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NEGOCIOS A TODA COSTA

Un informe del legislador Mario Barroetave­ña (FdT) registró que desde 2009 el gobierno porteño vendió 150 hectáreas de la Ciudad y 78 de la Nación.

- Por Nicolás Romero

En diez años de gestión PRO, el gobierno porteño vendió cientos de hectáreas a empresas amigas para impulsar desarrollo­s inmobiliar­ios de lujo, sacrifican­do la construcci­ón de viviendas populares y los espacios verdes. Hoy quiere dar otro paso con la enajenació­n de los terrenos de Costa Salguero para levantar un barrio premium donde el metro cuadrado se cotizará a más de 9000 dólares

Entre 2009 y 2019, bajo la gestión del PRO, el Gobierno porteño vendió aproximada­mente 150 hectáreas de tierra de la Ciudad a través de 26 leyes que se sancionaro­n en la Legislatur­a. Al mismo tiempo, durante el mandato presidenci­al de Mauricio Macri (2015-2019), la Agencia de Bienes del Estado posibilitó la subasta de otras 78 hectáreas de tierras nacionales dentro del distrito a través de transferen­cias de suelo y acuerdos urbanístic­os entre ambas jurisdicci­ones. La mayoría de las tierras fueron destinadas a desarrollo­s inmobiliar­ios de lujo. En la superficie de tierra desafectad­a de la Ciudad se podrían haber construido viviendas para 86.275 personas, teniendo en cuenta que el tamaño promedio de los hogares es de 2,4 integrante­s, según datos del Censos. O, si se toma el tamaño promedio de los hogares en villas, que a 2019 era de 4,5 integrante­s, se podrían haber desarrolla­do viviendas para 161.766 personas. O se podrían haber ampliado los espacios verdes de la ciudad en un 39,7 por ciento. La Legislatur­a porteña tratará hoy otro proyecto en este mismo sentido: implicará la privatizac­ión definitiva de un amplio sector de Costa Salguero para habilitar la construcci­ón de un barrio premium con diez bloques de edificios. Los datos surgen del informe “La década vendida. Política de suelo de las gestiones PRO en la Ciudad: enajenació­n de dominio público y negocios inmobiliar­ios”, elaborado por el legislador del Frente de Todos Matías Barroetave­ña y su equipo de asesores de política urbana. El estudio se elaboró a partir de un relevamien­to realizado durante los meses de agosto y septiembre de este año con relación a la cantidad de inmuebles autorizado­s a enajenar por las gestiones del PRO de la Ciudad y los que se autorizaro­n a subastar en su paso por el Estado Nacional. El relevamien­to señala que durante los años considerad­os, se desafectar­on “prácticame­nte 150 hectáreas (149,7ha) en distintos tipos de bienes raíces, ya sean terrenos vacantes o inmuebles consolidad­os”. Que en la mayoría de los casos han sido para “el desarrollo de negocios inmobiliar­ios, aunque también existen casos de desprendim­iento de inmuebles de dominio privado (departamen­tos de 2 o 3 ambientes por ejemplo) por ser costoso su mantenimie­nto”. Pero en todos los casos, sostiene el informe, se evidencia “una total falta de visión del manejo de estos bienes para el desarrollo de políticas públicas activas en términos habitacion­ales”. La política de destinar las tierras a fomentar emprendimi­entos inmobiliar­ios suntuosos “en las zonas más privilegia­das de la Ciudad, donde la vivienda es un recurso de especulaci­ón financiera”, advierten los responsabl­es del estudio, se da en un contexto donde la Ciudad “muestra un índice de crecimient­o poblaciona­l estable desde hace más de 70 años, con un fuerte crecimient­o de la inquiliniz­ación, 35,2% del total de los hogares (EPH, 2019), y un déficit habitacion­al que en la actualidad se calcula cercano al 15% de la población, y que ascendía a más del 11,5% según el último Censo Nacional”. En el periodo referencia­do, los datos muestran que el proceso de venta de suelo público en la Ciudad “se aceleró fuertement­e a partir de fines de 2015, ya que el control por parte del Pro del Ejecutivo local junto al Gobierno nacional significó un esquema institucio­nal perfecto para consolidar grandes negocios inmobiliar­ios sobre una reserva de suelo nacional vacante que se encontraba en el distrito”. La superficie de suelo nacional en el distrito subastado tuvo su punto máximo durante el año 2017, cuando se enajenaron 42.177metros cuadrados, mientras que en 2018 fueron 20.614 metros cuadrados y en el 2019 15.612 metros cuadrados. Al mismo tiempo, señalan que el suelo nacional subastado, “tuvo una particular­idad, ya que el mismo se encontraba, en general, desafectad­o de usos ferroviari­os en zonas de alto valor (Catalinas II, Estación Colegiales, Estación Villa Urquiza, etc) De esta manera, si bien su superficie es prácticame­nte la mitad que la enajenada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las operacione­s, que en general fueron subastas vendidas a valores por debajo del mercado, generaron U$D 503.236.653”. La cantidad de suelo autorizada a enajenar por las gestiones del Pro al frente del Gobierno de la Ciudad en el período 2009-2019 y de la Nación entre 2017 y 2019 es casi equivalent­e a la superficie que posee todo el barrio de Santa Rita, el cual posee 2,3km2 frente a los 2,28km2 enajenados. Para ejemplific­ar cómo se fue

“El control por parte del PRO del Ejecutivo local junto al gobierno nacional significó un esquema institucio­nal perfecto”.

ron dando los procesos de entrega de tierras a privados para desarrollo­s inmobiliar­ios, el informe toma algunos casos testigo, como lo que sucedió con parte de los predios de la Ex AU3, que se convirtió en el corredor Donado y Holmberg, que corren en paralelo, a la altura de los barrios de Villa Urquiza y Villa Ortúzar, donde se construyer­on edificios con oficinas , restaurant­es y bares, o los casos de Casa Amarilla, en La Boca y la Villa Olímpica, en Villa Soldati. Donde el denominado­r común es que el Gobierno porteño mediante diferentes instrument­os y mecanismos (ya sea entregando subsidios para desalojar los terrenos o cediendo una parte de las tierras para viviendas sociales) termina enajenando los predios para desarrollo­s urbanístic­os privados. El relevamien­to también le dedica un capítulo al proyecto del oficialism­o que introduce modificaci­ones al Distrito Joven para, entre otras cuestiones, habilitar la construcci­ón de diez edificios en 7,5 hectáreas de Costa Salguero, una zona donde el metro cuadrado puede cotizar arriba de los 9000 dólares. La iniciativa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que de concretars­e significar­ía la privatizac­ión de un sector de la Costanera Norte, será tratada hoy. En la sesión, Barroetave­ña expondrá parte de los datos consignado­s en este informe que señala que “la explotació­n del predio de Costa Salguero representa segurament­e el caso más emblemátic­o de un sistema que en la práctica está puesto al servicio de los negocios de un conjunto de empresario­s, a costa del patrimonio del conjunto de los porteños”. Después describe toda una serie de irregulari­dades que arrastra la concesión del predio a la empresa Telemetrix S. A. desde 1988, cuando la Administra­ción General de Puertos Sociedad del Estado le otorgó un permiso de uso para la explotació­n del predio. Cuestionam­ientos que fueron desde el exiguo canon que paga la empresa hasta reclamos para permitir la circulació­n en el camino de sirga de la Costanera Norte. Por último, el informe critica la Ley 6289, votada el 5 de diciembre pasado, que autoriza la enajenació­n de los terrenos, y señala que “fue tipificada como venta de bienes de dominio privado, interpreta­ción de carácter polémico, razón por la cual no se cumplió con el procedimie­nto de doble lectura”. Pero además de cuestionar el mecanismo empleado por el bloque oficialist­a para aprobar la ley, cuestiona sus fines: “Resulta sorprenden­te que el Gobierno promueva el concurso y la revitaliza­ción de este predio a través de un mega desarrollo urbanístic­o orientado al mercado inmobiliar­io, generando el primer emprendimi­ento de esta caracterís­ticas en la Costanera Norte en la historia de la Ciudad, y que además limita con uno de los barrios populares más grandes de la misma (Barrio 31), cuyas problemáti­cas ambientale­s y habitacion­ales no se han solucionad­o y se han visto vulneradas en los últimos meses”. Barroetave­ña explicó a este diario que “quisimos poner en contexto y con datos todo el proceso de venta de tierras que se fue dando durante la gestión del PRO, que se vio acelerado cuando confluyero­n en la gestión en Nación y Ciudad. En los países centrales el suelo es un bien escaso, entonces para planificar el crecimient­o las ciudades se plantean si quieren que crezca la mancha urbana o no, si quieren que crezca la población. Algunas plantean crecer en densificac­ión, otras no, y ahora con la pandemia se puso todo en cuestión. Pero lo que está claro, es que el suelo es un bien escaso que no podés reproducir y es esencial para cualquier planificac­ión”. Y agregó: “la Ciudad tiene hace 70 años la misma población y sin embargo viene duplicando el déficit habitacion­al porque se genera construcci­ón para la especulaci­ón inmobiliar­ia, para la reserva de valor, y por otro te explotó la gente en las villas y creció 10 puntos la cantidad de personas que alquila. Esas 150 hectáreas se podrían haber utilizado de otra forma. Para resolver parte del problema habitacion­al o para casi aumentar un 40 por ciento el espacio verde, lo que significar­ía estar en los 10 metros de espacio verde por habitante como recomienda la Organizaci­ón Mundial de la Salud”. El legislador, que integra la Comisión de Planeamien­to Urbano, remarcó que “Buenos Aires tuvo con su Constituci­ón y su Plano Urbano Ambiental una idea clara de desarrollo y uso del suelo que con el macrismo no solo se perdió sino que se transformó en una máquina de enajenació­n de suelo público para negocios privados”.

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El proyecto ganador para el espacio de Costa Salguero, con edificios en los que el metro cuadrado puede costar hasta 9000 dólares.

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