Inspección y clausuras por Precios Máximos
Monitoreos oficiales sobre el abastecimiento de mercaderías
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“En vista del recrudecimiento de la emergencia sanitaria y la persistencia de las medidas de confinamiento y distanciamiento, hay que pisar el acelerador en la lucha contra el trabajo infantil, para evitar que esta crisis nos haga retroceder en un año el equivalente a una década de avances”, declaró el Director de OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, al iniciar el lanzamiento regional de Año Internacional para la Eliminación del trabajo Infantil. De acuerdo con estimaciones de OIT y Cepal, hasta 300.000 niños y niñas podrían volver a trabajar debido al impacto de la crisis.
La OIT informó que en los últimos 25 años América Latina y el Caribe logró importantes avances porque 9,5 millones de niños, niñas y adolescentes dejaron de trabajar, especialmente en actividades peligrosas. Sin embargo, antes de la pandemia aún había 10,5 millones en trabajo infantil.
La situación puede empeorar debido a la crisis generada por la Covid–19. Guy Ryder, director general de la OIT, destacó que “el aumento de la pobreza y la caída de los ingresos familiares, el cierre de las escuelas, y el aumento de las vulnerabilidades, son factores que pueden contribuir a incrementar el trabajo infantil”.
La OIT destacó que será necesario apostar por acciones conjuntas cada vez más eficaces, basadas en el diálogo social y reuniendo a todos los actores públicos y privados que tienen parte de la respuesta a la persistencia del trabajo infantil. En este sentido, destacaron la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, una plataforma tripartita que desde su creación en 2014 busca nuevas respuestas a la problemática del trabajo infantil, en la cual participan 30 países de la región, 7 organizaciones de empleadores y 7 organizaciones de trabajadores.
El análisis realizado por OIT y Cepal estima que el trabajo infantil podría aumentar entre 1 y 3 puntos porcentuales en la región. Esto implicaría que al menos entre 109 y 326 mil niños, niñas y adolescentes podrían ingresar al mercado de trabajo.
“Uno de los principales factores de inseguridad e inestabilidad económica en los hogares es que la jefa o el jefe del hogar trabaje en condiciones de informalidad, donde la protección social es mínima y los contratos laborales inexistentes. El trabajo infantil se convierte en un componente importante de cómo los hogares manejan la inseguridad económica”, explica el informe.
El documento recuerda que el porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años en situación de trabajo infantil en el continente bajó de 10,8 por ciento
El titular del organismo, Guy Ryder, aseguró que el aumento de la pobreza y la caída de los ingresos familiares pueden contribuir a incrementar el trabajo entre los menores de edad.
en 2008 a 7,3 por ciento en 2016, lo que equivale a una disminución de 3,7 millones de personas en esa situación.
Niña niñera
Además de los directivos del organismo internacional, participaron del evento algunos presidentes latinoamericanos y personalidades reconocidas en la lucha por el trabajo infantil en la región.
Resultó especialmente sensible la intervención de la activista peruana y ex trabajadora infantil Sofía Mauricio: “A los 7 años empecé a trabajar en servicio doméstico, porque mi madre se quedó sola con seis hijos y uno por nacer y a los 12 me convertí en una niña niñera al cuidado de un bebé de 15 días”, contó y agregó: “Mi historia no es solo mía. En los movimientos de lucha contra el trabajo infantil doméstico vi que se repite en millones de niñas y niños”. @
En el marco del monitoreo de abastecimiento de mercaderías y precios, la Secretaría de Comercio Interior clausuró esta semana 22 establecimientos comerciales, tras realizar 174 inspecciones. “Desde el lunes al jueves de esta semana se realizaron 174 inspecciones, que dieron como resultado 22 clausuras preventivas por incumplimiento de la resolución de Precios Máximos”, informaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo por medio de un comunicado.
En este sentido, se detalló que en lo que “va del año se concretaron más de 1.500 fiscalizaciones en empresas, comercios de proximidad y supermercados para controlar el cumplimiento de precios y el normal abastecimiento de productos que compran las y los argentinos”.
“El objetivo de estos controles es verificar que el sector privado cumpla con las regulaciones emiy tidas desde la Secretaría de Comercio Interior, que tienen como fin proteger el bolsillo de las y los consumidores”, destacaron en la cartera. Y puntualizaron que se llevan a cabo “los relevamientos para supervisar la correcta implementación en comercios y supermercados de los distintos acuerdos de precios, con el espíritu de corregir eventuales incumplimientos y hacer llegar de manera efectiva las políticas de administración de precios y abastecimiento a todos los hogares argentinos”.
Actas por no respetar valores
El Gobierno informó que esta semana, además de las clausuras, se labraron 79 actas por no respetar los valores establecidos por la resolución de Precios Máximos, y no presentar declaración jurada con la lista de precios correspondiente. “La Secretaría, junto con las provincias y los municipios, lleva coordinados más de 34.000 operativos de fiscalización de precios y abastecimiento de productos esenciales –alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza– en comercios, fábricas y supermercados de todo el país”, explicaron. En ese contexto, se “labraron más de 4.000 actas por infracciones a los Precios Máximos se realizaron más de 600 clausuras preventivas por incumplimientos en los precios”.
Precios Máximos es una política que el Gobierno inició al comienzo de la pandemia para contener valores de precios esenciales, ante el golpe al bolsillo que padecieron sectores trabajadores que se vieron perjudicados por caída en la actividad o reducciones salariales. Se estableció el 19 de marzo del 2020, cuando se decretó la primera cuarentena. De esta forma, se congeló el precio de 2300 categorías de producto al valor del 6 de marzo de ese año.
Luego, la medida se fue prorrogando con actualizaciones: tuvo un aumento de entre 2 y 4,5 por ciento en julio, y otro ajuste del 3 por ciento promedio en octubre. Desde noviembre, empezó a descongelarse el listado saliendo primero los productos menos esenciales.
Además de las clausuras, se labraron 79 actas por no respetar los valores establecidos por la resolución de Precios Máximos.