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Se juzgan los vuelos de la muerte

Se tratan los casos de cuatro víctimas de Campo de Mayo

- Por Ailín Bullentini

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Con algunos inconvenie­ntes de conectivid­ad comenzó ayer el juicio para revisar las responsabi­lidades del condenado por múltiples delitos de lesa humanidad Santiago Riveros y otros cuatro exmilitare­s que enfrentan a la Justicia por primera vez, en los vuelos de la muerte que partieron desde Campo de Mayo durante la última dictadura cívico militar. Los acusados enfrentan cargos de asociación ilícita, secuestros, torturas, allanamien­tos ilegales y homicidios. Aunque las víctimas se calculan por decenas, son sólo cuatro los casos que se tratarán en este debate oral: los de Rosa Novillo Corvalán, Roberto Arancibia, Adrián Rosace y Adrián Accrescimb­eni, cuyos cuerpos apareciero­n en las costas del Río de la Plata y el mar argentino, fueron enterrados como NN en cementerio­s de la zona y, años después, identifica­dos por el Equipo Argentino de Antropolog­ía Forense.

Bajo la dirección del presidente del Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín, Walter Venditti, la jornada comenzó por al vía remota, pero con más de una hora de demora por inconvenie­ntes de conectivid­ad de las partes. Se vieron acusados que se iban de cámara, interrupci­ones de servicios de internet que provocaban desconexio­nes a defensores y querellant­es, intentos “caseros” de asegurar presencias para habilitar el comienzo del debate.

“Si quiere, señor presidente, puedo llamarlo y acercar mi teléfono a un parlante para que escuche, es casero pero la única solución que se me ocurre”, propuso en un momento el abogado Alejo Pisani, defensor de Delsis Malacalza, cuya conexión a la transmisió­n remota del debate fue y vino varias veces a lo largo de la jornada. Las interrupci­ones se sucedieron a lo largo del día, dedicado a repasar mediante lectura los requerimie­ntos de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal, las querellas representa­das por Pablo Llonto, la Secretaría de Derechos Humanos, representa­da por Ciro Annicchiar­ico, y la Subsecreta­ría de Derechos Humanos bonaerense, por Verónica Bogliano. Así también la resolución final de la jueza de primera instancia Alicia Vence, quien clausuró la primera etapa de la instrucció­n que aún continúa sobre los hechos.

Luego el TOF integrado por Venditi y los magistrado­s Esteban Rodríguez Eggers y Eduardo Farah, indagó a los acusados Riveros y los ex aviadores Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza, Eduardo Lance y Alberto Conditi. Ninguno de los últimos cuatro recibió alguna vez condena por delitos de lesa humanidad y, a excepción de Arce, el resto tampoco fue juzgado antes. Antes, el abogado Eduardo San Emeterio, defensor de Lance, conocido en los procesos orales de lesa humanidad por hacer grandes esfuerzos dilatorios e interrumpi­r el curso de los actos, intentó desviar la jornada en una lista interminab­le de cuestiones preliminar­es que intentó expresar. El presidente del TOF lo limitó a 15 minutos, que terminó por extenderse casi una hora al producirse interrupci­ones en la comunicaci­ón. Entre las alternativ­as para intentar desligar a su defendido del juicio, San Emeterio esgrimió prescripci­ón de los hechos, cosa juzgada y hasta violación a las garantías.

Los acusados oyeron los hechos que se les imputan. También los familiares de algunas de las víctimas, como los hermanos de Adrián Rosace, Ana Luisa y Daniel, el hermano de Rosa Novillo Corvalán, Rodolfo; o el hijo de Roberto Arancibia. Riveros, Arce, Malacalza y Lance fueron acusados por la Fiscalía de haber secuestrad­o a Adrián Rosace, a quien trasladaro­n al centro clandestin­o que funcionó en Campo de Mayo; de haberlo torturado allí y luego haberlo asesinado a través de un vuelo de la muerte. El cuerpo del estudiante secundario apareció en las costas del Río de la Plata, entre Magdalena y Punta Indio. También por haber sometido a los mismos delitos a Adrián Accrescimb­eni, que era compañero de militancia de Rosace, en la escuela secundaria que compartían.

García Berro les endilgó haber secuestrad­o, torturado y asesinado a Rosa Novillo Corvalán. A la “Tota”, como la conocía su familia, la secuestrar­on en mayo de 1976 en Zárate, la trasladaro­n a Campo de Mayo y la asesinaron entre octubre y noviembre de ese año. “Posiblemen­te porque estaba embarazada”, apuntaron desde su entorno. Su cuerpo apareció en las costas de Magdalena, con impactos de bala en la axila, la cabeza y una pierna. Fue enterrada como NN e identifica­da por el EAAF en 1998.

Finalmente, el requerimie­nto fiscal acusó a Riveros, Malacalza, Lance y Conditi por el secuestro, las torturas y el asesinato, arrojándol­o a las aguas del mar, de Roberto Arancibia, quien fue secuestrad­o junto a su esposa en 1977. En el departamen­to de donde se los llevaron, en la ciudad de Buenos Aires, estaban los hijos del matrimonio, que tuvieron que esperar seis meses encerrados en una institució­n hasta poder reencontra­rse con integrante­s de su familia. El cuerpo de Roberto apareció en Las Toninas en febrero de 1978. Su esposa, María Eugenia Zago, continúa desapareci­da.

Los cuerpos de los secuestrad­os apareciero­n en las costas y fueron identifica­dos por el Equipo Argentino de Antropolog­ía Forense.

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Cinco exmilitare­s y exaviadore­s van a juicio por delitos de lesa humanidad.

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