Biden prioriza vencer al racismo
El presidente aseguró que EE.UU. enfrenta “profundas desigualdades” Firmó decretos contra el “sesgo antiasiático”, ordenando el cierre de cárceles privadas y a favor de tribus indígenas.
@
El presidente Joe Biden firmó este martes una serie de decretos que buscan poner fin a una situación que calificó como “racismo sistemático” en Estados Unidos. Una de las órdenes ejecutivas apunta a eliminar el uso por parte del gobierno federal de las cárceles privadas, que suelen tener un número desproporcionado de reclusos de minorías raciales. Un segundo decreto busca poner fin al “sesgo antiasiático” en la respuesta del gobierno federal al coronavirus que resulta en la discriminación de la comunidad asiático-americana y de las islas del Pacífico. Otro decreto plantea fortalecer los vínculos con tribus indígenas americanas y nativas de Alaska. El cuarto documento, un memorándum, intentará garantizar un acceso más equitativo a la vivienda, explicó Biden desde la Casa Blanca.
“En mi campaña para presidente dejé en claro que nos había llegado el momento, como nación, en que enfrentábamos profundas desigualdades raciales en Estados Unidos, un racismo sistemático que ha plagado a nuestro país durante demasiado, demasiado tiempo”, aseguró el mandatario demócrata. Biden planteó que en el transcurso del último año “se le quitaron las anteojeras al pueblo estadounidense, y lo que muchos no veían o simplemente se negaban a ver ya no podía ser ignorado”.
Biden dijo que uno de los puntos de inflexión para Estados Unidos fue el asesinato de George Floyd, el afroestadounidense que murió asfixiado por un policía que le clavó su rodilla en el cuello en el marco de un arresto en Minneapolis, Minnesota, en mayo de 2020. “Esos ocho minutos y 46 segundos que acabaron con la vida de George Floyd abrieron los ojos de millones de personas en todo el mundo. Era la rodilla en el cuello de la justicia, y no debería olvidarse”, aseguró el flamante presidente. “Eso remordió la conciencia de decenas de millones de estadounidenses y, en mi visión, marcó un punto de inflexión en la actitud de este país hacia la justicia racial”, agregó.
Previamente y en la sesión informativa diaria, la directora del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca, Susan Rice, había dicho que Biden estaba buscando abordar algunos de los problemas más urgentes que atraviesan a la sociedad estadounidense. “Cada agencia colocará la equidad en el centro de su participación pública, su diseño y ejecución de políticas para garantizar que los recursos gubernamentales lleguen a los estadounidenses de color en todas las comunidades marginadas: rurales, urbanas, discapacitadas, LGBTQ, minorías religiosas y tantas otras”, aseguró Rice, quien también fue asesora de seguridad nacional durante la presidencia de Barack Obama.
En su intento por mejorar las condiciones carcelarias, Biden firmó una orden ejecutiva que exige la no renovación de los contratos de su gobierno con las empresas que gestionan prisiones privadas. La ambiciosa medida, que Obama ya había intentado implementar sin suerte, parte de la necesidad de aumentar la seguridad en esos recintos y alejar la discriminación que, según la actual administración, sufren principalmente los convictos afroamericanos e hispanos. “El presidente se ha comprometido a acabar con el encarcelamiento masivo mientras hace que nuestras comunidades estén más seguras”, sostuvo Rice al respecto.
Algunas de las compañías que gestionan cárceles donaron importantes sumas de dinero a
Trump durante su campaña para las elecciones de noviembre. Entre los donantes del exmandatario figuraban GEO Group y CoreCivic, que también regentan centros de detención para migrantes indocumentados y vieron crecer sus beneficios bajo el gobierno del magnate inmobiliario.
Biden también emitió una orden en la que rechaza la discriminación contra la comunidad asiático-americana
“Se le quitaron las anteojeras al pueblo estadounidense, y lo que muchos no veían o simplemente se negaban a ver ya no podía ser ignorado.”
y de las islas del Pacífico, que, según el documento, surge “particularmente a la luz de la retórica en torno a la pandemia de covid-19”, impulsada por el expresidente Donald Trump, que por ejemplo se refería al coronavirus como “el virus chino”. La orden ejecutiva reconoce el historial de discriminación y hostigamiento que sufren esos grupos y advierte que el gobierno federal reconocerá “el daño que estas acciones xenófobas han causado”.
Por otro lado, el mandatario demócrata dictó un decreto para fortalecer la relación entre el gobierno federal y las tribus indígenas americanas y nativas de Alaska. Por último, firmó un memorándum que le pide al Departamento de Vivienda que asegure que todos los ciudadanos tengan la misma oportunidad de acceso a una vivienda, independientemente de cuál sea su color de piel.
El historial de votaciones de Biden en el Congreso sobre cuestiones de justicia penal y reforma penitenciaria arrojó sombra durante su campaña presidencial. Las medidas adoptadas el martes parecen dirigidas a corregir ese pasado como vicepresidente que él mismo admitió como una de sus mayores deficiencias.
La semana pasada, a horas de su investidura presidencial, Biden llegó a firmar órdenes ejecutivas que incluían la instrucción para que el gobierno federal “adopte un enfoque integral en la promoción de la equidad para todos, incluidas las personas de color y otras que, históricamente, han sido desatendidas, marginadas y afectadas negativamente por la pobreza y la desigualdad”. @
El exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), cumpliendo una pena de 25 años por crímenes de lesa humanidad desde 2007, se enfrenta ante un nuevo proceso judicial por graves violaciones a los derechos humanos. El 1º de marzo un juez determinará si le abre proceso penal por las esterilizaciones forzadas practicadas por su régimen, en el cual más de 300 mil mujeres y más de 20 mil hombres fueron esterilizados contra su voluntad. Varias de las víctimas murieron como consecuencia de las intervenciones para esterilizarlas. La gran mayoría vivía en zonas rurales y provenían de comunidades indígenas, la población más empobrecida y marginada del país. A los tribunales han llegado los casos de más de mil mujeres víctimas de estas esterilizaciones forzadas.
La fiscalía pide se abra una causa penal a Fujimori como autor mediato de los delitos de lesiones graves y de lesiones seguidas de muerte. También están denunciados tres de sus ministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, y exfuncionarios del Ministerio de Salud. Ellos son sindicados como los responsables de haber decidido, planificado y ordenado, junto al exdictador, la política de esterilizaciones forzadas. Aguinaga, médico de cabecera del encarcelado Fujimori, postula al Congreso en las elecciones de abril próximo junto a la candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del exdictador de 82 años.
El caso llega a tribunales después de más de veinte años de impunidad y una accidentada investigación fiscal, que fue archivada y reabierta varias veces. La Fiscalía abrió investigación el año 2002, luego de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenó al Estado peruano investigar las esterilizaciones forzadas a raíz de la denuncia ante este organismo del caso de María Mamérita Mestanza, campesina andina que fue esterilizada contra su voluntad en marzo de 1998 y que una semana después murió a causa de la operación. Luego de varios intentos de archivar el caso, en 2018 la Fiscalía finalmente presentó acusación, que recién más de dos años después será vista por un juez.
“Si en esta próxima audiencia el juez decide abrir proceso penal, que es lo que esperamos ocurra porque hay elementos para ello, entonces comenzará una investigación judicial dirigida por el juez de primera instancia, quien después de esa investigación definirá si se pasa o no a jui