Media sanción al blindaje del FGS
Ley de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La iniciativa contó con el respaldo de los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La ley contempla la renegociación de la deuda que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), por 100 mil millones de pesos. Además, establece que los fondos para el pago de la Reparación Histórica a 900 mil jubilados pasará a financiarse por Anses y el Tesoro nacional, y no por el FGS.
El tratamiento del dictamen de mayoría comenzó cerca de las 17.30 en una sesión especial mixta, presencial y virtual, en la que estuvieron presentes la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y el titular del FGS, Lisandro Cleri. Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), destaco “el amplio acuerdo” logrado entre las fuerzas políticas.
La ley contempla la renegociación de la deuda de las provincias con la Anses, por 100 mil millones de pesos.
“Venimos a restituir la situación original, ya que se garantiza que el FGS será el garante de todo el sistema previsional, y no solo para las personas que tienen que cobrar la reparación histórica”, dijo Heller. En ese sentido, el legislador aclaró que “se cumplirán con los acuerdos homologados en sede judicial”. También recalcó que con la nueva norma se eliminará “la posibilidad de vender activos (del FGS) para que no se destruya ese patrimonio, que es un garante permanente del conjunto del sistema previsional”.
El proyecto establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, en el que se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación. Se determinó que la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán con una tasa de interés de 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustado con la tasa que rige para los plazos fijos.
También introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta de los activos del FGS. En ese sentido, no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica, que ahora deberán ser abonados con fondos propios de Anses y del Tesoro nacional.
Con respecto a los créditos otorgados a jubilados, el proyecto determina que la Anses no podrá realizar una capitalización de intereses en los préstamos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del primero de enero de 2020. También establece que la reanudación del cobro de las cuotas se hará desde la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador del crédito cuando quedó suspendido el pago, respetando las condiciones financieras originales en las que el crédito fue otorgado, con las modificaciones acordadas que hubieran favorecido al deudor.
Además, se establece que el FGS deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional. Así, se creará el Fondo Fiduciario Público “Programa de Inversiones Estratégicas”
que tendrá como meta invertir en sectores estratégicos del Estado, como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real. @
El gobierno nacional anunció este jueves la rescisión de la concesión de dos corredores viales que se habían otorgado bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP) durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión se tomó de común acuerdo con la contratista, conformada por Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA y Copasa (España), luego de haberla intimado por irregularidades e incumplimientos.
En julio de 2018, el gobierno de Macri concesionó seis corredores viales bajo la modalidad PPP. Los contratos implicaban que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado. Sin embargo, desde entonces las obras prácticamente no han avanzado porque las empresas no han conseguido el financiamiento para construir las autopistas.
En julio de 2019, el gobierno anterior suscribió una adenda de los contratos PPP, que tuvo como objetivo condonar el incumplimiento de las condiciones básicas de los contratos, fundamentalmente la falta del financiamiento exigido para realizar las obras, pero el nuevo cronograma de avance de obras dispuesto en la adenda tampoco se cumplió y en algunos casos actualmente la parálisis es total.
“Luego de más de dos años, las inversiones mínimas y la ejecución física del Plan de Obras Principales llega en promedio solo al 2 por ciento”, informó el Ministerio de Obras Públicas a través de un comunicado. Estos contratos debían impactar en el Programa Rutas Seguras que prometía la realización de 4000 kilómetros, pero solo hicieron 6 kilómetros.
El pasado 27 de mayo se intimó a las empresas de los seis corredores viales a cumplir con el incremento
Diputados aprobó, con acuerdo de los bloques mayoritarios, la prohibición de venta de activos del fondo de respaldo previsional.