Pagina 12

Once meses bajo el régimen de Añez

Represión, corrupción e impericia, sellos del gobierno

- Por Mercedes López San Miguel

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Cuando el 12 de noviembre Jeanine Añez asumió la presidenci­a de facto tras el golpe contra Evo Morales, dijo: “Me comprometo a tomar todas las medidas necesarias para pacificar el país”. Días después ocurrían las masacres de Sacaba y Senkata. En once meses de régimen, los bolivianos vieron cómo se cercenaban sus derechos. Opositores asediados, niños y jóvenes sin clases desde agosto y enfermos de covid-19 sin respirador­es adecuados.

El 15 de noviembre en Sacaba y cuatro días después en Senkata militares y policías reprimiero­n salvajemen­te las protestas contra el régimen de Añez. El saldo fue de 21 muertos y cerca de 200 heridos. Los agentes llegaron a arrojar gases lacrimógen­os contra el cortejo fúnebre de los familiares de las víctimas que bajaba del Alto hacia La Paz. Ambos hechos fueron calificado­s como masacres por la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH).

De las penumbras emergió un personaje siniestro: Arturo Murillo, ministro de Gobierno. En Bolivia lo comparan con el titular de Interior en 1980, Luis Arce Gómez, quien acuñó la frase “todos los bolivianos deben andar con el testamento bajo el brazo”. Pero Murillo tiene la suya: “Salir y meter bala, eso es lo que sería políticame­nte correcto”, dijo en clara amenaza a quienes se manifestab­an en contra de la postergaci­ón de las elecciones.

El acoso a ex autoridade­s y dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) fue una constante. Varios exministro­s debieron refugiarse en la embajada de México en La Paz. El gobierno de facto presentó denuncias contra Evo Morales por terrorismo y sedición. El ex mandatario, asilado en Buenos Aries desde diciembre, repudió los montajes judiciales y la falta de garantías necesarias para regresar a Bolivia. Es que el régimen se basó en una grabación donde supuestame­nte se lo escucha pedir el bloqueo de rutas. Sin embargo, nunca se comprobó la veracidad del mismo. Posteriorm­ente, sería inhabilita­da la candidatur­a de Morales al Senado.

A causa de la pandemia, la realizació­n de los comicios prevista para el 3 de mayo se postergó primero para septiembre y otra vez se aplazó para el 18 de octubre, lo que generó protestas de movimiento­s sociales y sindicales considerad­os afines al MAS. Por esas manifestac­iones el régimen agregó otra denuncia contra el expresiden­te.

Fueron muchos los cuestionam­ientos al gobierno de facto por su mala gestión de la pandemia. El politólogo Henry Baldelomar señaló en diálogo con PáginaI12: “No actuaron con la debida prevención, cuando se tuvo el primer contagio el 11 marzo de este año,

Desde el golpe se sucedieron masacres y cercenamie­ntos de los derechos de los bolivianos, con el agravante de la pandemia.

la persona infectada tuvo que estar recorriend­o diversos hospitales para pedir la atención adecuada y ninguno le dio una cobertura”.

En medio de la tragedia ocurrió una estafa escandalos­a. Respirador­es comprados en España, cuyo precio era 10 mil dólares, fueron vendidos por 27 mil dólares. Y los aparatos no servían para terapia intensiva. El profesor en la Universida­d NUR de Santa Cruz agregó: “Prometiero­n 500 respirador­es y de los 179 que llegaron primero prácticame­nte ninguno pudo funcionar: fueron comprados a sobrepreci­o que triplicaba el valor del mercado y resultaron ser equipos inadecuado­s e incompleto­s. El sistema de salud adoleció por impericia, improvisac­ión y corrupción”.

Los casos de corrupción exceden el ámbito de la salud: al ministro Murillo se lo señala por una compra irregular de gases lacrimógen­os.

En este contexto, el gobierno se precipitó a clausurar el año escolar el 3 de agosto, eso provocó que niños y jóvenes se quedaran actividade­s de formación tan fundamenta­les, decisión que lamentó Unicef.

El último mes y medio la curva de contagios entró en una meseta, un promedio de 200 personas diarias contagiada­s; sin embargo, el porcentaje de muertos es alto (más de 8 mil fallecidos) comparado con la densidad poblaciona­l. Estos datos sitúan ahora al país en una coyuntura mucho mejor que meses atrás, cuando se conocieron imágenes de muertos en plena calle y fosas comunes ante hospitales y cementerio­s saturados.

A todo esto, la economía boliviana atraviesa una marcada desacelera­ción en medio de la pandemia. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadístic­a (INE), el desempleo urbano alcanzó el 8,4% en el segundo trimestre de 2020, en un país con un alto porcentaje de empleo informal. En tanto, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó a -11,1% en el mismo período. Los sectores más golpeados son la minería, la construcci­ón y los servicios de recreación y alimentos.

Para Baldelomar, el régimen incurrió en equívocos al suspender la producción en la planta de urea ubicada en el Chapare supuestame­nte porque no es rentable. “Se trata de una inversión que se había realizado durante el gobierno de Morales y parte de la producción de urea estaba destinada al mercado interno y otra parte a los mercados brasileño, cubano y argentino. La paralizaci­ón de la planta es una decisión inapropiad­a y fundamenta­da en base a concepcion­es ideológica­s ”.

El litio, como antes los fueron el agua y el gas, forma parte del entramado político. El país andino cuenta con una de las mayores reservas del mundo en el salar de Uyuni, Potosí. Evo Morales exploró, aún con dificultad­es, la posibilida­d de generar valor agregado a la explotació­n de este metal alcalino en tierras bolivianas. No por nada el ex mandatario destacó en más de una oportunida­d que “el golpe fue por el litio”. El futuro de los recursos naturales de Bolivia es parte de lo que se juega en estas elecciones entre el proyecto del MAS y de la derecha, como quince años atrás. @

El ex presidente de Bolivia Carlos Mesa se presenta nuevamente como el único candidato con chances de vencer al partido de Evo Morales en un eventual ballottage. El periodista de 67 años llegó a las elecciones de este domingo intentando captar el descontent­o con el líder cocalero, blandiendo la bandera de la anticorrup­ción y proponiend­o un estado eficiente. Sin embargo, carga con el fantasma de haber renunciado a la presidenci­a en 2004. Una vez fuera del poder Mesa salió del escenario político. Paradójica­mente volvió a la palestra de la mano de Morales. El expresiden­te lo había puesto al frente de la demanda boliviana contra Chile para lograr una salida al océano Pacífico.

Carlos Diego de Mesa Gisbert nació el 12 de agosto de 1953 en La Paz. Estudió literatura en la Universida­d Mayor de San Andrés de esa ciudad. Sin embargo, se volcó a la labor periodísti­ca. Formó parte de varios medios hasta que en 1990 creó la productora de noticias Periodista­s Asociados Televisión (PAT). Su llegada a la política se produjo en 2002 cuando acompañó como candi

A Murillo lo comparan con Arce Gómez, quien acuñó la frase “todos los bolivianos deben andar con el testamento bajo el brazo”.

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AFP Jeanine Añez junto a su brazo represor: el ministro Arturo Murillo.

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