en negro que con anterioridad hicieron las empresas, según cuenta uno de sus organizadores. Y describe el mecanismo en tono coloquial: “Necesitamos que diez empleados tuyos compren una mesa. No queremos la plata, sólo que figuren y nosotros les hacemos el recibo”.
¿Por qué los empresarios aportan en negro y no en blanco? Por un lado, las contribuciones formales tiene un tope, que en el 2017 alcanzó los 150.000 pesos por persona. Por otro, algunos que han puesto dinero en blanco, como Carlos Miguens Bemberg y Sebastián Bagó, han sido objetados por la Justicia electoral por el origen de los fondos. “No entiendo cómo pueden cuestionarlos por poner 90.000 pesos si en su cuenta
bancaria tienen fortunas”, se indignan en el PRO. En tercer lugar, “no quieren poner en blanco para evitar sospechas de que el Gobierno los favorece”, expone un jefe amarillo. “En la Argentina está mal visto que un empresario aporte y por eso quieren preservar su imagen”, agrega otro. Por último, sólo las personas pueden aportar a las campañas. Las empresas únicamente pueden contribuir fuera de la temporada electoral a los partidos, pero ese dinero debe volcarse al brumoso concepto de “desarrollo institucional”, que incluye el mantenimiento de los locales partidarios. Servini de Cubría ha cuestionado el uso de donaciones al PRO para la campaña 2015.
Otra vía de recaudación ilegal disfrazada son los gastos que empresas pagan como propios, pero son destinados a la campaña. Por ejemplo, una compañía encarga encuestas que, en realidad, son para el partido; o contrata para sí servicios de catering que terminarán servidos en un acto político. Otras veces ponen camionetas o micros o pagan el combustible. Tres involucrados en la campaña lo confirman. Sólo uno lo niega: “A los empresarios les encanta contratar encuestas y después te las mandan, no se las pedimos nosotros”.
Algunos en el PRO reconocen lo difícil que es controlar si intendentes y gobernadores se financian con aportantes conocidos u ocultos del narcotráfico, que adornan a todos los principales candidatos de sus pagos. Citan el caso del intendente de Paraná, el radical Sergio Varisco, procesado por presuntos vínculos con los narcos.
En el gobierno bonaerense afirman que la gobernadora, María Eugenia Vidal, ordenó que no se financiaran con la droga, el juego y la Policía. “En dos años y medios separamos a 10.000 policías de la fuerza”, añaden.
¿Y las policías locales? “La provincia las paga y controla, pero responden al intendente”, contestan.
“Necesitás pagar la militancia, la estructura, la logística... y eso que no hacemos actos masivos”, explica un referente del PRO. Otro agrega: “Hay que pagar cartelería, impresión de boletas, aviones, pero no podés pagar todo en negro. El imprentero necesita facturar al menos una parte en blanco. Además, los jefes municipales necesitan equipos de fiscales y la ley no les exige rendir sus gastos, sólo lo impone a nivel provincial y nacional”.
¿Nada de la plata recau- dada en negro va a los bolsillos de los dirigentes? Un informante cuenta que los ministros, secretarios y subsecretarios, muchos de los cuales estaban acostumbrados a salarios de empresarios, reciben sobresueldos. En la Ciudad de Buenos Aires, la remuneración neta de un ministro es 110.000 pesos y la de un subsecretario (no existe el cargo de secretario), 80.000. En la provincia son 98.000 y 70.000 pesos, respectivamente. “En provincia cobran sobresueldos de 10.000 dólares los ministros y 5.000 dólares los subsecretarios. Gastan todo en efectivo. En la Ciudad también hay”, vuelve el informante. “Ojalá... es un disparate”, responde un ministro de Vidal. Otro reconocido dirigente porteño explica que sólo refuerzan el salario con viáticos.
¿QUIÉNES RECAUDAN? A fines de julio pasado, antes de que el escándalo de los cuadernos K tapara el de los aportantes truchos de Cambiemos, Marcos Peña reunió al secretario legal y técnico, Pablo Clusellas; al jefe de asesores presidencial y apoderado del PRO, José Torello, y a emisarios de Provincia y CABA para analizar los tipos penales que podrían caerles: lavado de dinero, usurpación de identidad y malversación de fondos. Este último delito fue denunciado por el ex legislador porteño Gustavo Vera porque funcionarios de la ciudad recibieron en marzo del 2017 un plus salarial, llamado unidad redistributiva (UR), y en agosto siguiente aportaron a la campaña. En el gobierno porteño responden que 2.463 empleados percibieron UR el año pasado, pero sólo 61 pusieron dinero.
En el 2017, en la provincia de Buenos Aires, Cambiemos informó que gastó 80 millones de pesos en la campaña. Unidad Ciudadana, de Cristina Kirchner, sólo 17 millones. En el PRO acusan al kirchnerismo de gastar mucho más. Uno de ellos reconoce que Peña ordenó esta vez transparentar todo el presupuesto, pero les resultó imposible explicar sus ingresos y por eso se recurrió
a los aportantes truchos. Entre los contribuyentes falsos no sólo figuran beneficiarios de planes sociales sino también desde dirigentes del PRO, como el intentente marplatense, Carlos Arroyo, enemistado con Vidal, hasta profesionales y hombres de negocios.
En el 2015, Peña fue el jefe de campaña, es decir, “el que presupuesta y gasta”, mientras que el recaudador oficial fue Edgardo Cenzón, entonces ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, que en el 2016 alegó problemas familiares para volver al sector privado. Entre bambalinas, el empresario Nicolás Caputo, “hermano de la vida” de Macri, pasaba la gorra. También puso de su bolsillo.
Caputo no lo niega. “Nicky tuvo dos tareas estratégicas en el 2015: el armado de la coalición sin Massa y el contacto con los empresarios. Fue el factótum de aquella cena en La Rural donde Mauricio entendió que, dado el respaldo del poder económico, podía ganar la presidencial. Aparte hacía reuniones privadas donde contaba el plan, respondía preguntas y pedía el aporte sin hablar de cifras. De esos detalles se ocupaban Torello y Cenzón”, detallan desde el entorno de Caputo.
En la provincia de Buenos Aires, el jefe de campaña era el intendente de Vicente López, Jorge Macri, el primo presidencial que ahora también lidera el Grupo Bapro; y en la Ciudad dirigía el actual jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.
En el 2017, Peña volvió a ser jefe político de la campaña nacional; el je- fe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, hizo lo propio en tierra de Vidal y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en la Ciudad. A Jorge Macri le tocó comandar la campaña en los 66 municipios bonaerenses donde Cambiemos no gobierna. Hoy coordina, además, la mesa chica de los 69 intendentes de Cambiemos en la provincia, junto con el ex marido de Vidal, Ramiro Tagliaferro (Morón); Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata).
En la recaudación de todo el país, Torello puso a una mujer de su confianza, Flavia Martini, que además integra el G25, el think tank del PRO que lideran Dietrich y el senador
Esteban Bullrich. De hecho, el ministro de Transporte también ayudó a juntar fondos. En la Capital pretendieron alejar los fantasmas del 2015 y nombraron recaudadora a la diputada Carmen Polledo, bajo “el asfixiante control de Lilita Carrió”. La responsable económico-financiera de Vamos Juntos, la alianza del PRO y la Coalición Cívica en la Ciudad, fue la legisladora Lía Rueda.
En la provincia, muy cerca de Vidal culpan a los intendentes y a los caciques de municipios donde no gobiernan. “Hacen cenas, pero aparecen empresarios que no quieren figurar o ponen la mitad en negro. Eso multiplicalo por 135 municipios…”, se defiende un estrecho colaborador de la gobernadora. Y apunta que algunos de esos 135 fueron quienes inscribieron aportantes truchos. Es cierto que la recaudación municipal se centralizaba en la tesorera del PRO bonaerense y renunciada contadora general de la provincia, Fernanda Inza, y en los responsables económico-financieros del frente electoral de Cambiemos en el distrito: el ex senador radical Alfredo Irigoin y la joven militante Carla Chabán, de 29 años. Sin embargo, en la mesa chica de Vidal, golpeada por el escándalo, alegan que les resultaba imposible controlar la veracidad de los listados que les pasaban de los 135 municipios.
Por lo bajo, desde el vidalismo apuntan contra Jorge Macri. “Aprieta a los empresarios”, lanza un cacique.
En Vicente López niegan que el jefe comunal recaude y tienen otra explicación para los aportantes truchos: “En el 2015, el PRO bonaerense estaba intervenido por no haberse presentado en las elecciones del 2011 y el 2013. Las interventoras eran Silvia Lospennato e Inza. Por eso, para armar Cambiemos en la provincia se usó el partido Recrear, el que había fundado Ricardo López Murphy, y se lo rebautizó PRO. El tema es que Bullrich había desplazado en una interna de Recrear a López Murphy en el 2008 porque había duplicado el padrón con 4.000 afiliados nuevos. Esos son los que ahora aparecieron entre los aportantes del 2017. Ya los habían puesto en el 2015, pero nadie se había dado cuenta. No se usaron bases de datos de la Anses para detectar beneficiarios de planes sociales. Cada municipio tuvo sus aportantes, pero después no figuraron en la lista de Cambiemos Buenos Aires. Inza rechazó listados que mandaron los municipios. Nos dijo: ‘Ya lo tenemos resuelto, no los necesitamos’. No se entiende por qué lo hizo así”.
Sobre el cierre de esta investigación, desde la cúpula provincial se deslizó un paper con apuntes sobre la supuesta estructura de recaudación, hoy investigada por tres jueces: JM se encargaba de tirarles “ideas” a los intendentes y referen- tes sobre cómo recaudar. Los reunía en sus oficinas de Vicente López.
El en persona visitaba empresarios para convencerlos y desde los municipios se encargaban de definir los detalles.
Sugirio usar los listados de afiliados y los de beneficiarios de planes sociales para justificar los aportes.
¿Quién es el responsable entonces? En la cúpula del PRO dan una pista: “En las campañas no hay un recaudador A y otro B. No hay dos contabilidades, una blanca y otra negra. Están unificadas”. Lo que está claro es la consecuencia política: “El caso le pega a nuestra mejor candidata”, en referencia a Vidal y las encuestas que la sitúan como la de mayor imagen positiva. En el PRO señalan que la gobernadora se sintió poco respaldada por el elenco nacional cuando estalló el escándalo. Hay paranoia por la posibilidad de que la denuncia haya provenido de “fuego amigo”, es decir, desde la propia interna oficial.
No es la primera vez que se descubre que el PRO se financia con aportantes truchos. En el 2017, un juez santafesino inhabilitó a Miguel Del Sel para ocupar cargos públicos por seis meses por inconsistencias en los fondos del partido en el 2012 y de la campaña en el 2011.
Después de los casos de los aportantes truchos de Cambiemos y de los cuadernos K, en el Gobierno se preguntan quién querrá aparecer como responsable económico-financiero de la próxima campaña presidencial. Y qué empresarios querrán aportar. ¿Alguien les asegura que ningún chofer los escrachará? “No sé cómo le financiarán a Peña el gasto que necesita para el 2019. Porque las consultoras y la política 2.0 cuestan mucho”, advierte uno de los expertos en campañas.