La revancha de la Corte
Rosatti y los supremos definieron la agenda 2023. Las causas que preocupan al Gobierno.
Desde que el Gobierno decidió mover la primera ficha del año, con el pedido de juicio político que Alberto Fernández hizo sobre la Corte Suprema el 1 de enero, la expectativa está puesta en cuál será la respuesta del máximo tribunal de Justicia.
En febrero los cuatro cortesanos se volvieron a encontrar en el Palacio de Justicia y empezaron a tejer lo que será un 2023 cargado de idas y vueltas. En Casa Rosada estudian sus movimientos y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta espera una reacción, pero los supremos van a digerir lentamente la avanzada K. La Corte sólo habla a través de sus fallos. Y tienen mucho para decir.
La primera reacción del máximo tribunal de Justicia sería en respuesta a los planteos de nulidad y recusación que hizo Nación para evitar cumplir con el fallo de los fondos coparticipables con CABA. Pero la cuestión no se agotará ahí: hay causas clave que esperan sentencia y que podrían complicar aún más la situación judicial de Cristina Kirchner. Es por eso que en una entrevista con El Destape la directora de Asuntos Jurídicos del Senado Graciana Peñafort avisó: “Van a venir fallos polémicos. Vendrán más sentencias adversas”. El kirchnerismo sólo puede esperar malas noticias, si la Corte decide llevar a cabo su venganza.
CONTRAGOLPE. Tras la feria judicial, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti volvieron a cruzarse en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Los primeros días fueron para realizar encuentros bilaterales donde se empieza a tejer la agenda de un año particular, cruzado por las elecciones. Fijaron la primera reunión de acuerdos para el jueves 9. Allí podrían aparecer definiciones sobre la coparticipación. En esa misma fecha, los diputados de la comisión que acusa a los supremos, votarán la admisibilidad o no del juicio político. Será un día de máxima ebullición en los tres poderes del Estado.
En la primera parte del año, el máximo órgano de Justicia sumaría a la definición de la ejecución de los fondos coparticipables, la conclusión sobre quiénes son los senadores que formarán parte del Consejo de la Magistratura. Es que el kirchnerismo quiso meter a Martín Doñate con una maniobra polémica y los cortesanos decidirán si le toman o no juramento. Cada una de esas definiciones significaría un nuevo cruce contra el Frente de Todos.
Pero además hay un capítulo especial con Cristina: ya tienen el expediente de Dólar futuro para decidir si dejan firme el sobreseimiento de la vice o reabren la causa. En el kirchnerismo ese caso no preocupa demasiado: sí están atentos al devenir de Hotesur- Los Sauces, que hoy está en Casación y pronto podría llegar a
manos de Rosatti y compañía.
También tendrán que fallar acerca de la legalidad o no de la doble pensión que cobra Cristina. Una como ex presidenta y otra por el mandato de Néstor, que suman más de seis millones de pesos por mes. En la oposición dudan de la legalidad del asunto.
En los pasillos de la Corte se analiza con cautela la situación a la que los arrastró la política. Tras la presión mediática a la que fueron sometidos, si fallan a favor del Gobierno les dirán que les torcieron el brazo y si, por el contrario, dictaminan en contra otra vez asegurarán que es parte de la guerra judicial. Cada expediente es un arma de doble filo.
AVANZADA K. El kirchnerismo apunta al efecto desgaste. Saben que el objetivo final del proyecto de destitución de los supremos es de imposible ejecución. Pero apuestan a estropear la imagen del máximo tribunal con el juicio político: “Van a aparecer cosas importantes: hay secretos muy bien guardados”, disparó el juez porteño Juan Ramos Padilla contra la Corte. Y completó, en declaraciones a Radio 10: “Se puede conocer qué pasa con los ‘fondos anticíclicos’ que manejan y no se sabe dónde están”.
El tratamiento del juicio político se inició el último jueves de enero y siguió una semana después. Más allá del dictamen favorable que pueda conseguir la comisión, donde el oficialismo tiene mayoría, la búsqueda será citar a los cortesanos y a sus allegados para exponerlos a una batería de preguntas. El problema del plan es que los acusados no tienen la obligación de concurrir y, se sabe, ya tomaron la decisión de no hacerlo.
Mientras tanto, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, amplió la recusación “por razones de decoro” contra los cortesanos, tras la filtración de chats que vinculan a Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, con el exministro de Justicia porteño Marcelo D’Alessandro. El Gobierno quiere que se elijan conjueces para revisar la causa de coparticipación.
Para que la presión dejara los límites del Congreso, organizaciones sociales y gremiales cercanas al Frente de Todos realizaron una marcha el miércoles 1 de febrero. Se juntaron en plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, bajo la consigna “fuera la mafia judicial”. También tuvo pequeñas réplicas en distintas ciudades del país: incluso en Santa Fe, el lugar de origen de Rosatti.
En la Corte le bajan el precio a la disputa. En un año electoral, confían en que pronto dejarán de ser el centro de atención. Miden cada palabra porque entienden que tendrán que ser extremadamente tiempistas para no caer en la trampa a la que insisten en llevarlos desde el Gobierno. ●