Residuos peligrosos
Ante la posibilidad, tal y como surge de la letra fría de la norma, de que la Argentina podría comenzar a importar basura relajando las exigencias ambientales, se encendieron las alarmas.
El decreto 591/19 sobre residuos peligrosos es el centro de la polémica desde el pasado 27 de agosto, cuando fuera publicado en el Boletín Oficial. Ante la posibilidad, tal y como surge de la letra fría de la norma, de que la Argentina podría comenzar a importar basura relajando las exigencias ambientales, se encendieron las alarmas: organizaciones no gubernamentales, especialistas en medio ambiente y representantes de de la espera política están en movimiento para intentar poner un freno a la iniciativa. El nuevo decreto modifica los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos 24.051 del año 1992, para permitir el ingreso de "sustancias y objetos", procedentes de otros países.
¿Para qué importar basura cuando en la Argentina sobra, porque en su gran mayoría no es tratada ni reciclada? ¿Por qué limitar o eliminar el control sobre los posibles residuos tóxicos? Estas son apenas un par de las dudas que despierta el decreto.
Fernando "Pino" Solanas, senador nacional por Proyecto Sur, fue uno de los primeros en reaccionar y el 5 de septiembre presentó un proyecto de ley para derogar el decreto. “Es inconstitucional e irracional tanto desde el punto de vista ambiental como del económico. Resulta disparatada la importación de basura, aún si es reciclable. Argentina tiene, según datos oficiales, 5.000 basurales a cielo abierto y la mayor parte de los residuos reciclables no vuelven al sistema por la deficiente gestión de residuos”, señala en los fundamentos que acompañan el pedido de derogación. “Estamos muy lejos de tener un óptimo tratamiento de nuestros propios residuos como para siquiera pensar en importar: tenemos miles de toneladas de reciclables en nuestra propia basura que podrían satisfacer la demanda interna”, explica.
A él se sumó Myriam Bregman, candidata a diputada nacional por el
Frente de Izquierda, que presentó un pedido “para que Macri dé explicaciones sobre el decreto que autoriza la importación de basura sin control, que implica un retroceso para el medio ambiente y un perjuicio para quienes aportan al reciclado urbano de los residuos que ya existen”.
Por último, Greenpeace, en conjunto con las federaciones cartoneras y la Asociación de Abogados Ambientalistas, presentó un recurso administrativo de revocación del decreto ante el Poder Ejecutivo y, de no surtir efecto, judicializarán la situación presentando un amparo, según confirmó a NOTICIAS Leonel Mingo, vocero de la ONG.
Desde el gobierno niegan estas versiones. Sergio Bergman, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, aseguró a NOTICIAS: “No estamos en condiciones de que se haga una discusión ideológica de un debate lógico. El argumento de que vamos a ser el basurero del mundo es falaz. No lo habilita el decreto y no se cambió la ley. Bajo ningún punto de vista está permitido importar basura ni se bajan los estándares”.
Así las cosas, el debate terminó generando un conflicto en el que se cruzaron cuestiones técnicas y políticas.
DISPUTA. La eliminación del certificado de inocuidad sanitario y ambiental que exigía un decreto de 1992 para que otros países enviaran residuos a la Argentina fue lo que causó mayor sobresalto. Especialistas en temas de reciclaje de residuos señalaron a NOTICIAS: “Tal como está planteado el decreto, es dable pensar que importar basura es un negocio que alguien está pidiendo, porque no se estaría importando basura a granel, dado que eso implicaría llenar basurales que ya poseemos: el Ceamse trata 17.000 kilos de basura, solo en el área metropolitana. De modo que el decreto no está dirigido a la basura diaria sino, tal vez, a un insumo para algún proceso industrial. Y si esta necesidad existe, ¿por qué no lo extrae de nuestra basura?”.
En ese sentido, Bergman afirma que "el decreto busca darle una solución a la industria", razón por la cual fue trabajado con el Ministerio de Producción y Trabajo, y firmado por su titular, Dante Sica. “Esto es una respuesta a la producción, no
es un cambio de política con los residuos. Hace muchos años que los países cambiaron sus normas, nadie emite más certificados de inocuidad, entonces no se puede importar. Lo que se hizo, trabajando con normas internacionales, con producción, con la industria nacional -que es la que reclamaba- fue ajustarse a la norma internacional para ser compatible, porque estábamos 27 años atrás”, aduce el funcionario.
Pero frente a la pregunta de por qué no se usa la basura en exceso que se produce en la Argentina, afirma: “No se está importando basura sino residuos valorizados y la responsabilidad de que no haya basurales no es del gobierno nacional, es de los intendentes. Y los estamos ayudando”.
¿BASURA O INSUMOS? Las discusiones en torno al decreto se centraron en la problemática que implica la flexibilización para importar residuos. Sergio Federovisky, presidente de la fundación Ambiente y Medio, y ex presidente de la Agencia Ambiental La Plata, analizó la situación. “Todo depende de para qué se importe la basura, porque hoy por hoy la basura es un insumo. La gran pregunta que nadie se hace es qué tipo de insumo se pretende importar, porque no lo sabemos. Es preocupante que el decreto deja abierta una zona muy gris desde el punto de vista normativo. Alguien podría argumentar que puede llegar a importarse basura llave en mano, sin preguntar para qué viene”. Y agrega: "Es preocupante que el decreto no solo habilita sino que fundamentalmente debilita los estándares de exigencia para importar deshechos. Y al hacerlo uno puede presumir que el insumo que se está por importar es uno que muy probablemente sería catalogado de peligroso".
Según Bergman el decreto se apoyó en dos pilares. Por un lado, adecuar las normas que había en el país a los estándares internacionales. Por otro, basarse en los conceptos de economía circular y residuos valorizados. “Este decreto que parece muy técnico en el lenguaje coloquial entra dentro de lo que se denomina economía circular. Circular de reducir, reciclar, reutilizar”, explica y ejemplifica con un caso particular. En Argentina está prohibido importar neumáticos. Pero si se aplica una tecnología que permita llegar al caucho y fundirlo -es decir, convertirlo en partículas-, se podría transformar en un nuevo insumo que sí podría importarse si cumpliera con los cuatro puntos que se especifican en el artículo 2 del polémico decreto. “La norma dice: decime qué industria, quién lo necesita y para qué, y validame que no lo puede conseguir en la Argentina. Solo en ese caso, si no lo puede tener y demuestra que es un residuo que fue valorizado con una tecnología probada, que se transformó en un insumo productivo de la economía circular para no tener que utilizar materia prima virgen, entonces yo te permito la importación”, grafica el funcionario.
CONTEXTO GLOBAL. Según afirman desde el gobierno, para actualizar la norma se tomaro en cuenta otras, a nivel internacional. Y quienes determinarán si los residuos cumplen con las exigencias ya no será solo la Aduana sino también Ambiente y Producción y Trabajo. Sin embargo, los ambientalistas tienen sospechas en ese punto.
“El gobierno obviamente tiene excusas y hay que leer bien entre líneas, porque no depende del país receptor lo que te mandan, depende del país vendedor -puntualiza Leonel Mingo, desde Greenpeace-. O sea, vos podes pretender comprar solo material inocuo, podes realmente tener esa intención, pero no sabes lo que recibís. Se revisan acá a ver si tienen alguna sustancia tóxica o contaminante. Lo que implica que si llegara a haber, no lo podes devolver.”
La gran pregunta es qué se permitiría ingresar al país: la calidad de las sustancias queda en manos del país vendedor.