PIQUETES Y DEUDA
El ministro Guzmán respetó los criterios que Alberto Fernández había planteado en su medular discurso ante el Congreso y dejó en claro que las nuevas autoridades van a resolver el default que dejó Macri. No hay riesgo de default, Macri ya defaulteó. Guzmán dijo que para pagar hay que crecer y que no hay ninguna posibilidad de mantener el ajuste en 2020. En ese marco se inscriben planteos que señalan que la Argentina debe suspender los pagos en los primeros dos años para comenzar un proceso de recuperación que le permita consolidar, Con el crecimiento del
PBI habrá un superávit fiscal y externo que permita sostener los pagos de deuda. La decisión es poner en el centro la cuestión social para aumentar el consumo y reactivar la producción, aprovechando la capacidad ociosa disponible. Estos objetivos estarían contenidos en una ley de la solidaridad y la reactivación productiva que se enviaría al Parlamento.
La ética de la solidaridad fue un eje planteado por el Presidente, señalando la responsabilidad que en esta hora tienen aquellos que exhiben una buena situación económica. Tienen que aportar solidariamente y no discutir a la vera de las rutas la posibilidad de piquetes frente a la eventual aplicación de retenciones. Esta ley garantizaría financiamiento con dirección a la asignación universal, los haberes jubilatorios y los salarios de los estatales. No se explicitó si la idea es impulsar aumentos o el pago de un bono por una sola vez. El ministro completó su conferencia diciendo que el cepo sigue, que la idea es impulsar un plan integral elaborado por la Argentina y no por organismos externos y que se crearía una unidad para la sostenibilidad de la deuda pública con una comisión asesora integrada por ex secretarios de Finanzas. No quedó claro ese punto ya que los ex secretarios fueron en muchos casos los que participaron e impulsaron el endeudamiento. La única comisión que habría que crear es la que audite la deuda. Si el gobierno recibe un aumento de la deuda de poco más de US$ 100.000 millones, de los cuales se fugaron 86.000 millones y el acuerdo con el FMI está flojo de papeles en relación a la legalidad argentina y en lo referente al estatuto del propio FMI, lo lógico es suspender los pagos en el marco de la investigación del endeudamiento. Esta decisión fortalecería la capacidad de negociación con el FMI y los acreedores privados