Doble desafío
Dice el refrán que el hilo se corta por lo más delgado, pero el problema es que la parte más delgada de nuestro mercado laboral es demasiado extensa. Por eso el daño que le ocasionó la pandemia tuvo una dimensión muy significativa. Digámoslo de otro modo: el daño fue directamente proporcional a la situación de extrema vulnerabilidad que caracterizaba al empleo en nuestro país antes de la irrupción del coronavirus. Y claramente fue amortiguado por las políticas públicas que fueron eficaces en proteger al sector formal de la economía.
Entre los meses de abril y junio de 2020 tuvo lugar una acelerada destrucción de puestos de trabajo. En relación a un año atrás, se contabilizaron 3,7 millones de personas ocupadas menos en todo el país. Los principales afectados por la destrucción de empleo fueron quienes estaban insertos en las modalidades ocupacionales más precarias e inestables.
El 86 por ciento de la caída del número de ocupados se explica por los asalariados informales y los trabajadores por cuenta propia: el número de trabajadores no registrados se redujo un 43 por ciento (2,1 millones menos) y el de cuentapropistas, 27 por ciento (1,1 millones menos). Esta realidad contrastó fuertemente con la situación de los trabajadores formales en relación de dependencia: la reducción de la cantidad de personas que estaban insertas en esa modalidad ocupacional fue del 3 por ciento (258 mil menos).
La elevada vulnerabilidad de los mercados laborales más precarizados queda en evidencia al contrastar el impacto que tuvo la pandemia en los países latinoamericanos en relación a lo ocurrido en Europa. Entre los segundos trimestres de 2019 y 2020, la cantidad de personas ocupadas cayó 49 por ciento en Perú, 22 en Colombia, 21 en nuestro país y 20 por ciento en Chile.
En Europa, las caídas fueron significativamente más moderadas: 6 por ciento en España, 4 en Italia, 2 en Francia y 1 por ciento en Noruega, entre otros casos. Los valores dan cuenta que las caídas más relevantes se dieron en donde el trabajo informal y por cuenta propia está más extendido. Por oposición, la situación fue contenida de manera más eficaz en los países desarrollados debido a la mayor proliferación de empleo formal en sus estructuras ocupacionales.
Un segundo elemento que explica ese impacto diferencial se relaciona con las capacidades que tienen los Estados para sostener el empleo a través de políticas públicas, que son más acotadas en Latinoamérica. Asimismo, este factor explicaría lo ocurrido en Estados Unidos, donde la debilidad de las herramientas para preservar los puestos de trabajo en situaciones de crisis contribuyó a que la pérdida de empleo fuera más marcada que en los países de Europa (aunque menor a la de Latinoamérica).
En Argentina, las políticas de sostenimiento del empleo implementadas por el Estado Nacional lograron mitigar el impacto de la crisis. La prohibición de los despidos, el programa ATP (que consiste en el pago de salarios a los trabajadores de las empresas más afectadas y la reducción de contribuciones patronales) y el mecanismo ágil de validación de suspensiones con pago del 75 por ciento del salario fueron eficaces. Su implementación permitió que el empleo formal en relación de dependencia no fuera impactado del mismo modo que las inserciones ocupacionales más precarias e inestables (que fueron destinatarias del Ingreso Familiar de Emergencia, tendiente a compensar la caída de sus ingresos). Pero la alta proliferación de esas modalidades de menor calidad determinó que las políticas tuvieran un alcance acotado (al sector formal) y que el impacto de la crisis terminara siendo profundo.
Por eso el desafío que supone la pandemia para el mercado laboral en nuestro país es doble. Se trata, por un lado, de subsanar el profundo daño que esta situación ha causado. Pero también de comenzar a revertir esa situación de vulnerabilidad estructural por medio de la reconstrucción de una estructura ocupacional centrada en las inserciones ocupacionales más estables y protegidas.