DATOS PERSONALES: PETROLEO 4.0
El Estado recolecta información sensible mediante sus apps. Legislación obsoleta y el riesgo de la manipulación.
Para saber qué colectivo tomar, para conocer el mercado más cercano, para comparar precios, para buscar mascota, para hacer una denuncia vial. El Estado Nacional -al igual que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires- decidió digitalizar sus servicios y convertirlos en aplicaciones móviles. Las hay para todos los gustos y no hay dudas de su utilidad. Sin embargo, los especialistas en materia de protección de datos personales encendieron las alertas. Cada vez que descargamos una app, al aceptar los términos y condiciones, otorgamos de forma voluntaria una gran cantidad de información: desde nuestra ubicación en tiempo real hasta nuestros números de teléfonos y correos electrónicos. ¿Quién accede a esos datos?, ¿quién los protege?
A pesar de que en el Gobierno insisten en no crear fantasmas alrededor de estas aplicaciones, cuya misión es -según un funcionario del Ministerio de Modernización- “simplificar la vida de la gente y destrabar cuestiones burocráticas”, el debate está instalado a nivel mundial. Ya en el 2017, un artículo en The Economist planteó que los datos personales son el petróleo del siglo XXI por su relevancia política y económica. Y ahora el documental de Netflix “Nada es privado” alimentó las sospechas sobre el riesgo de la manipulación electoral que se puede hacer con bases de datos jamás vistas en la historia.
En Argentina, la situación puede tomar mayor gravedad si se tiene en cuenta que la legislación que protege estos datos sensibles es obsoleta: fue sancionada en el 2001 cuando ni siquiera existía Facebook.
La discusión sobre este tema se reavivó con la aplicación del Gobierno nacional "Mi Argentina" que pretende aglutinar todos los trámites de los ciudadanos. Esta plataforma, que pretende convertirse en la madre de todas las apps oficiales, amplía sus posibilidades semana a semana. El objetivo, según sus desarrolladores, “es que los ciudadanos puedan salir a la calle con todos sus papeles ahí, desde el DNI hasta el pasaporte, y que se use para hacer trámites como sacar turnos en hospitales, por ejemplo”, indican fuentes oficiales (ver recuadro).
Para los expertos, que ya venían poniendo el ojo en el resto de las aplicaciones estatales, que toda la información de un ciudadano esté condensada en un único sitio la hace más peligrosa. Eduardo Bertoni, el director de la Agencia de Acceso a la Información Pública y el único funcionario que accedió a hablar en on con NOTICIAS, pone paños fríos sobre estos miedos: “Las aplicaciones del Estado tienen el mismo control que las privadas”.
CONTROVERSIAS. En cuatro salas que ocupan 4.500 metros cuadrados, en la que se incluye un área de máxima seguridad, el Centro Nacional de Datos de ARSAT guarda la mayoría de los datos personales que el Estado Nacional tiene de sus ciudadanos. Es uno de los datacenter más importantes de la región y allí, entre otras, se aloja la base de datos de Mi Argentina. “O sea, es un hermoso punto de ataque para quien quiera hacerse de esa base de datos”, insiste Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, creada para velar por los derechos en entornos mediados por tecnologías de información.
Fuentes oficiales insisten con que la información que contienen las aplicaciones -en su mayoría- es la misma que el Estado tiene en sus organismos y que, lo único que cambió, es
la posibilidad de visualizarlos ahora desde el teléfono. Para Busaniche, no es una cuestión menor: “Son datos que el Estado recolectó con fines diferentes. Una cosa es si estoy en la base de reincidencia criminal, otra es mi trayectoria educativa, otra es si tengo licencia. Esa información no tiene por qué estar toda junta ni al alcance de personas ajenas a los organismos que la recolectaron”, insiste.
En la misma línea opina Martín Becerra, investigador del CONICET y especialista en industrias culturales: “Las aplicaciones deben guiarse tanto por los Estándares Iberoamericanos de Protección de Datos Personales como por el fallo ‘Torres Abad’. Es decir, el Estado no puede usar indistintamente los datos personales de la ciudadanía según capricho del Gobierno y eso es lo que plantea la app Mi Argentina”. El fallo al que hace alusión consideró, en segunda instancia, que una dependencia no puede usar el mail y el número de teléfono que una entidad recogió con un fin para que otra los utilice con otro (ver recuadro).
CONTROL. Los especialistas cuestionan que la Agencia de Acceso a la Información Pública esté, desde 2018, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. “La autoridad de protección de datos, lejos de la independencia funcional que establecen los estándares y que señalan las buenas prácticas en, por ejemplo, el reglamento europeo, depende del Jefe de Gabinete. Está subordinado al gobierno de turno”, dice Becerra. Busaniche agrega: “La Argentina, que junto con Uruguay fue el primer país de la región en obtener una homologación con la Unión Europea en materia de protección de datos, está a punto de perder ese acuerdo porque la autoridad de aplicación no es autónoma del poder político. ¿Cómo un director va a ponerle límites a Marcos Peña?”.
Bertoni, el director cuestionado, niega este riesgo: “El proceso de adecuación que se está siguiendo con la Unión Europea marcha bien y no hemos tenido ningún indicio al respecto desde fuentes oficiales”, dice y subraya que durante el 2017 “se renovaron los protocolos de seguridad mediante una resolución específica de tratamiento de datos personales”.
ADVERTENCIAS. El debate tiene implicancias concretas. Según datos oficiales, en el país hay unas 60 millones de líneas de celulares y alrededor de 38 millones de argentinos hacen un uso frecuente de móviles. Las aplicaciones, que para funcionar acceden a la ubicación, a la cámara, a la tarjeta SIM y demás, ya son una herramienta de uso permanente.
Los riesgos son tan reales que ya hay antecedentes. El caso de BaWifi de Ciudad de Buenos Aires es uno: hasta marzo del 2018, la app tuvo amplias facultades para obtener datos de sus usuarios quienes, cuando aceptaban sus términos, expresabn su "conformidad para la utilización y difusión de sus datos e imágenes (foto y voz) por los medios publicitarios y de comunicación". Es decir, el usuario podía convertirse en rostro
de una publicidad sólo por acceder a Wifi durante un viaje en subte. Fue el legislador Mariano Recalde quien presentó un pedido de informes que acabó con la modificación de esos términos. “Quedó un período entre que comenzó a funcionar el servicio y la modificación del contrato en el cual desconocemos qué destino se le dio a esos datos”, afirma Recalde a NOTICIAS. Funcionarios de la Ciudad no respondieron las consultas de esta revista.
Por eso, Busaniche insiste en un tema fundamental: “Tenemos que saber, si mañana se filtran esos datos, por qué manos pasan o qué permisos tienen las personas que acceden. No es lo mismo que los pueda ver un ministro que el último funcionario de la planta permanente”. En esta línea, advierte que los riesgos pueden ser variados: “Puede haber manipulación, ya sea con fines electorales y políticos como comerciales. Uno puede ir más allá y pensar en servicios de inteligencia o criminales. Hay información valiosa para seguros, bancos o prepagas”.
Desde Mi Argentina aclararan que los datos están resguardados con un sistema de seguridad (Tier III) y que trabajan junto al área de ciberseguridad de Arsat. Igual, todos los desarrolladores pueden ver esos datos sin dejar constancia por escrito. “Si uno quisiera hacer una maldad, probablemente la podría hacer. Hay hackers y tipos que se dedican a esto, pero nosotros trabajamos con la legislación vigente”, dicen desde el equipo y agregan: "Las apps estatales no son diferentes a las privadas" y menos aún si se las compara con las de Google, Facebook o Instagram. En definitiva, la información personal está a merced de la buena voluntad de funcionarios y empresarios.