Pedido de informes por las Taser

Ante el anuncio porteño de compra de estas armas

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Luego de la polémica por el uso o no de las táser que se sucitó tras la muerte del policía Juan Roldán, el Gobierno porteño anunció que comprará 300 de esas pistolas eléctricas, que disparan dos dardos que producen una descarga de 50 mil voltios. Pero el anuncio no dio ninguna prescición sobre cómo se reglamentará su uso. Es por eso que la legisladora Claudia Neira (Frente de Todos) presentó un pedido de informes sobre qué sectores de la Policía de la Ciudad usarán eventualmente esas armas, con qué protocolos y, sobre todo, cómo serán capacitados en su uso. Además, pidió saber el costo de las compras, si tienen planeadas nuevas licitaciones a futuro y en qué datos técnicos se basan.

El pedido de informes llega luego de que el vicejefe Diego Santilli, a cargo del área de seguridad, contara que se reactivó una licitación para comprar tásers que es había frenado por la pandemia. “Hay que dotar a la policía de las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo con armas de baja letalidad, como una tonfa, una pistola Taser: hay que ir equipándolos”, sostuvo Santilli, quien argumentó que prefiere que que la policía “utilice estos dispositivos antes que un arma de fuego”. No es la primera vez que dicen que van a comprar Tasers, aunque los números varían. En septiembre, el secretario de Justicia, Marcelo D’Alessandro también aseguró que por la pandemia “no pudimos contar con la importación de 1500 táser que teníamos pensado comprar”. Otras fuentes hablaban en enero de 2019 de comprar de 400 Táser, o bien de 60 táser en junio de ese año. Ahora Santilli dijo que serían 300.

Por el momento, la Policía de la Ciudad no cuenta con un número significativo de Tasers, sobre todo si se tiene en cuenta que tiene unos 25 mil policías. Y las fuerzas federales, tienen las cien que compró Patricia Bullrich (para 90 mil policías) y que Sabina Frederic asignó a las fuerzas de elite. Las únicas Taser que el gobierno porteño llegó a adquirir fueron las cinco para una prueba piloto durante la gestión de Mauricio Macri y con Guillermo Montenegro como ministro de Seguridad. Allí comenzaron los repudios de organismos de derechos humanos y las acciones judicales: hubo fallos de primera y segunda instancia que prohibieron el uso de estas armas, pero el Tribunal Superior de Justicia porteño las avaló y la Corte Suprema rechazó tomar el tema, con lo que dejó vía libre a su uso.