Luchar contra la corrupción
Cinco expertos debatieron sobre la importancia de fomentar la transparencia.
El martes 14, el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue el escenario donde se llevó a cabo el lanzamiento del Centro de Estudios sobre la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La entidad será conducida por el ex procurador del Tesoro y juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos Balbín.
El evento contó con la participación de diversos expositores invitados como el cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia; el vicedecano y profesor titular de la Facultad de Derecho de la UBA, Marcelo Gebhardt; la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio; y el ex miembro del histórico tribunal del Juicio a las Juntas, Ricardo Gil Lavedra. Además, dijeron presente destacadas figuras de la política, el ámbito académico y el Poder Judicial como el juez Roberto Gallardo o el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Maques; entre otros.
Frente a un auditorio repleto, Fontevecchia analizó la conexión entre la Justicia y los medios de comunicación e hizo hincapié en los negocios espurios que se dieron en la época del kirchnerismo: “Es muy importante la mirada en relación con la Justicia con el periodismo, y la corrupción. Los últimos años del gobierno anterior llevamos adelante una misión, que era tratar de construir las condiciones en la comunicación para algo parecido al 'Nunca más de la corrupción'. Nos parecía que se había llegado a un estado brutal que ameritaba, justificaba, poder pensar en algo similar”, dijo.
Por otro lado, remarcó la importancia de la comunicación, y el papel y el deber del cuarto poder a la hora de exponer y enfrentar la corrupción. “Me da la sensación de que claramente la lucha contra la corrupción no se destraba solamente con el Poder Judicial. Un punto central para el futuro es la centralidad que tiene la comunicación. El tema no se soluciona sólo con la Justicia. Es un tema cultural, interdisciplinario. Es imprescindible construir la narración que haga partícipe progresivamente a toda la sociedad de ese deseo de eliminar la corrupción. Me parece que es una gran batalla”. En este sentido, el CEO de Perfil Network recordó un encuentro que mantuvo con el juez de Brasil, Sergio Moro. “Me explicó que la clave para el avance del Lava Jato fue el periodismo porque, sin la opinión pública a favor, la causa no hubiese prosperado. Por eso, la corrupción no se soluciona sólo con la Justicia. Sino que es un problema cultural, interdisciplinario, y es imprescindible construir una narración que haga partícipe a toda la sociedad”, advirtió.
El cofundador de Editorial Perfil también destacó, en relación con el sistema democrático, que “la corrupción ataca la libertad de prensa”. También hizo un repaso por la historia del periodismo, y enfatizó: “A partir de que tenían que hacer publicidad, los medios pasaron a tener independencia. Sin independencia económica no hay independencia periodística. Y sin ella, no va a haber división de poderes. Enton
ces fíjense cómo el círculo se completa y qué hace la corrupción. En los países en donde está más alta directamente compran medios de comunicación”.
Por último, hizo referencia a la importancia de la creación del Centro de Estudios a la hora de defender la democracia: “Sin libertad de expresión, se ataca a la Justicia, y así se hace imposible una verdadera democracia como la conocemos en Occidente, con su división de poderes. Por eso me parece central el rol del Centro de Estudios”. REFERENTES. En el evento de presentación del Centro de Estudios sobre la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el vicedecano de la Facultad de Derecho de la UBA, Marcelo Gebhardt, subrayó el compromiso que la UBA mantiene con respecto a estudiar “la generalizada falta de transparencia de la gestión estatal que se propaga a los ámbitos privados y consecuentemente la proliferación de la corrupción”. El también profesor advirtió la necesidad de crear un espacio donde se puedan elaborar soluciones técnicas a cuestiones relacionadas a la corrupción.
En este sentido, Carlos Balbín detalló que la función de la entidad a su cargo será “construir un modelo regulatorio más transparente e igualitario”. Para lograr este objetivo, según el ex procurador del Tesoro y juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay que poner el foco en el acceso a la información pública; la regulación de los conflictos de intereses; la redefinición de los órganos de control; el régimen de extinción de dominio; las contrataciones estatales y la responsabilidad penal de las empresas.
Asimismo, describió que “el punto más crítico de la corrupción es que se transforma en desigualdad”.
La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, reveló que “los argentinos ubican a la corrupción entre el segundo y el quinto puesto entre los problemas que la gente prioriza”. No obstante, advirtió: “Los ciudadanos tenemos mucho que hacer. Porque si seguimos tolerando la corrupción y nos mantenemos indiferentes, la señal que mandamos a los actores políticos y económicos es absolutamente nefasta. Son el incentivo para que sigan comportándose de la manera en que lo han venido haciendo”.
Mientras que, para Ricardo Gil Lavedra, “hay elementos que llevan a tener esperanzas en el avance de esta lucha como es la ley del arrepentido o la ley de la recuperación de activos. Por eso, deseo que desde el Centro de Estudios se pueda realizar algún aporte útil para las políticas que tiene que hacer el Estado argentino para que podamos vivir en un país mejor”, indicó.
La entidad contará con un Consejo Asesor del que, además de Gil Lavedra y Ferreira Rubio, forman parte el ex Titular de la Auditoria General de la Nación (AGN), Leandro Despouy; la Diputada Nacional por la Ciudad, Paula Oliveto; el profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo (UP), Roberto Saba; el Director Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Böhmer, y la Prosecretaria de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, Natalia Volosin.