Kirchneristas que miran al Norte
Cristina habló en nombre de muchos políticos, comenzando por ella misma, cuando aprovechó la oportunidad que le brindó una de las causas más flojas que enfrenta.
Cristina habló en nombre de muchos políticos, comenzando con ella misma, cuando aprovechó la oportunidad que le brindó una de las causas más flojas que enfrenta, la del dólar futuro, para recordarle al país que si bien hay muchos corruptos en las filas de la corporación a la que pertenece, también los hay en el Poder Judicial, motivo por el que, según ella, sus integrantes no tienen ningún derecho a juzgarla. Si bien muchos tomaron su alusión a la corrupción política por una confesión a medias, en cierto modo tiene razón; puesto que les corresponde a los políticos designar a los jueces, es natural que muchos compartan los vicios de sus padrinos.
Puede entenderse la frustración que siente Cristina por la actitud asumida por aquellos jueces que se niegan a obedecerle. Sabe muy bien que una alta proporción de los magistrados del país debe sus cargos a su propia benevolencia o a la de su marido fallecido. Los cree moralmente obligados a darle algo a cambio. Sin embargo, por perverso que le parezca, algunos insisten en tomar en serio las acusaciones en su contra que podrían llevarla a la cárcel. Parecería que a tales ingratos les importa más la función que desempeñan que la lealtad. Desde el punto de vista de la señora, tanta lesa majestad es escandalosa, indignante.
Por desgracia, no hay forma de despolitizar la Justicia por completo. Con todo, aunque siempre ha habido jueces y fiscales que han privilegiado los intereses de quienes los nombraron, los han acompañado otros que, por amor propio, se separaron de ellos para anteponer su compromiso con la ley a sus preferencias políticas. Es gracias a los resueltos a independizarse que la división de poderes sigue siendo algo más que una teoría reivindicada por constitucionalistas, una que, en opinión de Cristina y, tal vez, del profesor de derecho más célebre y más locuaz del país, Alberto, creen antidemocrática. Quisieran que todos los jueces dependieran del voto popular, es decir, que se transformaran en políticos comunes que subordinarían casi todo a sus propias perspectivas electorales, una eventualidad que, de concretarse, podría costarle muy caro a Cristina ya que no hay garantía alguna de que se eternice la hegemonía peronista. Acaso les convendría a los dos preguntarse qué sucedería si, después de producirse una convulsión económica, social y política de dimensiones parecidas a la de dos décadas atrás, la gente optara por llenar los tribunales de militantes antikirchneristas furibundos.
Tanto
la Constitución nacional como la formación del Poder Judicial se inspiraron en sus equivalentes norteamericanos. Lo que sucede en la superpotencia sigue incidiendo en la política local. Hay que prestar atención, pues, a lo que están haciendo los miembros del ala más combativa del Partido Demócrata. Convencidos de que les será fácil manipular al débil presidente Joe Biden, están presionándolo para que ponga en marcha una reforma radical de la Corte Suprema de su país. Su prioridad consiste en privarla de la mayoría conservadora que, merced a Donald Trump, se fortaleció mucho en los años últimos. De prosperar las iniciativas en tal sentido, Cristina y compañía creerán tener el aval moral y político que necesitarían para hacer lo mismo con todo lo vinculado con la Justicia local incluyendo, desde luego, una Corte Suprema que se niega a dejarse disciplinar por el Poder Ejecutivo.
Aunque hay indicios de que Biden y algunos colaboradores que no han vacilado en apoyar a la oposición venezolana tienen dudas en cuanto a la vocación democrática del gobierno de Alberto y Cristina, en el variopinto movimiento que lo apoyaba en la campaña electoral hay sectores contestatarios que lo consideran un carcamán derechista y apuestan a que, por motivos de salud, en cualquier momento deje la presidencia en manos de la vicepresidenta Kamala Harris. A su manera, los activistas de la nueva izquierda estadounidense -que tienen muy poco en común con los socialistas de otros tiempos- se asemejan a los pensadores del Instituto Patria. Como los ultras del kirchnerismo, no los une el amor por una utopía imaginaria sino el odio que sienten por el país que efectivamente existe. Quieren desmantelarlo pedazo a pedazo.
Según los alarmados por lo que está gestándose, políticos como la joven Alexandria Ocasio-Cortez y sus compañeras de “la escuadra” son militantes de una ideología llamada “woke” -que quiere decir algo como “despierto”-, conforme a la cual la sociedad norteamericana es tan estructuralmente racista que la mayoría de los beneficiados por la blancura de su piel es inconsciente de los privilegios de que disfruta y por lo tanto necesita ser “reeducada” o “deprogramada”. Dan por descontado que, además de ser “racistas” congénitos sin saberlo, los norteamericanos del montón, sobre todo los que apoyan a Trump, son machistas, homófobos, enemigos natos de los transexuales y tan reaccionarios que siguen admirando a sujetos como George Washington y Thomas Jefferson que eran esclavistas de opiniones deplorables que por lo tanto merecen ser borrados de la historia universal.
Aunque
es fácil mofarse del culto así supuesto, ha conquistado muchos campus universitarios elitistas en que han proliferado cursos que sirven para adoctrinar a los estudiantes, cuenta con el apoyo de los dueños de los gigantes tecnológicos y, será de suponer por razones meramente publicitarias, de los CEO de muchas grandes corporaciones que no vacilan en castigar a aquellos empleados que se animan a cuestionar las verdades “woke”. Están a favor de la censura porque, dicen, les preocupan las “micro-agresiones” verbales, de ahí la voluntad de “cancelar” a los heterodoxos culpables de ofender a la gente de bien. Es lo que Twitter hizo a Trump, nada menos.
Puede que el fenómeno, que muchos encuentran ridículo, resulte ser pasajero, pero por ahora cuando menos los “woke” dominan los estratos más prestigiosos del mundo académico y tienen defensores fervorosos en medios periodísticos tan influyentes como el New York Times y el Washington Post que no carecen de sucursales virtuales en el resto del planeta que se encargan de difundir las opiniones que están en boga en la superpotencia.
Un destino es la Argentina que siempre ha sido una gran importadora de esquemas políticos e ideológicos extranjeros, sin excluir a los relacionados con el nacionalismo. Es por lo tanto comprensible que no tardaran en abrirse camino aquí bajo la égida del kirchnerismo novedades de origen norteamericano, como los “matrimonios igualita
rios”, distintas variantes del feminismo, los esfuerzos por purgar el idioma de resabios patriarcales sustituyendo la notoriamente sexista letra O por la presuntamente neutral pero, por desgracia, impronunciable X y el “lawfare”, especialidad ésta de abogados y magistrados demócratas en Estados Unidos que lo usaban para desautorizar medidas impulsadas por el entonces presidente Trump.
Para los kirchneristas, los “woke” norteamericanos son aliados espirituales. Será por tal motivo que el senador kirchnerista Oscar Parrilli dejó boquiabiertos a muchos al decir que a Lázaro Báez “lo condenaron por morocho, es un fallo racista”. Sus palabras hubieran parecido perfectamente normales en Estados Unidos, donde abundan los obsesionados por las características étnicas de los distintos personajes, pero aquí sonaban desubicadas. Sea como fuere, según los criterios norteamericanos vigentes, Parrilli mismo sería “de color”; hace poco, la bien conocida revista hollywoodense Variety calificó así a la actriz rubia Anya Taylor-Joy que, si bien nació en Miami, tiene raíces argentino-británicas. Parecería que entre los “progresistas” de Estados Unidos, cualquier vínculo con un país latinoamericano como la Argentina significa que uno es “de color”. Ha st a
a hora, no han prosperado los esfuerzos por parte de personajes como Luis D’Elía de cavar profundas grietas raciales en la Argentina, pero lo dicho por Parrilli hace sospechar que algunos kirchneristas están pensando en intentarlo con la esperanza de consolidar su influencia sobre las partes más pobres de la sociedad atribuyendo sus desgracias a “los blancos”. En Estados Unidos, la estrategia así supuesta sigue brindando buenos resultados a los demócratas, si bien en las elecciones del año pasado más negros y “latinos” que antes votaron a Trump, acaso por haber llegado a la conclusión de que las clases sociales aún importaban mucho más que la pigmentación.
El nuevo progresismo norteamericano ha remplazado la “lucha de clases” binaria que fascinaba a los contestatarios de generaciones anteriores por un grado similar de conflictividad basada en la política de identidad en que distintas “minorías” étnicas, sexuales y religiosas compiten por el honor de haber sido las víctimas peor tratadas del viejo orden. Lograron propagar un sentimiento de culpabilidad entre muchos millones de personas que asistieron pasivamente a los disturbios violentos que el año pasado siguieron a la muerte de un delincuente negro a manos de un policía blanco, pero es probable que tarde o temprano se produzca una reacción poderosa que beneficie a Trump o a uno de los muchos republicanos que entienden que no fue por sus propios méritos que el magnate alcanzó la Casa Blanca sino por la arrogancia insoportable de sus adversarios supuestamente progresistas e ilustrados.