Para desalentar el culto a las armas

Los “tiradores de largo alcance” no tendrán personería jurídica

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La Inspección General de Justicia (IGJ) le denegó la autorización para funcionar como asociación civil a un grupo de “tiradores de largo alcance” interesados en promover esa particular disciplina, firmar convenios con fuerzas armadas y de seguridad, y –por qué no– oficiar de usuario comercial para adquirir y vender armas, municiones y demás cotillón. La resolución del organismo que encabeza Ricardo Nissen explicó en su resolución que se trata de una actividad “ajena al interés general y al bien común”. La práctica con armas de alta precisión a largo alcance “no se corresponde con las finalidades estatales relacionadas con dicho uso, que sólo son las de la defensa común y la consolidación de la paz interior y la seguridad pública”, destaca, y advierte sobre el “uso liberalizado de armas de fuego” –que supo promover la jefa del PRO Patricia Bullrich– como “un factor de crecimiento de índices de seguridad pública”. La resolución de la IGJ es también una forma de desalentar el culto a las armas de fuego, y la aparición de entidades como el “Club del Rifle”, que tiene miles de adpetos entre los secotres más conservadores de la sociedad estadounidense.

El original pedido lo formuló la Unión Long Range de Argentina, una asociación civil creada este año, que según su estatuto se propone agrupar a los tiradores interesados, promover eventos, aliarse con clubes y asociaciones para hacer crecer la disciplina y firmar convenios con Fuerzas Armadas y de Seguridad “en materia de apoyo a la actividad deportiva”. El listado de nobles aspiraciones incluye también garantizar las prácticas en polígonos, promover competencias de Long Range, apoyar económicamente a los adeptos, promover la disciplina “en todas sus formas y modalidades”, patrocinar “acciones formativas y divulgativas” y, por último, actuar como Usuario Comercial (Anmac) para la adquisición y venta de materiales e insumos para el desarrollo de la actividad entre sus asociados, en ningún caso con fines de lucro”.

Los últimos tres puntos denotan una “notoria extralimitación”, advierte la IGJ antes de analizar la cuestión de fondo, porque por un lado se pretende promover y patrocinar “una actividad no beneficiosa para el colectivo comunitario, por ajena al interés general y al bien común”, y por otro se pretende además alcanzar la categoría de “Usuario Comercial” en los términos definidos por la Agencia Nacional de Material Controlados (Anmac, que lleva adelante políticas de desarme de la sociedad civil). Lo que “posibilitaría la adquisición, por ejemplo por vías de importación y tránsito por zona primaria aduanera argentina, de sofisticadas armas” y demás accesorios, asegura el organismo. Ese pedido puntual “se emparenta más con un infundado privilegio”, que en última instancia “derivaría en ventajas económicas y/o lucro, al menos indirecto” para los asociados.

Si bien ese punto por sí solo permitiría negarle el carácter de asociación civil, la IGJ desarrolla luego el tema del bien común que debe fomentar. Entre sus objetivos, establecidos por ley, figura en el artículo 2 “fomentar la asociatividad de las personas humanas para perseguir fines de bien común”. Por ende le otorga facultades para apreciar “razones de oportunidad, mérito y conveniencia que se funden en el interés público de que las entidades satisfagan finalidades de bien coEstado mún”, que no es otro “conveniente al pueblo”.

El pedido de los tiradores “no se compadece con la promoción y expansión del bien común” ya que de sus fines declarados no surge ninguna “contribución al medio social”. Tampoco se advierten “rezones de interés general” que justifiquen favorecer una actividad que antes de autorizar

La flamante asociación civil Unión Long Range de Argentina hizo el pedido a la Inspección General de Justicia, pero le fue denegado.

La resolución del organismo que encabeza Ricardo Nissen explicó que la actividad es “ajena al interés general y al bien común”.

que el “el Estado debe jerarquizar como de su propio interés”. Según el Estado constitucional y convencional de derecho que rige en la Argentina “no es preciso acudir a dogmática religiosa alguna para sostener que el bien común es el bien estatal”, en el cual debe enmarcarse el objeto de toda asociación civil.

Al margen de que los tiradores no promueven nada que roce el bien común, las finalidades de las entidades autorizadas por el a funcionar como asociación civil “deben guardar coincidencia con finalidades jerarquizadas por el Estado como propias”. En el caso puntual, en cambio, se trata de “actividades basadas en el uso de armas de fuego de alta precisión a largo alcance” que “no se corresponden con las finalidades estatales relacionadas con dicho uso, que sólo son las de la defensa común y la consolidación de la paz interior y la seguridad pública, de acuerdo con las prescripciones constitucionales vigentes”, se destaca.

La IGJ advierte también sobre la tendencia a “percibir al uso liberalizado de armas de fuego como un factor de crecimiento de índices de inseguridad pública”, situación que no cambia por el hecho de invocarse “finalidades deportivas” porque “su potencial de letalidad es enorme”. “Apreciar el bien común es apreciar aquello que la sociedad en su conjunto considera digno de protección; y se pretende que las entidades realicen una actividad altruista, o al menos que esa actividad colabore de manera inmediata o mediata con el bienestar general”, recuerda la IGJ al denegar la autorización. @

La Justicia confirmó el procesamiento de un matrimonio compuesto por dos exreligiosos, por amenazas de muerte contra Hebe de Bonafini. “Quienes amenazaron a Hebe no son personas aisladas, son gente muy reaccionaria que pertenece a la derecha de la Iglesia con vinculaciones políticas claras con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y el obispo de esa diócesis”, dijo a PáginaI12 el abogado de esa organización, Juan Manuel Morente. “Es la primera vez que un acto de intimidación contra las Madres se esclarece. Bonafini tiene 92 años y en plena pandemia vive sola, amenazarla es una crueldad total”, agregó. Los procesados son José Luis Aguirre, de 34 años, un ex seminarista que abandonó los hábitos para contraer matrimonio con Jimena Celeste Cuestas, de 37, quien había sido monja.

En sus casi 44 años de lucha a las Madres de Plaza de Mayo las amenazaron, golpearon, saquearon decenas de veces. Hasta torturaron a la hija de Hebe en su propia casa, cuando ambas vivían juntas, en mayo de 2001. Nunca había avanzado en sede judicial una investigación que permitiera conocer la identidad de sus autores. Con la última intimidación, ocurrida el 18 de julio, fue distinto: Hay dos personas procesadas, una de ellas con prisión preventiva, medidas que acaba de confirmar la Cámara Federal. Y esta vez incluso debió renunciar el exobispo de la diócesis AvellanedaLanús, Rubén Oscar Frassia, porque la investigación identificó que el celular desde donde se realizó la llamada amenazante pertenece a la ex monja integrante de la congregación Miles Christi. Y que minutos antes y después de la amenaza, su autor se comunicó con el celular de Frassia, desde el mismo teléfono.

“El teléfono era de una exmonja”, detalló Hebe en julio, y agregó: “El obispo Frassia, que pintó las imágenes de las Madres cuando echó al padre Paco (Olveira), acaba de renunciar. Quiero que todos lo que me escuchan se pregunten por qué renunció el obispo, que tiene tanto poder y tantos amigos poderosos. No es cualquier cosa. Las Madres no nos vamos a quedar calladas”. Al día si

La investigación identificó que minutos antes y después de la amenaza, su autor se comunicó con el exobispo Frassia.