Pedro Sánchez cerró Madrid
El presidente ordenó el confinamiento de la región
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Madrid vuelve a estar confinada. El gobierno español decidió este viernes tomar la iniciativa y volvió a declarar el estado de alarma, tal y como lo hiciera el pasado marzo. Esta vez, las restricciones a la movilidad quedan restringidas a las ciudades y regiones con mayor número de contagios. Entre estas se encuentra la comunidad autónoma de Madrid, que aglutina a la capital y a otras localidades periféricas.
El gobierno central y el de la Comunidad de Madrid, gobernada por la dirigente del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso, llevaban semanas manteniendo una agria pulseada política que Sánchez cerró con la declaración del estado de alarma.
Con 611 nuevos casos por cada 100.000 habitantes y 63 muertos en los últimos siete días, la incidencia del virus en Madrid triplica a la media española y solamente es superada por la comunidad de Navarra, aunque por peso demográfico
Con 611 casos por 100.000 habitantes y 63 muertos, el virus en Madrid triplica a la media española.
y económico, y situación geográfica su influencia es determinante en el conjunto del país.
Desde que el virus se desatara en la comunidad, la falta de sintonía entre Sánchez y Díaz Ayuso fue creciendo. La dirigente popular, que quedó en segundo lugar detrás del PSOE en las últimas elecciones aunque consiguió la presidencia tras firmar un acuerdo de gobierno con Ciudadanos y obtener el respaldo de Vox, es una de las principales exponentes de la tesis de que las medidas contra la pandemia no deben paralizar la economía. Algunos presidentes autonómicos populares considerados más moderados, como el gallego Alberto Núñez Feijoó o el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, no han dudado en algunas ocasiones de desmarcarse de sus declaraciones. Un caso fue cuando Díaz Ayuso pidió un trato especial para su comunidad –“Si se para Madrid se para España”– o cuando aludió a que no tenía sentido “confinar al cien por ciento para que el uno por ciento contagiado se cure”.
En otras intervenciones atribuyó el alto índice de contagios en los barrios populares al estilo de vida de los inmigrantes y acabó tomando medidas restrictivas en esas zonas mientras no lo hacía en las más acomodadas.
El último choque tuvo lugar en los últimos días. El Gobierno de Pedro Sánchez, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, optó por dictar una orden ministerial con medidas que restringían la movilidad. La Comunidad de
Madrid la recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el pasado jueves los tribunales dieron la razón a Ayuso al considerar que una orden ministerial, un marco jurídico de rango inferior, no podía restringir derechos fundamentales como el de la libre circulación.
El gobierno regional apenas pudo cantar victoria durante unas pocas horas. El viernes por la mañana Sánchez convocó de urgencia una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros –a la que no acudió por tener programada con anterioridad una visita a Barcelona junto a Felipe VI– que declaró el estado de alarma, una medida extrema prevista en la Constitución que sólo había sido utilizada dos veces en la historia de la España democrática.
Con este paraguas jurídico se aprobaron las mismas medidas previstas en la orden ministerial, pero esta vez de obligado cumplimiento. El estado de alarma tendrá dos semanas de duración y para prolongarlo el Gobierno deberá contar con el apoyo del Congreso de los Diputados.
En su comparecencia este viernes junto al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska para explicar el alcance de las medidas, el ministro de Salud Salvador Illa fue claro. “La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada –dijo–, la paciencia tiene un límite.”
Este viernes, poco después de que la estación de Atocha, desde donde salen los trenes de alta velocidad a destinos costeros como Málaga o Valencia, se atestara de madrileños dispuestos a escapar del encierro y disfrutar del fin de semana largo con el festivo del lunes 12 de octubre, Illa insistía en la necesidad de que el nivel de contagios de Madrid no se extendiera por el resto de España. “Las medidas que adoptamos el día 30 de septiembre –dijo en relación a las contenidas en la orden ministerial finalmente anulada– iban claramente en esta dirección. Lo único que le importa al Gobierno de España es proteger la salud”.
Junto a la capital, las medidas ahora en vigor afectan a otros ocho municipios de su cinturón, todos ellos con tasas superiores a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
Entre las medidas adoptadas figura la restricción a la entrada y salida de los municipios afectados, salvo los que estén justificados, por motivos laborales o educativos, y asistencia y cuidado a personas dependientes, entre otras. También se reduce a la mitad la capacidad de los bares y restaurantes y a un tercio la de iglesias y otros lugares de culto.
El Ministerio del Interior movilizó este viernes a más de siete mil policías para garantizar el cumplimiento de las medidas. Los aeropuertos y las estaciones de tren fueron los puntos donde se establecieron controles, aunque las horas en las que las medidas no estuvieron vigentes abrieron una ventana para el éxodo a las zonas costeras en la antesala del fin de semana.
Como el gobierno de derecha no hacía nada, el socialista declaró el estado de emergencia por el coronavirus y el confinamiento.