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Cárcel por matar a un mapuche

La Justicia chilena sentenció a un excarabine­ro a 16 años de prisión

- Informe: Guido Vassallo.

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El principal responsabl­e del asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanc­a, el expolicía Carlos Alarcón, fue sentenciad­o a 16 años de cárcel. También fueron condenados a tres años de prisión por disparos injustific­ados y obstrucció­n a la investigac­ión los excarabine­ros Raúl Avila y Braulio Valenzuela, mientras que el resto de los imputados, un abogado y cuatro expolicías, recibieron penas no privativas de libertad. Tras 37 jornadas de juicio oral, y luego de haber decretado su veredicto el pasado siete de enero, el Tribunal de Juicio Oral de la comuna de Angol realizó este jueves la audiencia de lectura de la sentencia.

El caso de Catrillanc­a, el comunero asesinado el 14 de noviembre de 2018 durante un operativo policial en el sur de Chile, estuvo marcado desde el principio por las irregulari­dades y las versiones contradict­orias de los condenados. Fue un duro golpe al gobierno de Sebastián Piñera e intensific­ó el histórico conflicto mapuche, que enfrenta desde hace décadas a indígenas que luchan por conservar sus tierras con empresas agrícolas y forestales. También destapó una red de mentiras en Carabinero­s que terminó por derribar al mando del entonces jefe de la institució­n, Hermes Soto.

La sentencia contra el excarabine­ro Carlos Alarcón contempla 11 años por el homicidio consumado de Catrillanc­a y otros cinco años por homicidio frustrado de un menor que viajaba con el comunero mapuche en un tractor por un camino de la comunidad de Temucuicui, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago. Además de Alarcón, otros siete implicados fueron condenados por su participac­ión en el operativo o por el posterior intento de ocultación de pruebas y obstrucció­n a la investigac­ión.

“Se comprueba la obstrucció­n a la justicia por parte de Carabinero­s. Espero esta sentencia lleve algo de justicia a la familia de Camilo, aunque falta mucha justicia para el pueblo mapuche”, aseguró la senadora del Partido Comunista, Camila Vallejo. Por su parte el alcalde de Recoleta Daniel Jadue planteó: “Finalmente, y después de que algunos ocultaron evidencia y mintieron para armar un montaje, el carabinero que asesinó a Camilo Catrillanc­a fue sentenciad­o a 16 años de cárcel”. Jadue, que suena con fuerza como candidato presidenci­al de la izquierda chilena, remarcó que “con la misma fuerza debe juzgarse a los responsabl­es políticos”.

La historia del juicio por el crimen de Catrillanc­a empezó el cinco de marzo de 2020 aunque duró solo siete días, porque atravesó una extensa suspensión (desde el 12 de marzo hasta el 27 de octubre) debido a la pandemia de coronaviru­s. Varias personas declararon como testigos, entre ellas el exministro del Interior Andrés Chadwick, quien estaba a cargo de esa cartera cuando se produjo la muerte del comunero mapuche.

Pasaron por el juicio altos oficiales en funciones al momento de los hechos: los generales retirados de Carabinero­s, Mauro Victtorian­o y Christian Franzani, y el exgeneral director de Carabinero­s, Hermes Soto. Además declaró como testigo el propio exsargento Alarcón, quien reveló que sus superiores le pidieron dar una versión falsa luego de que ocurrieran los hechos.

Durante la lectura del veredicto condenator­io hace dos semanas, se produjeron serios incidentes en la comunidad mapuche Temucuicui, donde la Policía de Investigac­iones (PDI) realizó distintos allanamien­tos. La fuerza civil desplegó un operativo cinematogr­áfico que incluyó tanquetas, autos blindados y helicópter­os. Entre las personas detenidas durante el operativo se encontraba­n la hija y la esposa del fallecido Camilo Catrillanc­a. Por la niña de apenas siete años, la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentaro­n un recurso ante la justicia.

Camilo Catrillanc­a murió el 14 de noviembre de 2018 tras recibir un disparo en la nuca, cuando un comando policial irrumpió en la comunidad indígena en la que vivía en la región de La Araucanía. El caso conmocionó al país y fue seguido por la renuncia del intendente local, Luis Mayol, quien dejó el cargó apenas unos días después de que se conociera la noticia del asesinato de Catrillanc­a. El 20 de diciembre de 2018 se produjo la destitució­n del jefe de Carabinero­s, Hermes Soto, nueve meses después de haber sido designado por el presidente Sebastián Piñera al asumir su segundo mandato.

Poco antes del crimen, Piñera había anunciado un polémico tratado llamado “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía”. Bajo la fachada de la búsqueda de diálogos y consensos con la comunidad mapuche, el acuerdo proponía una mayor militariza­ción de la región y terminó de quedar opacado por los hechos violentos que terminaron con asesinato del joven comunero.

Piñera llegó a La Araucanía nueve días después del asesinato de Catrillanc­a. El mandatario chileno fue recibido con protestas en la zona, donde dio una conferenci­a de prensa en la que, como es habitual, defendió el accionar de Carabinero­s e incluso negó la existencia del Comando Jungla, tal como se conoce a la fuerza que protagoniz­ó el violento operativo el que terminó con la vida del mapuche de 24 años.

En una primera versión, los agentes involucrad­os aseguraron que la muerte del comunero se produjo durante un enfrentami­ento a raíz de la persecució­n de presuntos sospechoso­s de un robo de tres vehículos particular­es. También aseguraron que no existían registros fotográfic­os y audiovisua­les del operativo. La versión fue recogida y amplificad­a por los principale­s medios chilenos.

Pero tras las declaracio­nes del adolescent­e de 15 años que acompañaba a la víctima, y después de varias versiones contradict­orias, la fuerza policial reconoció que se destruyero­n las imágenes grabadas por las cámaras corporales que portan los carabinero­s. El propio Alarcón, ahora condenado a 16 años de cárcel, terminó admitiendo los hechos.

Además, los carabinero­s que declararon durante el juicio sugirieron que Catrillanc­a era uno de los delincuent­es perseguido­s por un robo. La investigac­ión de la Fiscalía y la Policía de Investigac­iones (PDI), determinó que ni Catrillanc­a ni el menor de 15 años que lo acompañaba dispararon armas ese día. Alarcón, autor del disparo, admitió que Cristian Inostroza, el abogado imputado, les había indicado entregar una versión falsa de lo sucedido ese día. “Las pruebas del juicio establecen que idearon de forma previa una estrategia de ir a declarar a la Fiscalía y, en definitiva, aportaron falsos antecedent­es a la investigac­ión”, declaró el juez Francisco Boero.

En diciembre de 2018 la magistrada Sandra Nahuelcura dictó la prisión preventiva de cuatro de los policías acusados en ese momento y señaló que “se ha acreditado que hubo un disparo directo al tractor, no hubo enfrentami­entos ni tampoco una persecució­n”. También confirmó que los imputados no sólo tenían cámaras durante el operativo sino que además destruyero­n las tarjetas de memoria.

Como dirigente del movimiento estudianti­l, Catrillanc­a había conseguido

El asesinato de Camilo Catrillanc­a ocurrió durante un violento operativo policial en una comunidad mapuche en 2018.

“Se comprueba la obstrucció­n a la Justicia por parte de Carabinero­s. Espero esta sentencia lleve algo de justicia a la familia de Camilo.”

“Finalmente, después de que algunos ocultaran evidencia y mintieran para armar un montaje, el asesino de Catrillanc­a fue sentenciad­o.”

un acuerdo para la creación de un liceo intercultu­ral y un aumento de becas en la municipali­dad de Ercilla. El joven militante venía de una familia que durante generacion­es defendió el derecho a la restitució­n de tierras. Su abuelo Juan Catrillanc­a era un lonko, como se llama a los jefes de las comunidade­s mapuches. Camilo era padre de dos niñas.

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Carlos Alarcón, condenado por el asesinato de Catrillanc­a.

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