Lawfare recargado en Ecuador
La intromisión de Colombia en la campaña vecina Semana
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Siete días antes de la primera vuelta electoral, la revista colombiana Semana publicó documentos obtenidos por la inteligencia militar de ese país que vinculaban al grupo guerrillero local Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el partido del expresidente Rafael Correa. Una vez pasada la elección, con el candidato Andrés Arauz ya en el ballottage, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, viajó a Quito para llevarle la información a su par ecuatoriana, Diana Salazar. Tanto Correa como Arauz dijeron que se trataba de un nuevo capítulo en el intento de proscribir a su fuerza política de cara a la segunda vuelta del 11 abril. Ya en 2008 Colombia había apelado a archivos secretos militares para vincular al correísmo con las FARC. Para el sociólogo colombiano Javier Calderón Castillo se trata de un “lawfare recargado” que esta vez encontró en el extranjero su pata mediática.
Según reveló Semana la información que publicaron había sido obtenida por las FF.AA. colombianas tras un operativo llevado a cabo en la selva del Chocó, el 25 de octubre de 2020. Los documentos habían sido extraídos de dispositivos que pertenecían al guerrillero Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, integrante del ELN que resultó abatido. Allí se habrían encontrado más de tres terabytes de información digital en donde Uriel dejó constancia de sus gestiones. Entre ellas un supuesto “aporte préstamo” a la campaña de Unión por la Esperanza (UNES), el partido que lleva como candidato a Arauz. “Quisiera me contaran del capital entregado al binomio para el señor de la mariposa del sur MS, después de la cumbre mundial de la internacional progresista”, escribió el guerrillero, según los datos que aporta Semana. La “mariposa” remitiría al logo que utiliza
UNES y el aporte por 80 mil dólares.
El medio colombiano también publicó un audio donde identificaron la voz de Uriel. Allí el guerrillero comenta un diálogo que tuvo con Correa, aunque no hay datos sobre el contexto en que se dio el mismo. El expresidente le habría pedido que encuentre a una persona con un determinado perfil técnico para ubicarla en su gobierno. La publicación de esta habría sido información en la prensa de Colombia bastó para que la fiscal ecuatoriana le pida a su par Francisco Barbosa una copia de los archivos. Salazar justificó la solicitud en el “supuesto financiamiento por parte del ELN a la campaña del candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz”. El fiscal de Colombia viajó el día 12 para entregar los documentos en mano.
Consultado sobre estas revelaciones, Correa sostuvo que no conocía a Uriel y criticó la celeridad con la se movieron los fiscales. “Ni cuando asesinaron a tres periodistas ecuatorianos en Colombia se actuó tan rápido. (...) Continuarán con el show de financiamiento del ELN durante la segunda vuelta”, indicó el ex mandatario en Twitter. Arauz dijo que se trataba de fake news. “Toda esta patraña tiene una intención: impedir que el binomio Arauz-Rabascall participe en la segunda vuelta”, sostuvo el candidato.
Para el sociólogo Javier Calderón estos elementos permiten sumar un nuevo factor en la teoría del lawfare: la orquestación directa desde un medio extranjero. “No se le inició un proceso judicial a nadie dentro del correísmo en Colombia. Fue un documento filtrado, y no sabemos si diseñado por la inteligencia militar colombiana, para meterse en las elecciones en Ecuador”, indicó el académico. Además señaló que el manejo de la información por parte de los militares no da ninguna seguridad sobre la cadena de custodia que deben seguir estos archivos. “Utilizan este tipo de materiales para construir ‘falsos positivos’ judiciales, y en este caso para contribuir a continuar la guerra judicial en contra del correísmo”, indicó el sociólogo.
Calderón también recalcó que Semana dio un giro editorial desde que la familia Gilinski se posicionó como dueña mayoritaria de la revista. “Poseen el segundo grupo económico más importante del país. Están ligados al sistema financiero, son dueños de bancos y corporaciones internacionales, tienen negocios y conexiones con Guillermo Lasso”, informó el académico. Lasso, histórico dueño del Banco de Guayaquil, es el candidato del frente CREO que competirá con Arauz en el ballottage. El crecimiento de los Gilinksi en Semana trajo aparejada la renuncia de más de una decena de periodistas con amplia trayectoria en el medio. “La revista quedó desguazada. No era progresista, pero sí muy plural. Hoy quedó en manos de un grupo de derecha”, indicó el sociólogo.
También en 2008 las FF.AA. colombianas habían encontrado vínculos entre el correísmo y un grupo insurgente. Aquella vez se trató de información hallada en las computadoras de uno de los líderes de las FARC, Raúl Reyes, también abatido tras un operativo. El hecho tuvo amplia reperúnica cusión, ya que el gobierno de Correa denunció que los militares colombianos habían ingresado a territorio de Ecuador para llevar adelante la maniobra. Eso no impidió que el entonces presidente Álvaro Uribe utilizara los archivos para denunciar el vínculo entre políticos y miembros del grupo armado. Entre ellos, Correa. En concreto se dijo que la guerrilla había aportado a su campaña presidencial. Posteriormente la Corte Suprema de Justicia de Colombia invalidó el uso de esa información. Para el máximo tribunal la misma había sido obtenida de manera ilegítima y también cuestionó el manejo de los archivos por la inteligencia colombiana.
A su vez, filtraciones realizadas por WikiLeaks en 2010 de documentos diplomáticos de Estados Unidos permitieron conocer lo que planeó hacer con la información el gobierno de Uribe antes de que la misma saliera a la luz. Un cable de la embajada de mayo de 2008 da cuenta de las conversaciones que tuvieron Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, con el embajador norteamericano. Santos narró cómo el gobierno colombiano había planificado distribuir los archivos de Reyes a ciertos medios, para utilizarlos contra Ecuador y Cuba.
En 2018 el actual presidente Ecuador, Lenín Moreno, había pedido reabrir la causa contra Correa por el supuesto financiamiento de las FARC. Esta vez se basó en un video que supuestamente evidenciaba la colaboración. Consultado por PáginaI12, el abogado Fausto Jarrín, que llevó adelante la defensa del expresidente ecuatoriano en varias causas, señaló que ninguno de esos procesos legales logró pasar las investigaciones previas. “Fueron casos generados para tratar de inundar la opinión pública con miedo. Es lo que hace la derecha”, señaló el letrado.
En las semanas previas a la elección de este año, hubo una
La revista vinculó al ELN con el correísmo y los fiscales se movieron con celeridad. Arauz lo denunció como fake news.
lluvia de fake news contra el candidato correísta. En una de ellas, el diario Clarín publicó una nota que hacía referencia a un video falso que circuló por las redes sociales. En ese marco enrarecido es que apareció la publicación de Semana. Habrá que esperar si surge algún nuevo elemento de cara al ballottage. Lo que sí es seguro es que estamos frente a las elecciones más irregulares que vivió Ecuador en mucho tiempo.
Estos elementos permiten sumar un nuevo factor en la teoría del lawfare: la orquestación directa desde un medio extranjero.
El crecimiento de los Gilinksi en la revista Semana trajo aparejada la renuncia de más de una decena de periodistas.