La “ruta del dinero” salía de dos testigos falsos
Se comprobó que la AFI macrista plantó testimonios truchos para perjudicar a Cristina Kirchner
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Dos falsos testigos plantados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en tiempos de Mauricio Macri admiten que mintieron y aceptaron una condena por falso testimonio agravado a tres años de prisión en suspenso. Los falsos testigos, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, participaron de una maniobra que buscaba sacar al juez Sebastián Casanello de la causa que los grandes medios llamaron La ruta del dinero K, pero que terminó sin ningún Kirchner en el banquillo de los acusados. Para remover a Casanello y poner un juez más amigo, los testigos dijeron que vieron al juez en la quinta presidencial de Olivos hablando con Cristina Fernández de Kirchner, algo que se comprobó falso: el magistrado nunca estuvo allí y, en verdad, tampoco estuvieron Corizzo y Scozzino, por lo que quedó probado que falsificaron la historia. Ahora reconocieron esa falsificación. El punto clave es que el aparato de Comodoro Py quiere cortar las responsabilidades en los dos testigos truchos, mientras que Casanello exige que se avance sobre la responsabilidad de dos piezas de importancia dentro de la AFI, el ex fiscal Eduardo Miragaya y el abogado Santiago Viola.
Los abogados de Corizzo y Scozzino, el defensor oficial Ricardo Rosset y el letrado Adrián Arena, aceptaron la propuesta del fiscal de juicio Nicolás Czizik de lo que se conoce como juicio abreviado: los acusados reconocen su responsabilidad y admiten la pena propuesta por el fiscal, en este caso tres años de prisión en suspenso, pena alta para un falso testimonio agravado por ser en causa penal. El paso siguiente es la vista a la víctima de la maniobra, el propio Casanello, asistido por el abogado Nicolás Dálbora. Todo indica que aceptarán también lo propuesto por el fiscal porque significa un reconocimiento taxativo de la operación que se hizo contra el magistrado. La última palabra la tendrá el Tribunal Oral Federal
Dos testigos que habían dicho que el juez Casanello fue a ver a CFK a Olivos admitieron que mintieron y los condenados.
número 3, formado por Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni, quienes deben decidir si convalidan lo acordado por todas las partes. La lógica indica que, antes de que termine octubre, darán el visto bueno.
Más allá de estas idas y vueltas procesales, lo que queda claro es el gravísimo accionar de los servicios de inteligencia de Macri en la justicia y la política. El objetivo consistía en poner un juez amigo de Cambiemos al frente de la causa por la Ruta del dinero. Como el sorteo le otorgó la instrucción a Casanello, el macrismo quiso sacarlo y para eso armó la operación de dos testigos que vieron al magistrado en Olivos junto a CFK. La jugarreta era afirmar que la expresidenta y el juez eran parte de un complot, recusar a Casanello y poner un magistrado alineado con Cambiemos. Cuando todo esto se publicó en los medios hegemónicos, Casanello afirmó que nunca estuvo en la quinta presidencial y que nunca habló con la expresidenta, ni siquiera por teléfono. El andar del expediente demostró que el juez decía la verdad.
La maniobra fue grotesca. Corizzo dijo que estuvo en Olivos porque era chofer de Presidencia pero que justito no llevó el celular, lo que impedía usar la geolocalización para determinar si estuvo allí. También afirmó que viajó a la quinta presidencial con otro chofer, por eso no aparecía en el registro de entradas y para redondearla sostuvo que las instrucciones se las dio “Luciana”, una secretaria de Wado De Pedro. El ahora ministro no tenía ninguna secretaria de ese nombre. Como el testimonio de Corizzo se caía a pedazos, la AFI metió en la jugada un segundo testigo, igual de trucho: Carlos Scozzino. Ahora ambos reconocieron su mentira. Pero el punto neurálgico de todo el caso es el papel de la AFI, supuestamente con el ex fiscal Miragaya y el abogado Santiago Viola a la cabeza. La operación tenía un doble objetivo: ■ Una especie de forum shopping para colocar a la cabeza del expediente a un juez amigo.
■ Infiltrar a la defensa de la familia de Lázaro Báez. Trataron de convencer al constructor, y en especial a los hijos, de que había un complot entre Casanello y CFK para que los Báez cargaran con todas las culpas y así se librase a la expresidenta. Eso hacía necesario recusar al magistrado. De paso se ganaron la confianza quedándose con la defensa de los hijos. Por esa vía fueron apretando a Báez, intentando convertirlo en “arrepentido”, algo que el santacruceño rechazó una y otra vez. La coacción se hizo incluso difundiendo a través de programas amigos escuchas de sus diálogos telefónicos desde la cárcel.
El desafío no es entonces sólo la condena de Corizzo y Scozzino, sino dejar en claro la responsabilidad de la AFI, Viola y Miragaya. El aparato de Comodoro Py ha jugado a favor de ellos y a ambos se les revocó el procesamiento, incluso con el respaldo del fiscal Carlos Stornelli. Casanello-Dálbora apelaron esa decisión y pelean para que la Cámara Federal, después de un tortuoso trámite, los vuelva a procesar.
En la actualidad se está llevando adelante justamente el juicio por la Ruta del Dinero, en que Casanello dejó fuera de la acusación a CFK porque no encontró ningún vínculo entre el dinero de Báez y ellla o alguien de su familia. Todas las empresas, sociedades y cuentas del santacruceño tenían como beneficiarios finales a sus hijos. Incluso el constructor hizo un testamento que dice exactamente lo mismo: en caso de fallecimiento, todos sus bienes serían para su familia.
Lo impactante es que en el juicio, la defensa de los hijos de Báez reveló que efectivamente fueron víctimas de una maniobra de la AFI y nombraron en forma explícita a Santiago Viola y Eduardo Miragaya como los responsables. En paralelo, el periodista de C5N, Tomás Méndez, declaró en la causa y sostuvo que la maniobra con los testigos falsos se armó en el bar Exedra, de Córdoba y Carlos Pellegrini, algo que -según élse podría chequear por la geolocalización de los celulares de quienes participaron del encuentro.
Los acusados reconocen su responsabilidad y admiten la pena propuesta por el fiscal, tres años de prisión en suspenso.