Un intento por impedir el reclamo de libertad
Las organizaciones sociales presentaron un amparo. El ministro de Seguridad dijo que hay libertad de manifestación, pero su par de Gobierno advirtió que el Estado actuará “ante hechos vandálicos”.
@
“Operativo Aniversario”, así definió la Policía de Jujuy al megadispositivo de seguridad que, por orden del gobernador Gerardo Morales, aplicará en toda la capital provincial para intentar contener, y tal vez frenar, el desarrollo de la jornada nacional de reclamo por la libertad de la dirigenta social Milagro Sala, quien cumple cinco años detenida sin condena firme en esa provincia. En la capital jujeña se vive un clima de tensión social ya que el operativo, que incluye tareas de vigilancia y controles de todo tipo, está destinado prioritariamente a impedir el ingreso a la ciudad y el posible acampe de los manifestantes.
Los detalles de este megaoperativo se pudieron conocer porque trascendió lo que la policía provincial emitió como Orden de Operaciones N° 1, del Departamento de Operaciones Policiales (D-3) y que prevé un “Dispositivo de prevención y seguridad durante ‘Movilización de sectores sociales-Operativo aniversario’”. Allí se describen tareas de inteligencia realizadas en los días previos y las acciones que se llevarán a cabo en la jornada de hoy, con el objetivo de evitar que se establezcan acampes. “El lugar central de convergencia será la Plaza Belgrano, lugar en el que los manifestantes tienen previsto realizar un acampe y posterior locución, situación que debe ser evitada”, afirma la Orden de Operaciones.
Consecuentemente, dispone un diagrama de seguridad con “actividades inherentes a la prevención perimetral y acciones a ejecutarse ante la hipótesis de un supuesto acampe”. Bajo el punto “Misión”, se explica que desde las 8 de la mañana comenzarán “las acciones de prevención” que “estarán encaradas específicamente a la seguridad del perímetro que comprende la Plaza Belgrano, los puentes de acceso al centro de la capital jujeña y los ingresos al departamento capitalino”.
El trabajo de inteligencia que desarrolló lo que se conoce como Departamento de Operaciones Policiales o D-3 incluye, por ejemplo, los lugares que consideran clave para la concentración de las columnas de manifestantes. Esto incluye ciudades del interior de la provincia como Perico, Monterrico, La Quiaca, Humahuaca, Palpalá, Libertador, San Pedro, y los policías consideran que desde esos lugares partirían a San Salvador de Jujuy, por lo que el dispositivo advierte que es “necesario imponer controles vehiculares en puntos estratégicos”.
El ministro de Seguridad, Guillermo Coro, aseguró a PáginaI12 que se trata de un operativo “rutinario”, de los que “se hacen habitualmente por alguna marcha y demás, para garantizar la seguridad de las personas que vayan a
manifestarse” y dijo que está garantizado el derecho a manifestarse. Sin embargo, la difusión de la Orden de Operaciones generó gran tensión en las organizaciones, que vienen denunciando la criminalización de la protesta prácticamente desde el momento en que comenzó el primer gobierno de Gerardo Morales.
De hecho, Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 cuando realizaba un acampe frente a la Casa de Gobierno. Esa causa fue luego anulada, pero se le sumaron otras acusaciones y lleva ya cinco años detenida, sin condena firme. Su defensor, el abogado Luis “Lucho” Paz, recordó que la arbitrariedad de esta detención fue reconocida hasta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por otra parte, las declaraciones del ministro de Gobierno de Jujuy, Agustín Perassi, contradicen a Corro. “Hay quienes buscan el conflicto”, dijo en declaraciones a medios locales. Aseguró que “al gobierno nacional no le interesa un conflicto de esta magnitud, pero hay sectores de la política a los que no les interesa el bien común ni respetar la ley, menos aún la justicia, por lo que actúan como una banda”. Agregó que el Estado provincial “debe actuar ante hechos vandálicos” y dijo que “a través del Ministerio de Seguridad, llevará adelante los controles con toda rigurosidad y el personal necesario para contener la situación que se presente”.
Ayer mismo la abogada Paula Alvarez Carreras y su colega Néstor Ariel Ruarte presentaron una acción de hábeas corpus preventivo colectivo “en favor de los manifestantes” ante las “versiones de un despliegue desproporcionado de fuerzas represivas con el fin de evitar una Expresión Libre y Democrática de un grupo de ciudadanos que se opone a las políticas del Poder Ejecutivo Local”.
En el amparo se recuerda que esta hipótesis “es coherente con las reiteradas acciones represivas ejecutadas por las fuerzas de seguridad durante los últimos 5 años” en la provincia, y que se agravó más aún con la emergencia sanitaria por la pandemia. El habeas se presentó en la Cámara de Casación Penal, que citó a audiencia para hoy a las 7.30.
Anoche, tras una reunión, las organizaciones ratificaron la concreción de la manifestación, para lo que se concentrarán a partir de las 9 en las calles 19 de Abril y Gorriti, aunque la marcha se prevé para el mediodía. “El gobierno de Morales ha preparado para la manifestación de mañana un dispositivo de represión, terror y castigo” contra quienes luchen “contra las injusticias que ha generado” él mismo, denunció Nando Acosta, de ATE Verde y Blanca antes de ratificar la protesta.
De manera similar se expresó Santiago Hamud, del Movimiento Territorial de Liberación (MTL): “Ese informe muestra como Gerardo Morales prepara a las fuerzas de la Policía de Jujuy para reprimir una protesta que está pensada llevarse adelante de manera pacífica”, sostuvo.
Milagro Sala estaba acusada en otras cuatro causas, además de la causa “Acampe”, en dos de ellas fue absuelta y en dos fue condenada. La condena más grave, a 13 años, es en la causa conocida como
El operativo Aniversario incluye el seguimiento de las columnas de manifestantes que salieron desde diferentes ciudades de Jujuy.
“Pibes villeros”. Su defensa denunció que el expediente está lleno de irregularidades. También fue condenada, a 3 años de prisión, en la causa de los “Huevazos”, por una protesta frente a Morales en 2009. Las dos sentencias están apeladas. En la condena a 13 años se espera resolución de la Corte Suprema de la Nación.
La dirigente social fue absuelta en la causa “Bombachas”, pero el fallo no está firme. Se la acusa por una serie de llamados a la seccional 56 de la ciudad de San Salvador de Jujuy. También fue absuelta en la causa “Balacera de Azopardo” en la que se la acusaba por tentativa de homicidio, pero no hubo pruebas.
En un audio que difundió por las redes sociales, Milagro Sala aseguró que “Jujuy sigue siendo laboratorio del lawfare, del neoliberalismo, y que la única manera que cambie esta historia es que haya una reforma judicial, o que saquen los servicios de inteligencia que hay en esta provincia”.