Asistencia a la economía social
Empleados de firmas autogestionadas recibirán una asignación de 9 mil pesos para mitigar el impacto de la pandemia.
El Gobierno otorgó una asistencia económica no remunerativa de 9 mil pesos para trabajadoras y trabajadores de empresas autogestionadas de todo el país. Sería el octavo desembolso para la economía social desde que fue establecida la ayuda económica el 30 de abril del año pasado; originalmente era por dos meses, y en noviembre último se amplió a siete.
La herramienta está destinada a unidades autogestionadas por trabajadoras y trabajadores que suspendieran su actividad productiva, o disminuyeran su nivel de ingresos económicos como consecuencia del ASPO. La nueva resolución indicó que “en virtud de la prolongación de los efectos de la pandemia en el nivel de actividad económica y de ingresos de las unidades productivas autogestionadas, deviene necesario no desatender la problemática que continúa afectando a dicho colectivo de trabajadoras y trabajadores”.
La situación económica de crisis por efecto de la covid-19 no escapa a las cooperativas y empresas autogestionadas aunque las impacta de manera particular. Lejos de los cierres de fábricas que se conocen cada vez que se publica una estadística oficial, la dinámica del cooperativismo en situación de crisis se distinguió por un aumento de más de un 150 por ciento la matriculación de cooperativas de trabajo durante 2020 en el Inaes.
De las 1.237 organizaciones que iniciaron los trámites para convertirse en cooperativas en todo el país, 196 inscripciones se iniciaron en enero, febrero y marzo. Aún no hay numeros oficiales de cierre del año, pero se estima que durante los meses de cuarentena el número de trámites para ser parte del asociativismo superan los 2.000, y de ellos, un total de 800 fueron presentados durante agosto y septiembre.
“En agosto y septiembre hubo un pico de matriculaciones. Lejos de cerrar, durante el pico de la pandemia el cooperativismo se convirtió en una herramienta de los sectores vulnerables para constituirse en una salida laboral”, explica Ramiro Martínez presidente de la Confederación
Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop). “Esta situación nos ubica en un lugar de mucha responsabilidad sumado a que tenemos un gran desafío por delante, que tiene que ver con seguir sosteniendo las fuentes de trabajo en un contexto económico difícil”, agrega.
Dentro del mundo cooperativista, replicando la dinámica de las empresas, hay sectores como el textil que se reconvirtieron y comenzaron a ser proveedores del Estado provincial y municipal en camisolines y barbijos; otros muy complicados como pueden ser los gráficos que ya venían con un tema tarifario a cuestas luego de cuatro años de la gestión anterior y el avance de la tecnología en general.
La asistencia que recibieron del Estado fueron de ocho cuotas a partir de mayo del año pasado y ha tenido una variación dentro de los montos de 50 por ciento. “El Estado nos está escuchando y sabe que somos una herramienta de capilarización de llegada a lugares muy vulnerables de la sociedad y estamos trabajando para pensar en un programa de continuidad de esta cuota dada la continuidad de la pandemia”, concluye Martínez.
La ayuda apunta a unidades autogestionadas que suspendieran su actividad productiva, o disminuyeran su nivel de ingresos por el ASPO