Un genocida con prisión efectiva
En la mañana de ayer la fiscal presentó pruebas de cómo “burlaba la Justicia”. Por la tarde, el represor fue enviado a Campo de Mayo.
El Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín revocó ayer la prisión domiciliaria que gozaba desde el 2014 Luis Angel Firpo, ex jefe de Contrainteligencia del Batallón 601 durante la dictadura cívico militar, juzgado por crímenes de lesa humanidad contra militantes de la organización Montoneros que participaron en la denominada “Contraofensiva”. Hizo así lugar al pedido que hizo la fiscalía por la mañana –al que adhirieron las querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y las querellas particulares representadas por el abogado Pablo Llonto–. Entonces la fiscal Gabriela Sosti había aportado fotografías que confirmaban que Firpo había salido, por lo menos, en dos oportunidades, de su casa, en donde debía cumplir prisión preventiva. En una oportunidad fue a hacer compras a un supermercado, en otra hizo una recorrida por su barrio. Finalmente, por la tarde se hizo lugar al pedido y Firpo fue enviado a Campo de Mayo.
“La confianza que el Estado depositó en él fue traicionada”, aseguró Sosti al inicio de la jornada. Previo a dar continuidad al alegato que expresa desde principios de mes, la fiscal anunció al TOF número 4 de San Martín que solicitaría se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria para Firpo, que supuestamente cumplía encierro en su casa de Mar del Plata, por haberlo violado en más de una oportunidad. La fiscal transmitió la información que había recibido el día anterior desde la Unidad Fiscal especializada en crímenes contra la humanidad. Aportó fotos “que prueban que el imputado se estaría burlando de la Justicia. Lo que habilita a pensar que esta es una modalidad sistemática”, apuntó la fiscal. Añadió que según relataron vecinas y vecinos del barrio, el represor suele salir “a diario” de su casa.
Debido a problemas técnicos, Sosti no pudo mostrar las fotografías durante la audiencia de la mañana de ayer, pero se las pudo ver publicadas en el sitio web La Retaguardia, que garantiza la retransmisión del debate. Las imágenes muestran a Firpo, ex teniente coronel del Ejército que durante la última dictadura cívico militar fue jefe de la central de Contrainteligencia y jefe de la División de Seguridad del Batallón 601, saliendo de su casa. Algunas lo muestran saliendo de un supermercado con un changuito cargado de mercadería, caminando tranquilo hasta un auto bordó, cargando las cosas en el baúl. En otras se lo ve en la puerta de su casa, avanzando hacia la vereda, revisando plantas por la cuadra.
“Son habilitaciones que no tiene, el Ministerio Público no puede avalarlas. Pareciera que se naturaliza que los imputados que tienen un beneficio excepcional, porque están imputadas de los delitos que se puedan cometer”, explicó Sosti. Llonto añadió a las esas razones “el grado de peligrosidad de estos genocidas deambulando por las calles”. “No nos importa su edad. Es un riesgo que representan para los testigos, los sobreviventes, las familias de las víctimas”, apuntó.
En una jornada signada por interrupciones en la transmisión remota, Sosti alcanzó a explicar de manera completa el revocamiento del beneficio. Firpo la oyó con gesto adusto, se lo vio hacer algún comentario a alguien que lo acompañaba detrás de la cámara. Fue una de las primeras veces en que la cara de Firpo se dejó ver nítidamente. Durante la audiencia en la que amplió su declaración indagatoria, meses atrás, negó todos los cargos de los que se lo acusa en el debate oral y público por los crímenes contra los partícipes de la Contraofensiva montonera frente a una cámara que lo grabó de manera borrosa: el dispositivo no enfocó en su rostro.
Firpo gozaba del beneficio de la domiciliaria prácticamente desde que fue detenido con prisión preventiva, en el marco de la investigación que la jueza de San Martín Alicia Vence desarrolló para describir y establecer responsabilidades por los crímenes que sufrieron militantes de Montoneros que participaron del operativo de Contraofensiva, que tuvo lugar entre 1979 y 1980. Como él están imputados los ex militares Jorge Norberto Apa, Roberto Bernardo Dambrosi, Jorge Eligio Bano, Eduardo Eleuterio Ascheri y Marcelo Cinto Corteaux.
Firpo tiene 89 años. Vivía en Nogoyá, Entre Ríos, pero solicitó trasladar el domicilio de cumplimiento del beneficio a Mar del Plata, donde viven sus dos hijos. Se estableció en una casa en el barrio de Nueva Pompeya, de la que se lo registró salir en, por lo menos, dos oportunidades. Otro permiso que le otorgó el TOF 4 fue para ir a votar en las elecciones presidenciales del año pasado, para lo que debió trasladarse a Nogoyá, Entre Ríos. “No tenía permiso para ir de compras ni recorrer el barrio”, denunció la fiscal del juicio ayer. Anoche durmió en la prisión de Campo de Mayo.
En unas fotos se veía al represor saliendo de un supermercado con un changuito cargado de mercadería, caminando tranquilo hasta un auto.