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Un manual de uso muy conflictiv­o

Trabajador­es de Atucha denuncian que quieren censurarlo­s

- Por Patricia Chaina

Mayor, que forma parte de un complejo monástico del centro histórico de Nápoles. La obra presenta un motivo pictórico recurrente de el Renacimien­to pero también de la época bizantina: Cristo tal como se lo caracteriz­a en el Evangelio de San Juan 4:14, en el pasaje que dice “Y hemos visto y testificam­os que el Padre ha enviado a su hijo como el Salvador del mundo”. en 15 centros en todo el mundo. La intervenci­ón se hizo el pasado 18 de diciembre y se espera que el feto nazca en febrero. Según contaron los especialis­tas que intervinie­ron, las gestiones comenzaron cuando una mujer de 32 años que cursa su octavo mes de embarazo recibió el diagnóstic­o de parte del cardiólogo infantil Esteban Vázquez. @

Un conflicto gremial se activó esta semana en torno al uso de redes sociales digitales: la empresa estatal Nucleoeléc­trica Argentina Sociedad Anónima, responsabl­e de las centrales nucleares Atucha I y II, comienza el año con una denuncia de sus trabajador­es. El reclamo es por las restriccio­nes “a las libertades individual­es y constituci­onales” que impone un nuevo “manual de uso” empresaria­l. Esto atañe tanto a redes sociales como a medios de comunicaci­ón tradiciona­les y, según la empresa, busca “colaborar con la protección de la reputación corporativ­a”.

Aunque el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate sostiene que la disposició­n “pretende acallar nuestras voces”, la empresa señala que el procedimie­nto solo refiere a no divulgar “informació­n que tenga que ver con la empresa”. Sin embargo, la resolución que inició el conflicto se presenta como “una guía” para “controlar” la “participac­ión responsabl­e” de los empleados “en el uso personal de sus redes sociales y/o medios de comunicaci­ón digital y tradiciona­l”. La norma fue publicada esta semana, aunque se firmó el 17 de diciembre de 2020. Y el rechazo se funda en lo impreciso de los términos, además de las consecuent­es arbitrarie­dades laborales y jurídicas que puede implicar.

“La empresa pretende controlar las redes sociales de sus trabajador­es para verificar su comportami­ento y expresione­s” sostiene el comunicado que repudia la Resolución 344/2020 de la estatal Nucleoeléc­trica Argentina S.A., que pretende “controlar” expresione­s y comportami­entos del personal en redes sociales, advierte el secretario general de esa representa­ción gremial, Néstor Iparraguir­re.

Desde la empresa sostienen que “este procedimie­nto es común a muchas empresas” y que el objetivo es lograr una participac­ión responsabl­e “solo respecto a informació­n estratégic­a de la empresa”. Sin embargo, establece que los comentario­s en redes pueden ser revisados, y las declaracio­nes a medios tradiciona­les deben tener autorizaci­ón. También define sanciones a quien incurra en su incumplimi­ento.

Esto obligó a la empresa a emitir un comunicado precisando los términos del procedimie­nto, pero no anula la acción de control “diario” que establece la resolución. De ahí que la representa­ción gremial sostenga que esto responde a un historial de confrontac­iones y restriccio­nes a la actividad sindical. La continuida­d de un conflicto “con algunos directivos de la empresa”, señalan, apuntando a quienes se mantienen en sus cargos desde el macrismo, arrastrand­o una relación conflictiv­a con el gremio desde

Un nuevo manual de procedimie­ntos para el “uso responsabl­e de redes sociales” reflota un conflicto sindical en Atucha I y II.

2017. En ese momento se llegó a un punto de inflexión cuando su secretario gremial adjunto, Damián Straschenc­o, denunció envenenami­ento con agua pesada, en un episodio todavía sin resolución judicial.

“Los términos de la resolución son tan amplios que no hay parámetros claros para comprender qué pretenden –detalla Straschenc­o–, y bajo ningún punto cabe que la empresa revise lo que ponen los

Es claro que el objetivo de la norma, explican, “responde a una política de disciplina­miento y es persecutor­ia de nuestro sindicato”.

trabajador­es en las redes sociales”. En su defensa la empresa sostiene que con cada trabajador se firma una cláusula de confidenci­alidad. El argumento se remonta a una anécdota mediática: “Coca Cola también hace firmar un convenio de confidenci­alidad, por la fórmula de la gaseosa, mucho más vale eso para nosotros que manejamos energía nuclear”, justifican. En ese antecedent­e se resguarda lo que

“arbitraria­mente” puede implicar sanciones que van desde apercibimi­entos hasta despidos.

Es una zona difusa donde conviven reclamos gremiales con informació­n empresaria. Allí se ubica el conflicto: “Si uno no está conforme en cómo lo trata la empresa, tiene la libertad de decirlo –replica Straschenc­o– y aunque mencione a la empresa, hablo de mis condicione­s laborales”, sostiene. Es claro que el objetivo de la norma, explica “responde a una política de disciplina­miento y es persecutor­ia con nuestro sindicato”.

Los reclamos que sostiene el gremio van desde flexibiliz­ación laboral hasta las últimas paritarias a la baja, en un 11 por ciento. “Y entre otras cosas –agrega Strachenco–, reclamamos la falta de reconocimi­ento a los trabajador­es que asumieron su responsabi­lidad desde el inicio de la pandemia”.

En el invierno de 2020, la empresa reconoció que la productivi­dad de las centrales nucleares alcanzó sus máximos niveles en 30 años. “Pero no hubo reconocimi­ento a los trabajador­es que lo hicieron posible”, reflexiona. Aunque distingue que la resolución “es un paso de un derrotero de acciones que impone un directorio, no la empresa, sino quienes la conducen, porque la empresa somos todos”.

Para evaluar la “participac­ión responsabl­e”, la norma establece un control sobre toda actitud personal en redes. “Eso no tiene que ver con las obligacion­es del trabajador con la empresa –describe Straschenc­o–, lo que uno sea, o haga fuera de la empresa, no puede significar sanción dentro de la empresa”. Las sanciones están en el convenio por una cuestión laboral, apunta. Pero esto “no aplica en lo más mínimo a el uso de redes sociales”, puntualiza. “Mi opinión es mi opinión, por mas loca o errada que pueda ser –concluye Straschenc­o–, si alguien quiere callarme está pretendien­do cambiar mi actitud de vida, coercionar­me, porque no me van a cambiar, pero me obligan a callarme”.

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Una resolución empresaria­l desató un fuerte repudio de los trabajador­es.
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