Hasta la Cámara dejó afuera a Bruglia y Bertuzzi
Los camaristas federales Martín Irurzun y Mariano Llorens definieron las autoridades del tribunal y excluyeron a los magistrados trasladados en forma irregular durante el gobierno de Mauricio Macri.
Mientras los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi insisten en pedir que la Corte Suprema respalde sus designaciones por traslado en la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py, adonde los llevó irregularmente el gobierno de Mauricio Macri, en ese mismo tribunal los dos otros dos integrantes que están en funciones, Martín Irurzun y Mariano Llorens, firmaron una acordada que da por hecho que no pueden volver a esos cargos, tal como dispusieron el Senado, un decreto del Poder Ejecutivo, una jueza en lo contencioso administrativo y la Cámara de Casación Penal. La indicación que surge de todas esas instancias es que deben volver a sus puestos de origen: Bruglia al Tribunal Oral Federal 4 y Bertuzzi al Tribunal Oral Federal
1 de La Plata. En la Cámara Federal hay, incluyendo estas dos, cuatro vacantes. El Consejo de la Magistratura avanza con el concurso para dos de esos lugares, aunque aún no confeccionó las ternas definitivas, y este jueves discutiría si suma las dos que corresponderían a los jueces que intentan atrincherarse. También podría ser sólo una, ya que está en veremos si vuelve Eduardo Farah a la Cámara, de acuerdo a lo que defina el Senado.
La decisión tomada por Irurzun y por Llorens –quien tiene covid19 pero está trabajando desde su internación– es designarse a sí mismos como subrogantes en los lugares que ocupaban Bruglia y Bertuzzi. También se ponen cada uno como presidente de una sala. Dicen que tuvieron en cuenta lo que resolvió Casación y los decretos del Ejecutivo, que dejaron sin efecto los traslados de ambos jueces. También dicen que tienen en claro que hay “reclamos judiciales pendientes”, en alusión a los per saltum que los jueces cuestionados presentaron en la Corte y al amparo que debe resolver la Cámara en lo Contencioso Administrativo, sobre la validez de esas designaciones, que el Consejo de la Magistratura cuestionó porque no tenían acuerdo del Senado.
La Cámara Federal tiene seis cargos y en este escenario Irurzun y Llorens son los únicos que quedan. La realidad es que estos dos jueces nunca avalaron el mecanismo de traslado para hacer designaciones en ese tribunal. Irurzun lo dejó asentado tanto cuando fue nombrado Bruglia como cuando lo fue Bertuzzi. Llorens lo hizo en el segundo caso, ya que antes todavía no había sido designado camarista. Por lo tanto, la acordada de esta semana no hace más que ratificar con datos actuales algo que ya habían sostenido. Cuando el Consejo de la Magistratura en 2018 les pidió opinión sobre el traslado de Bertuzzi, ambos coincidieron en que el mecanismo para cubrir vacantes debe
Irurzun y Llorens nunca avalaron el mecanismo de traslado para hacer designaciones en la Cámara Federal.
ser el que impone la Constitución y que, además, lo ratificó la Corte Suprema en dos acordadas (la 4 y la 7 de aquel mismo año).
Tanto Irurzun como Llorens decían que el “traslado” defintivo es una modalidad prevista, pero que no estaba justificada en el caso de la Cámara, entre otras razones porque ya se había convocado a concurso para cubrir las vacantes y que se habían anotado más de noventa aspirantes. Señalaban que la actividad del tribunal tampoco es que estaba paralizada por la falta de jueces, y que la Corte lo que pedía era que se apurara el proceso de selección. “Me opongo al pedido de traslado”, sostuvo Irurzun y adhirió Llorens. Bruglia, que en ese momento integraba la cámara, firmó a favor del traslado, como es evidente.
El otro juez que pugna por quedarse, en su caso en el Tribunal Oral Federal 7, que tramita la causa de los cuadernos, Germán Castelli, consiguió una licencia en su tribunal de origen, en San Martín, hasta el 6 de octubre. Bruglia y Bertuzzi esperan que la Corte les responda a pedidos similares: intentan estar de licencia hasta que se defina la discusión judicial sobre sus traslados.
Por ahora lo que hay en el horizonte es que los supremos, por decisión del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, tendrán un acuerdo el martes próximo donde dirán si admiten o no el per saltum. Nadie se opuso, porque es uno de los pocos casos en el titular del máximo tribunal tiene la facultad de tomar una decisión en soledad, unilateral. No está claro qué puede pasar el martes próximo. Hasta ahora todo apuntaba a que una mayoría quería esperar a que llegara el amparo que tramita en el fuero contencioso, para lo cual falta que se expida la Cámara, lo que puede tardar unos diez o quince días más. Rosenkrantz está subido a una campaña fogoneada por algunos medios, como Clarín y La Nación, que intentan instalar esta discusión como un gran tema político. A sus colegas les dijo que tenía “un capital reputacional” que cuidar, contaron fuentes cortesanas a este diario, y les planteó que toda la Corte debería cuidar su reputación, avanzando en una resolución del tema. Prometió circular una propuesta a lo largo de esta semana, seguramente a favor de abrir el recurso de salto de instancias.
Mientras tanto, algo relevante podría ocurrir en el Consejo de la Magistratura. Allí está avanzado el concurso para dos cargos en la Cámara Federal, pero aún no se concretó la elaboración de las ternas. El órden de mérito de los primeros puestos por ahora está así: Diego Amarante, Roberto Boico, Alejo Ramos Padilla, Pablo Yadarola, Federico Feldtmann, Ivana Quinteros. Pero se viene una discusión aparte que es si se deben sumar a este concurso más vacantes, ante la salida de Bruglia y Bertuzzi, cuya discusión judicial no está saldada. Y a eso se agrega un factor más: entre los pliegos de traslados que analiza el Senado, está el de Eduardo Farah, que fue integrante de la Cámara Federal pero pidió su traslado ante una sucesión de presiones políticas recibidas luego de conceder la libertad a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, del Grupo Indalo. Farah –que ahora está en un tribunal de San Martín– dijo que ahora quiere volver a la Cámara, entonces el Senado debe decidir si lo habilita. Este jueves el Consejo tiene plenario y la discusión empezará a hacerse presente.
Rosenkrantz les dijo a sus colegas que tiene “un capital reputacional” que cuidar, según contaron a este diario.