Cómo asegurar la implementación
Las tareas que se vienen para hacer cumplir la ley
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La sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que despenaliza y regula el aborto por fuera de las causales fue un triunfo histórico para quienes luchan hace décadas por el derecho a decidir y fue celebrada por organismos nacionales e internacionales, así como por una gran parte de la ciudadanía argentina. Sin embargo, para que el acceso a la interrupción segura y gratuita del embarazo se garantice en la práctica de manera plena, todavía resta la reglamentación, que se estima estará lista en un mes y en la que trabajan integrantes del Ministerio de Salud y del de Mujeres, Géneros y Diversidad, y de la Secretaría Legal y Técnica, junto a diferentes asesoras, entre ellas referentes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Si bien en la reglamentación se establecerán las condiciones para garantizar el acceso en la práctica, la modificación al Código Penal es el primer paso contra la criminalización del aborto. Así lo afirmó el ministro González García en una entrevista con este diario: “al descomprimir legalmente, con una ley como hay ahora, mucha gente que usaba la objeción de conciencia por miedo, porque ha habido lugares donde se han hecho cosas muy feas vía judicial sobre los propios médicos o los actuantes (ante una ILE), seguramente no se declará objetora”.
“El trabajo continúa. Hay que estar atentas para que la implementación sea inmediata y se aplique en todo el país”, señaló a
Jenny Durán, referente de la Campaña, y aseguró que hubo “un gran trabajo previo en el armado del texto de la ley para dejar allanado el camino” de la reglamentación. Respecto a la objeción de conciencia, Durán sostuvo que “la letra es bastante explícita: los servicios públicos y privados de salud tienen que atenerse a la ley y encontrar la forma de garantizar el acceso”. Según afirmó la activista, la Campaña está trabajando en conjunto con la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera nacional de Salud en la reglamentación de la nueva norma.
Clara Noceti, médica generalista y referente de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, coincidió en que “es esencial el monitoreo y la cobertura de la práctica en todo el país”. Para Noceti, el paso siguiente a la reglamentación de la Ley IVE es la capacitación a los profesionales de la salud, “no sólo de obstetricia y ginecología, sino de todos los niveles del sistema sanitario para que puedan realizar las prácticas recomendadas”, y remarcó que “los médicos no somos los jueces morales de la vida de nadie, tenemos que acompañar las decisiones que toman las personas”. Si bien la ley establece la posibilidad de que un profesional de salud, por objeción de conciencia, pueda
Página/12
negarse a realizar un aborto voluntario, Noceti advirtió que, en los dispositivos de salud públicos, “es importante que las jefaturas no sean objetoras”.
Otro de los pasos siguientes para la aplicación de la ley es el registro de la mifepristona, una medicina que se combina con el misoprostol
Se estima que la reglamentación estará lista en un mes. Los obstáculos a vencer para que la norma se ponga en marcha en todo el país.
Otro de los pasos siguientes para la aplicación de la ley es el registro de la mifepristona, una medicina que se combina con el misoprostol.
cuando se realiza la IVE mediante medicamentos. “Permite un aborto más eficaz y con menos dolor”, explicó Noceti, y señaló que también “hay que capacitar sobre aborto por aspiración, una práctica que es segura cuando el método con medicamentos no funciona, y que todavía se aplica en muy pocos lugares”.
Al día siguiente de la sanción de la norma en el Senado, el Ministro de Salud remarcó que la implementación será de la misma forma en que llegó a convertirse en ley, es decir, con el trabajo de organizaciones sociales y del movimiento feminista para garantizar los abortos seguros. “La ley permite que muchos profesionales puedan salir del ‘closet abortero’ y realizar las prácticas sin miedo a que los persigan”, señaló Eugenia Ferrario, integrante de la Red de Socorristas que durante el 2020 acompañó a 18 mil personas de todo el país en el acceso a la interrupción del embarazo.
“Las leyes por sí solas no garantizan nada. Son un piso, ahora hay que cuidarla, poner el cuerpo”, advirtió Ferrario, desde Necochea. Con el nuevo marco legal, la Red se concentrará en “difundir, dar a conocer los derechos y seguir acompañando, con estrategias regionales, para que se cumpla en todo el territorio”. La activista hizo hincapié en la situación de las niñas y adolescentes “que son obligadas a ser madres, a parir, por llegar a los centros de salud muchas veces después de las 14 semanas de gestación”, y remarcó que “con las causales siempre hubo trabas y hay que estar atentas, articular con los profesionales de la salud”.
Para la activista de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la promulgación es “una manera de cerrar toda la lucha del 2020” y empezar con otra militancia, concentrada en la capacitación, la educación sexual integral, la garantía de que estén los insumos necesarios para garantizar los abortos seguros y, también, agregó Durán, “que en toda Latinoamérica haya aborto legal”. @
La promulgación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo implica que el aborto deja de ser ilegal en la Argentina. En lo inmediato deberían pasar dos cosas. La primera: que caigan todas las causas abiertas por prácticas de abortos hasta la semana 14. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, hay 1532 expedientes en curso en 17 jurisdicciones. Si bien eso podría o debería ocurrir de oficio en los propios tribunales, es probable que eso no suceda. Por eso, desde el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se están preparando para acompañar e impulsar ese proceso. El segundo hecho será la implementación de la ley, garantizar que el derecho que consagra sea efectivo. Como la mayoría de los artículos son de aplicación directa, no es necesario esperar a la reglamentación, sino que a los ocho días desde su publicación la norma entrará en vigencia. La implementación dependerá en su mayoría del ministerio de Salud. La cartera que encabeza Ginés González García ya viene haciendo compras de Misoprostol y las pastillas se distribuirán en todo el país. Este trabajo en conjunto es la continuación de la tarea que se llevó a cabo desde que se decidió impulsar el proyecto hasta su sanción. Para algunos dentro del gobierno, es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer así: de forma coordinada, cuidada y poco ventilada por los medios.
A mediados de noviembre de 2019, un mes antes de su asunción, Alberto Fernández aseguró en un reportaje en PáginaI12 que cuando se convirtiera en Presidente, el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de legalización del aborto. El 1 de marzo de 2020, en el inicio de las sesiones ordinarias, anunció que lo haría “en los próximos días”. El 9 de marzo la iniciativa estaba lista, solo faltaban definir algunas cuestiones presupuestarias del proyecto de los mil días para que ambos llegaran al Congreso. Pero el 20 de marzo el país entró en cuarentena a causa del coronavirus.
A fines de agosto, la pandemia seguía su curso pero el trabajo legislativo estaba encaminado. El tema volvió a ponerse sobre la mesa presidencial. Dentro del Frente de Todos había tres sectores:
■ Los que se oponían a la ley, ya sea por cercanía a la Iglesia o por convicciones religiosas (el presidente siempre sostuvo que este tema ya lo había hablado con el Papa Francisco)
■ Los y sobre todo las que la apoyaban y batallaban porque se tratara lo antes posible porque sabían que el 2021, al ser año electoral, el proyecto quedaría postergado. Aquí estaban, obviamente, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, autora del proyecto, y la