SECRETOS DE UNA IGLESIA INMORAL
El escándalo por abusos en el Instituto Provolo jaquea al Papa y amenaza con superar el caso chileno. La acción tardía de Francisco. Los carpetazos en el Vaticano que buscan su renuncia.
Francisco se enfrenta a un problema a escala mundial sin precedentes. La catarata de denuncias contra curas pederastas en todo el planeta parece no tener fin y las víctimas de abuso sexual eclesiástico están cada vez más organizadas. Como nunca antes, se animan a señalar con nombre y apellido a los sacerdotes pedófilos. Los números son aterradores: por ejemplo, en el Caso Pensilvania (Estados Unidos) se reveló el funcionamiento de una maquinaria a través de la cual unos 300 curas sometieron a más de 1.000 menores de edad en siete décadas y, en los últimos días, se filtró un informe alemán que expuso detalles sobre 1.670 curas que abusaron de 3.677 niños entre 1946 y 2014. En Argentina, el país del Papa, la situación no es tan diferente: la Justicia avanza con fuerza sobre el Instituto Provolo, un colegio para niños sordomudos que se convirtió en un caso testigo a nivel nacional porque podría superar las 200 víctimas.
ACORRALADO, Francisco acaba de tomar una decisión histórica: decidió convocar, para febrero del 2019, a los 112 presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el planeta a una cumbre que tendrá el objetivo de dar una respuesta unificada al problema de la pederastia en la Iglesia. Lo que está en juego es la credibilidad de una institución que alberga a por lo menos un quinto de la población mundial.
Los defensores del Papa insisten con que la catarata de denuncias responde a un vendetta de los sectores más conservadores de la Iglesia contra el hombre que hizo temblar sus privilegios. Sin embargo, las víctimas de abuso sexual eclesiástico, que desde hace años comenzaron a organizarse, aseguran que las políticas de Francisco respecto de los curas pedófilos sólo fueron la continuación de una trama de encubrimiento sistemático. La presión con- tra el Papa llegó a tal punto que el ex nuncio de Estados Unidos, Carlo María Viganò, le pidió la renuncia a través de una carta. Nunca antes un miembro importante de la Iglesia se había atrevido a pedir públicamente la dimisión de la máxima autoridad eclesiástica.
En la Argentina, los abusos por parte del clero no son una novedad, y el caso del padre Julio César Grassi, condenado en el 2009, marcó un antes y un después: hasta ese momento nunca se había hablado en público sobre los mecanismos que usan los eclesiásticos para protegerse en forma corporativa. Recién en el 2018 el Obispado de Morón -la diócesis donde Grassi reportaba- le suspendió su “ejercicio público del ministerio sacerdotal”, aunque es una medida transitoria hasta que “se resuelva definitivamente su situación”. A partir del caso Grassi las denuncias contra curas pedófilos se intensificaron (ver infografía), y
la investigación actual en el Provolo vuelve a poner en agenda uno de los grandes problemas que atraviesa la Iglesia y los secretos que esconden sus curas.
El silencio de Francisco frente a los abusos comprobados en su país de origen es uno de los costados más cuestionados del Papa como líder político, popular, pero con claroscuros y difícil de encasillar. Un papado con perfil progresista, acusado de “marxista” por el clero más conservador, pero que convive con prácticas antiguas y perversas. NUEVOS CASOS. El martes 11 de septiembre se supo de una denuncia contra el cura Hubeimar Rua, de Entre Ríos, que se encuentra prófugo. Pocas horas después que se conociera la noticia, la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) publicó un comunicado en el que se informaba que la arquidiócesis de Paraná había iniciado una investigación canó- nica contra el sacerdote. La rapidez con la que reaccionaron las autoridades sólo puede comprenderse en el contexto de crisis que atraviesa la institución en la Argentina y en todo el mundo.
Los últimos avances judiciales en el Instituto Provolo de La Plata pusieron en jaque al clero. Si bien la pesquisa no es nueva, en los últimos días se realizaron allanamientos por el supuesto abuso de, al menos, 28 menores de edad que fueron alumnos de ese colegio entre 1982 y 2002. En la investigación, entre otros, aparecerían los nombres de los curas que eran autoridades del Provolo de Mendoza, actualmente detenidos: el italiano Nicola Corradi y Horacio Corbacho.
Hay, además, otra sede que está en la mira. Daniel Sgardelis, ex alumno del Provolo platense y el primero en denunciar a los curas, aseguró a la Izquierda Diario que en el colegio de esa congregación en el barrio de Flores “también sucedía lo mismo”. “Todas las monjas de ahí sabían de esto”, dijo Sgardelis, en referencia a que la escuela porteña es, a diferencia de los otros dos, manejado por mujeres.
En el colegio de Flores no quieren
hablar. NOTICIAS se acercó al lugar y Patricia, la laica que hace las veces de portera, recibió a este medio: “Ellas están en reuniones muy importantes”. “¿Y luego?”, preguntó la revista. “Tienen otra reunión”. En la fiscalía de La Plata buscan confirmar esta sospecha. Es cuestión de tiempo para que intervenga la Justicia.
EL CASO MADRE. El avance en la causa de La Plata y las sospechas que sobrevuelan sobre el Provolo porteño no podrían haber llegado a este punto sin la investigación previa en Mendoza y la presión que ejercieron las víctimas de abuso sexual del Provolo de Verona, en Italia.
En nuestro país, la primera denuncia contra esta institución se presentó en noviembre del 2008. Una mujer se presentó en la Fiscalía 11 de Luján de Cuyo, en Mendoza, y declaró frente a la fiscal Claudia Ríos. “Mi hijo fue obligado a practicar sexo oral mientras sus compañeros miraban”. La señora contó que el niño, de 11 años, tenía conductas autodestructivas, se lastimaba los brazos y las piernas pero que ella recién comprendió lo que sucedía cuando el pequeño llegó a su casa con un dibujo pornográfico. Sin embargo, y a pesar de que se realizó un peritaje psicológico que verificó lo que contaba el menor, la causa pasó por dos fiscales más y quedó olvidada. En paralelo, en Italia las denuncias por abusos comenzaban a hacerse públicas. Un grupo de 67 personas que había pasado por el Provolo veronense se atrevieron a hablar cuando Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, condenó la pedofilia. Sin embargo, las víctimas nunca recibieron una respuesta oficial a la carta que le enviaron al obispo de Verona ni tampoco consiguieron acciones por parte de monseñor Giampietro Mazzoni, el juez del tribunal eclesiástico de la diócesis de Verona.
Por esa razón empezaron a difundir su historia. Con el apoyo de la organización norteamericana “Survivors Voice” organizaron una manifestación en las puertas del Vaticano y empezaron a trascender en los medios internacionales.
Francisco asumió en el 2013 cuando la acusación sobre la pederastia en el Provolo no era una novedad. Para las víctimas, no cabe duda de que Bergoglio conocía la situación a pesar de que no tomó cartas en el asunto hasta el momento en que la Justicia argentina acorraló a los acusados.
Para demostrar el conocimiento de la situación por parte de Francisco, las víctimas señalan un hecho: en 2013 un grupo de sobrevivientes italianos elaboró un informe en el que se
detallaba lo que les había sucedido. Aquella fue la única vez que recibieron una respuesta oficial, firmada por monseñor Ángelo Beccio, secretario para los Asuntos Generales de la Santa Sede. En el texto, las autoridades afirmaban su compromiso con “el apoyo al drama de las víctimas y la investigación de los casos”.
¿Por qué los antecedentes de las víctimas de abuso en Italia son relevantes para las causas argentinas? La Compañía de María, la congregación que funda el Provolo, es muy pequeña y ahora sólo tiene once miembros. Además, el flujo de párrocos entre Italia y Argentina siempre fue constante. Tanto que el cura Corradi, que era el director del Instituto en Mendoza, fue trasladado a nuestro país en la década del '80, luego de haber sido señalado como un cura pedófilo en su país. En el 2017 una cámara oculta grabó en Italia a Eligio Piccoli, sacerdote abusador del Provolo de Verona, donde admitía los crímenes y confesaba que los curas denunciados eran "trasladados a Argentina".
Tres años antes, las víctimas italianas realizaron un video -que asegu-
ran que vio Francisco- para difundir los nombres de los curas que habían abusado de ellos. Además de Corradi, mencionaban a Eliseo Primati y Luigi Spinelli, quienes también residían en la Argentina en ese momento. No sólo eso: en septiembre de ese mismo año otro ex alumno, Giuseppe Consiglio, consiguió un encuentro con el Papa y le entregó en la mano una carta donde se denunciaban los abusos. Carlos Lombardi, el presidente de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Argentina, es categórico: “El Vaticano siempre supo de los abusos y no hizo nada con los delincuentes”. El 25 de noviembre de 2016, en Mendoza, la impunidad de Corradi y sus cómplices comenzó a terminar. El periodista Julián Maradeo cuenta en su libro “La Trama” ese episodio clave: cuando Luis Batistelli, el presidente del Movimiento de Sordos, se acercó a la senadora provincial Daniela García para contarle lo que sucedía en la sede local del Instituto. “Usted nos tiene que ayudar con los niños y niñas. Hay abusos en un instituto y yo conozco
una persona que puede atestiguar”, le dijo Batistelli.
Lo que siguió fue vertiginoso. Se radicó la denuncia y de inmediato fueron detenidos Corradi y Corbacho. Luego la Justicia apresó a tres laicos que eran empleados del colegio (Jorge Bordón, Armando Gómez y José Luis Ojeda) y a la monja japonesa Kumiko Kosaka. Según Sergio Salinas, abogado querellante y presidente de la Xumek (Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos), la dificultad de esta causa radica en que las víctimas tienen serios problemas para comunicarse ya que el método de enseñanza del Provolo, hasta hace pocos años, no incluía al lenguaje de señas.
Cuando se hizo cargo de la querella Salinas elaboró, junto a su equipo, una lista de potenciales víctimas a partir de los testimonios que había. De las 229 personas que suponen que sufrieron abusos sólo encontraron a 28. “Todos confirmaban que habían sufrido lo mismo. Suponemos que hay muchos más que todavía no logramos ubicar”, asegura el letrado.
Esa búsqueda los hizo dar con Sgardellis, que en el 2013 había publicado en su cuenta de Facebook un contundente video donde conta- ba los abusos que había sufrido. El hombre nunca se imaginó que aquella grabación iba a ser clave cinco años después, cuando fue a declarar en la causa de Mendoza. Gracias a Sgardellis se abrió la investigación en La Plata.
A partir del 2017, cuando el escándalo del Provolo ya no podía esconderse más, aparecieron las autoridades eclesiásticas. En marzo, Francisco nombró a dos religiosos cordobeses para realizar una investigación preliminar de lo que había sucedido en Mendoza. Los párrocos designados fueron Juan Martínez y Dante Simón (ver recuadro). Los hombres fueron seriamente cuestionados por las víctimas y el abogado Salinas los denunció penalmente por obstrucción de la Justicia. En julio, el Papa volvió a hacer otro movimiento y nombró al obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, como “comisario apostólico”. El monseñor tenía que seguir de cerca las denuncias.
La actitud de Bochatey también es cuestionada por las víctimas y la querella. Según Salinas, el clérigo quería tener una reunión con las víctimas pero se negó a juntarse con él. “Le dije que me diera los expedientes que habían juntado Simón y Martínez, pero me dijo que no, que tenía una copia pero que no estaba autorizado”, asegura el abogado. A su vez, la