Más de tres mil víctimas en Chile
Informe de derechos humanos a casi un año del estallido social
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Más de tres mil chilenos sufrieron violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social del año pasado, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile. Además se presentaron 2520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país, explicó el director del organismo Sergio Micco. También dijo que el objetivo de la investigación es llegar a la verdad para que no se repitan estos hechos. A casi un año del estallido social del 18 de octubre las causas judiciales contra miembros de las fuerzas policiales chilenas siguen estancadas. Las víctimas exigen justicia y que avancen las investigaciones. A su vez, el 25 de octubre tendrá lugar el plebiscito donde los chilenos podrán decidir la modificación o no de la Constitución sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El INDH reveló que durante las protestas hubo 3.023 víctimas de violación a los Derechos Humanos. De ese total 1.810 fueron hombres, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes varones, 132 niñas y adolescentes mujeres, y 124 los calificó como “otros”. Además el organismo resaltó que 163 personas sufrieron trauma ocular. De ese número 110 tuvieron algún tipo de lesión en el ojo y 32 presentaron pérdida de la visión por “trauma irreversible”.
En cuento a las querellas el INDH destacó que 2.340 fueron dirigidas contra efectivos de Carabineros, 97 contra militares del ejército, 34 contra integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y 49 a “otros”. El organismo detalló que sólo se formalizaron 31 causas y se imputaron a 72 involucrados en violaciones a derechos fundamentales. La Región Metropolitana, a la cual pertenece Santiago, fue el principal centro de protestas en todo el país y también donde se presentaron 986 de las querellas. Le sigue la región del Biobío, cuya capital es Concepción, con 248. La tercera región con más querellas fue la de Los Ríos con 158.
Al momento de presentar el informe Micco señaló la importancia de avanzar en las investigaciones de estos casos. “Si no sabemos qué ocurrió ni por qué ocurrió, difícilmente podremos saber cómo no repetir esto”, sostuvo el abogado. Además indicó que su trabajo debe ser la base para una reunificación del pueblo chileno. “El camino de la verdad, justicia, reparación y de garantías de no repetición es para encontrarnos”, dijo el académico. El INDH también presentó un mapa online de libre acceso donde ubicaron cada uno de los casos, informó la jefa de la Unidad de Estudios y Memoria del organismo Diana Rodrigo. “Lo que aquí se describe no es todo lo que sucedió en el marco de la crisis so
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay 2.520 causas contra agentes de seguridad y estas no avanzan.
Hay 163 personas que sufrieron trauma ocular. De ellos, 110 lesión en el ojo y 32, pérdida de la visión.
cial. Pero se muestra lo que efectivamente ocurrió, permitiendo responder tres preguntas básicas: quién, cómo y dónde”, explicó Rodrigo.
El INDH es una de las principales organizaciones que denuncia el accionar represivo de fuerzas de seguridad desde el inicio de las manifestaciones sociales del año pasado. Su financiamiento proviene del Estado, sin embargo no depende del poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. El ente se define como independiente y autónomo. Está integrado por 11 personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos que permanecen en su cargo por un período de seis años.
Para Micco las cifras del informe hablan por sí solas. Sin embargo manifestó que los avances realizados en la investigación no son suficientes. Durante la Asamblea General de la ONU de septiembre pasado, el presidente de Chile Sebastián Piñera aseguró que su gobierno buscaría esclarecer los hechos. “Haremos todos los esfuerzos para que no haya impunidad. Ni para los que vulneran los Derechos Humanos ni para los violentistas”, sostuvo el mandatario. Sin embargo el dijeron rector del INDH señaló aún no hubo acciones concretas. “El compromiso de que no va a haber impunidad se expresa aumentando los recursos para el sistema procesal y con la reforma integral del cuerpo de Carabineros”, sostuvo el abogado. Pero señaló que ninguna de las dos ocurrieron hasta ahora.
Entre las razones de los escasos avances judiciales, Micco destacó los problemas estructurales del sistema procesal chileno. Según el funcionario hay un bajo nivel de eficacia e insuficiente respuesta del gobierno a la sobrecarga del sistema, que se agravó con la pandemia de la covid-19. Desde la llegada del coronavirus al país austral en marzo pasado, se redua un tercio las audiencias judiciales, lo que detuvo aún más las investigaciones. Miles de denuncias contra las fuerzas de seguridad siguen sin resolverse un año del estallido social.
Pasaron casi 12 meses desde que el estudiante ecuatoriano Romario Veloz fue asesinado durante una manifestación en La Serena, al norte de Chile. Recién en los últimos días la Fiscalía solicitó la formalización de un capitán del ejército. Se lo acusó como presunto responsable de ordenar los disparos que acabaron con la vida de Veloz. La madre del joven Mery Cortez describió la odisea que está pasando su familia. “Yo pensé que con la muerte de mi hijo terminaba la historia, pero recién ahí fue cuando empezó mi calvario”, reconoció Cortez. La lentitud judicial la llevó esta semana a tomar medidas extremas. La mujer marchó hasta el Palacio de La Moneda, la sede del gobierno chileno. Allí se desnudó para mostrar un mensaje que llevaba pintado en el pecho: “Justicia para Romario”. “Cayó un herido antes que él. Debieron haber cesado el fuego, pero siguieron disparando y le tocó la parte más fea a mi hijo”, lamentó Cortez. @
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet pidió evitar cualquier acción que impida la celebración de elecciones pacíficas este domingo en Bolivia. La expresidenta de Chile advirtió que de lo contrario el país podría verse sumido de nuevo en una crisis social. El pedido de la Alta Comisionada fue tanto a las autoridades bolivianas como a los distintos actores políticos y sociales del país. “Nadie quiere que se repitan los acontecimientos del año pasado, que dieron lugar a vastas violaciones y abusos de los Derechos Humanos”, dijo Bachelet. Por su parte, Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) manifestó su preocupación por la falta de transparencia en el conteo de votos. El exministro expresó sus críticas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante una reunión con organismo que actuarán como veedores de la elección.
La exmandataria manifestó su preocupación por el desarrollo del proceso electoral en Bolivia. “Saludo la determinación del pueblo boliviano de participar en las elecciones. Todos deberían poder ejercer el derecho al voto en paz, sin intimidaciones ni violencia. Estas elecciones representan una oportunidad para avanzar en los frentes social y económico, y para disminuir la extrema polarización que ha afectado a Bolivia en los últimos años”, dijo la funcionaria de la ONU. También expresó su profunda preocupación por el lenguaje incendiario y las amenazas proferidas por algunos actores políticos en las últimas semanas, así como por el creciente número de agresiones físicas que se registraron. “Es esencial que todas las partes eviten nuevos actos de violencia que puedan desencadenar enfrentamientos”, sostuvo la expresidenta.
Bachelet hizo mención a los actos de violencia que tuvieron lugar en el país tras la salida del poder de Evo Morales. “Nadie quiere que se repitan los acontecimientos del año pasado, que dieron lugar a vastas violaciones y abusos de los Derechos Humanos –entre los que se cuentan por lo menos 30 muertos y más de 800 heridos– y que, en última instancia, todos pierdan”, subrayó la Alta Comisionada. A su vez expresó su deseo de que los comicios del domingo se desarrollen de manera pacífica, participativa e inclusiva, en un ambiente que garantice el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas.
En noviembre de 2019 la Oficina de la Alta Comisionada envió a Bolivia una misión que aún permanece en el país. La comitiva tiene la tarea de supervisar e informar sobre la situación interna. En agosto de este año el orga