Morales y su persecución a las protestas sociales
Multas a las organizaciones sociales de Jujuy por reclamar trabajo y viviendas
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Organizaciones sociales, campesinas e indígenas nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) de Jujuy repudiaron la “criminalización sistemática” de la que son objetos por parte del gobernador Gerardo Morales, quien ordenó que se labren actas contra las organizaciones por haber realizado, el pasado 15 de diciembre, la jornada “Por una Navidad Sin Hambre”, donde se realizaron demandas de puestos de trabajo y tierra para vivir y producir. “Fuimos criminalizados con argumentos sin justificación”, afirmó Jorge Angulo, coordinador del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki. Esta organización y el coordinador fueron notificados de que están acusados de haber incurrido en contravenciones.
Lo curioso es que los avisos de las actas contravencionales llegaron cuando se está desarrollando una mesa de trabajo entre el Gobierno y estas organizaciones sociales. En su afán de advertir a los dirigentes, la Policía jujeña dejó las notificaciones pegadas en las puertas de merenderos y comedores de distintas organizaciones. El Código Contravencional de Jujuy prevé penas de multas, la realización de trabajo comunitario o la prisión.
José Surita, referente del Movimiento Evita y otro de los notificados, dijo durante una conferencia de prensa que rechazan “la criminalización de la protesta social porque protestar es un derecho que tenemos todos los ciudadanos argentinos y denunciamos la persecución”, aseguró. En ese marco los dirigentes insistieron en reclamar la renuncia de la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, a quien acusan de no dar respuesta al reclamo ni solución al
LA UTEP participa de una negociación con Morales que nació de una protesta que ahora el gobernador le aplica el Código Contravencional.
Las notificaciones las recibieron mientras las organizaciones llevan adelante una mesa de negociación con el gobierno provincial. Fue por reclamar una “Navidad sin Hambre”.
hambre que padecen muchas familias en Jujuy. “No solo que no da respuesta, sino que lo niega” afirmó Surita.
“No queremos romper la mesa de trabajo, sí queremos discutir. Si el gobierno cree que con las multas desviamos el eje de discusión, están equivocados. Si ellos quieren romper que se hagan cargo, no vamos a dejar de lado nuestros derechos ni las demandas de los hermanos de base”, sostuvo por su parte Angulo.
Las notificaciones llegaron a al menos ocho referentes sociales, Angulo, Surita, Gabriel Taboada, Gabriela Arroyo, Ivone Aparicio, Arnaldo Navarro, Sara Cruz y Eva Girón, y a las organizaciones Llankaj Maki, CCC y MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos).
El coordinador de Llankaj Maki recordó que las organizaciones sociales han estado en los lugares donde el Estado provincial no ha llegado. “Hemos asistido a personas contagiadas de covid, siendo víctimas de la falta de políticas de salud en el pueblo”, afirmó. “Estamos en una mesa de trabajo con el gobierno donde han planteado las problemáticas que tienen los espacios colectivos comunitarios y en Casa de Gobierno dejaron el año pasado un documento con cinco puntos para discutir”, indicó Angulo sobre la conformación de la mesa de trabajo con el Estado provincial.
Precisamente, esa mesa se constituyó a modo de respuesta a la jornada de diciembre último. “El 15 de diciembre hemos logrado esa mesa de trabajo para discutir la realidad del trabajo genuino en Jujuy para paliar la situación de desocupación y las consecuencias de la pandemia”, reseñó el referente del Consejo de Pueblos Originarios.
Angulo explicó que “no se logró avanzar” sobre la situación de tierras para vivir y producir. Y también informó que en las reuniones plantearon que “se actualice un presupuesto acorde a la realidad jujeña para merenderos y comedores”. Dijo que estos son los puntos que lograron conversar sin concretar nada aún.
Los referentes de las organizaciones sociales indicaron en la conferencia de prensa que esperan que la semana próxima se concrete una reunión con la ministra Sarapura y poder avanzar en la mesa de diálogo. Advirtieron que, de lo contrario, se verán obligados a movilizarse y “poner de manifiesto la falta de diálogo con los funcionarios de Gerardo Morales”.
Ante esa visibilización de la problemática, Morales contestó con persecuciones y multas por “infringir las medidas sanitarias”. Es una práctica que viene desde los inicios de la su gestión, usando para eso el Código Contravencional, que el gobernador puso en vigencia el 1 de enero de 2016, denunciado como una herramienta para disciplinar a dirigentes opositores y, a la vez, recaudar dinero con las multas. La Justicia Contravencional es un órgano del Estado provincial, no del Poder Judicial. En 2016 se lo usó para detener a Milagro Sala. Y en 2017 otros dirigentes sociales, gremiales y políticos fueron multados por una movilización, y cada uno deberá pagar 151 mil pesos.