Nuevas sospechas por Facundo Castro
Para los fiscales, la policía buscó entorpecer la causa
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Los fiscales federales Andrés Heim y Horacio Azzolin afirmaron que tienen suficiente evidencia sobre los agentes de la Policía Bonaerense de Villarino que “permitirían analizar un esquema de actuación sistematizada, coordinada y organizada en torno a la búsqueda de Facundo Astudillo Castro encaminada a entorpecer el curso de la investigación”. Sobre el hostigamiento denunciado por Cristina Castro indicaron que esa actuación policial fue “indiferente ante la prueba objetiva producida, y se evidenció en las explicaciones que ensayaron sobre la vida de Castro y respecto a lo que el joven hizo el último día en el que se supo de él”. Por esa razón elaboraron una extensa solicitud de medidas de prueba, que incluyó el secuestro de 50 celulares utilizados por los rangos superiores de los policías sospechados, y el allanamiento de las comisarías de Teniente Origone y General Daniel Cerri, entre otras sedes policiales donde se encontraron objetos y rastros de ADN compatibles con Facundo. De todos modos, el juzgado rechazó la incautación de esos celulares y los allanamientos solicitados.
En el escrito al que accedió PáginaI12, Heim y Azzolin fundamentaron el requerimiento “tras la concreción de una serie de diligencias”, entre ellas “el análisis genético de ciertos rastros que pondrían a la víctima en el interior de un móvil policial en el que supuestamente (según el policía Alberto González que lo manejaba el 30 de abril) no habría estado”. Con el material humano encontrado en ese patrullero se realizó un ADN mitocondrial materno, método también aplicado para la identificación de personas desaparecidas durante la dictadura, y que se utiliza para determinar si dos personas comparten el mismo linaje materno. Una fuente de la investigación explicó a este diario que es una prueba “contundente”
en un proceso judicial, puesta en contexto a otras que conforman el dictamen de la fiscalía que ratificó el objeto de la causa como desaparición forzada seguida de muerte.
Durante la conferencia de prensa realizada el 1 de octubre por Amnesty Argentina sobre los resultados de la autopsia, su madre había dicho que “esto recién empieza” porque “hay ADN mío en un patrullero”. Se refería a resultados de ADN realizados a material biológico “que coincide” con su perfil genético: se trata de rastros humanos hallados en el patrullero Toyota Hilux patente PQH491, registro policial 27.788, que conducía el oficial Alberto González el 30 de abril, cuando dijo haber detenido a Facundo sobre la ruta 3. Aunque él lo niega, los fiscales sospechan que subió al joven a ese móvil. “La muestra presenta un haplotipo mitocondrial que tiene correspondencia con el haplotipo mitocondrial de Cristina Castro Alaniz, a fojas 3.881/9, circunstancia que abonaría la hipótesis de que Facundo Astudillo Castro podría haber estado en el interior del móvil policial dominio PQH-491, tripulado por Alberto González”, escribieron los fiscales. El geolocalizador (AVL) de ese vehículo también perjudica al policía, porque tras el encuentro que él reconoce haber tenido con Facundo en la ruta, se dirigió a su Puesto de Vigilancia y se quedó ahí por tres horas, desde las 15:51 a las 18.57.
Anotaciones manuscritas
La jueza federal María Gabriela Marrón aceptó el pedido fiscal para que sea secuestrada la librerácter ta del oficial González, donde llamativamente tenía anotados los datos de la testigo E.H.R, los de su hija, los de Facundo y los de la novia del joven en ese orden. González nunca respondió por qué escribió el nombre de la empresaria rural y datos de su Honda el mismo día de la desaparición de Castro. Los fiscales afirmaron que “no se comprende el porqué antecediendo a la informal anotación en la libreta en cuestión de los datos de Facundo
Astudillo Castro, ya estaban consignados los de esa testigo, incluidas las referencias a la camioneta que tripulaba y en la cual, presumiblemente, habría trasladado al joven”.
“En la hoja de la libreta, cuya copia aparece a fojas 353 aparecen consignados, además, los datos de la hija de la testigo, se insiste, sin razón válida que explique por qué justamente con caprevio a interactuar con Astudillo Castro, González ya tenía apuntados los datos de la persona que resulta clave a la fecha en el contexto de reconstrucción de cómo se desarrolló la jornada del 30 de abril para el joven fallecido”, indicaron los representantes del Ministerio Público.
En su pedido, Heim y Azzolin –Ulpiano Martínez no lo firmó– solicitaron a la jueza Marrón que ordene a Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entregar “los teléfonos personales y oficiales” que utilizan los efectivos de las comisarías de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Teniente Origone, Médanos, General Daniel Cerri, JPC Villarino y la UPPL de Bahía Blanca. Para fundamentar su solicitud se basaron en lo ya analizado por la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) sobre “extracciones forenses de algunos de los teléfonos secuestrados”, donde “se han localizado comunicaciones sugestivas entre miembros de la Policía Bonaerense y el borrado de otras”, además de haberse encontrado en esos teléfono “fotografías y capturas de pantalla” que “no tendrían anclaje” en la versión de los hechos declarada por los agentes investigados. En concreto, “del resultado de la extracción forense del teléfono de González surge que han sido eliminados los registros de comunicaciones con la comisaría de Medanos, en ocasión de la comunicación que habría mantenido por la presunta interacción con Castro, ello así, pues, no surgen comunicaciones entrantes ni salientes del 30 de abril, cuando, por el contrario, los informes de la empresa Movistar dan cuenta de siete comunicaciones”.
Los fiscales entendieron que “determinadas circunstancias ponen en evidencia que el accionar policial alrededor del caso excedió ampliamente su rol de colaborador del Poder Judicial, hubo una verdadera coordinación entre las bases policiales y
Heim y Azzolin pidieron una serie de medidas de prueba. La jueza federal no aceptó secuestrar celulares policiales.
Hubo un “esquema de actuación sistematizada, coordinada y organizada (...) encaminada a entorpecer el curso de la investigación”.
sus superiores”. Sin embargo, la jueza Marrón se negó a conceder las medidas que los fiscales entienden sustanciales en tal sentido, tales como el secuestro de teléfonos de comisarios, oficiales y suboficiales de la Bonaerense y el allanamiento de las sedes policiales. En este momento la querella y la fiscalía evalúan la eventual recusación de la magistrada.