El trasfondo político del fallo
Las preguntas que dejó la condena de Lázaro Báez
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El veredicto en el juicio sobre lavado de dinero, con la condena a 12 años de prisión de Lázaro Báez, plantea una larga serie de interrogantes, con calificativos que van desde un fallo justo o bastante justo, pero exageradamente duro, a un fallo clasista, patriarcal y, sobre todo, producto de la persecución política. Los fundamentos se conocerán el 26 de abril al mediodía, será apelable ante la Cámara de Casación y luego seguramente ante la Corte Suprema. El caso puede tardar todavía otros cinco años.
Las preguntas que surgen son varias y de distinto tono:
Los jueces coinciden en la condena, pero difieren en el monto de la pena y, sobre todo, en el intento de dejar un precedente contra CFK.
¿Por qué hubo unanimidad entre los tres jueces en condenar a Lázaro Báez y a otros imputados?
A lo largo de la causa, que instruyó el juez Sebastián Casanello, se le encontraron a Báez sociedades ocultas, creadas en Panamá, y cuentas también ocultas en Suiza con unos 55 millones de dólares. Pero, globalmente, los jueces consideraron que Báez acumuló una suma millonaria, en negro, que después la escondió en el extranjero o en efectivo. En eso estuvieron de acuerdo los tres magistrados.
¿Por qué hubo discrepancia entre los jueces sobre la cantidad de años de la condena?
Los dos jueces alineados con el macrismo, Néstor Costabel y Adriana Pallioti –ambos integrantes de la Lista Bordó de la Asociación de Magistrados, “la más antikirchnerista”, según el diario La Nación– impusieron la pena de 12 años, mientras que Gabriela López Iñiguez consideró que eran injustas penas tan altas para los clientes de la fuga al exterior de divisas y que no haya habido castigo para los dueños de las financieras, las cuevas y menos todavía los bancos internacionales que se ocupan de sacar el dinero al exterior. Los operadores de los bancos extranjeros directamente fueron sacados de la causa, mientras que se le dieron penas más bajas a los que le ayudaron a Báez a sacar el dinero. López Iñiguez sostiene que por esa razón el fallo tiene un contenido de clase: salvó o les dio penas menores a los delincuentes de cuello blanco o de más nivel económico. La magistrada propuso una pena de siete años y medio de prisión para Báez.
Los abogados del constructor, encabezados por Juan Villanueva, sostuvieron que Báez ganó licitaciones que no fueron objetadas por nadie, hizo obras por varios miles de millones de dólares a través de los años, y que el dinero sacado al exterior fue el que retiró de la empresa como adelanto de las ganancias. Su postura es que con semejante nivel de facturación, el dinero que sacó era legítimo y que, en todo caso, lo podrían acusar de evasión, no más que eso. Los jueces dirían en los fundamentos que Báez quiso entrar al blanqueo de Macri en 2016 y que eso era una virtual confesión. El argumento es algo extraño porque lo mismo hizo el hermano de Mauricio Macri, Gianfranco, a quien ahora le aparecieron sociedades ocultas en Luxemburgo.
Durante todo el proceso de la causa se intentó acusar a Cristina Fernández de Kirchner. La idea central era que Báez fue un testaferro de los Kirchner. Las maniobras fueron de todo tipo, pero esencialmente ejerciendo una presión sobre el juez Casanello para que incluya a CFK, pese a que el juez estableció que no existía conexión alguna. Todas las sociedades tenían como integrantes o beneficiarios a los hijos del constructor y lo mismo decia el testamento que en su momento hizo el empresario. En paralelo hubo intentos para que el propio
Báez se convirtiera en “arrepentido”. Como no lograron meter a CFK en la causa, lo intentan hacer ahora a través del fallo. La cuestión se verá más clara cuando se lean los fundamento. En principio los dos magistrados vinculados al macrismo afirman que el dinero que sacó Báez al exterior fue producto de irregularidades en la obra pública. Esa es su forma de involucrar a Cristina, aunque tampoco tuvo que ver directamente con las rutas adjudicadas y construidas por Austral Construcciones. En cambio, López Iñiguez dice que de ninguna manera se probaron irregularidades en la construcción de rutas y que Báez acumuló dinero en negro estafando al fisco, con una defraudación tributaria. La magistrada sostiene que el constructor fue ganando obras y más obras y luego se rodeó de contadores y abogados de cierto nivel técnico que estructuraron las estrategias para evadir impuestos.
¿En qué se basaron los dos jueces del macrismo para fundamentar que el dinero de Báez vino de delitos en la obra pública?
Eso también se verá más claro cuando se lean los fundamentos el 26 de abril. Pero la cuestión de las rutas de Santa Cruz sólo se tocó lateralmente en el juicio. En primer lugar, la base es el testimonio del arrepentido Leonardo Fariña. A esta altura es evidente que sus declaraciones, en especial referidas a la obra pública, fueron compradas. Lo testimoniaron sus propios abogados en la causa de Dolores que instruyó Alejo Ramos Padilla. Quedó claro que integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a través de los abogados de Fariña, le guionaron lo que tenía que decir porque no entendía nada de obras públicas, nunca tuvo que ver ni con licitaciones ni con los contratos. Su especialidad –aunque tampoco era un gran especialista– eran las finanzas.
El único otro elemento que apareció en el juicio fue el informe de auditoría que hizo el macrismo en enero de 2016 sobre las rutas de Santa Cruz. Pero el texto fue favorable a Lázaro Báez. Pese a la inexistencia de evidencias y a que el juicio por la obra pública se está haciendo en la actualidad, Costabel y Pallioti lo ponen como el delito precedente. En ese juicio sobre las rutas en Santa Cruz, la acusación naufraga en casi todas las audiencias.
¿Por qué se acusa al veredicto de ser producto de una justicia sin perspectiva de género y patriarcal?
Los dos jueces alineados con el macrismo condenaron a las hijas de Báez a la pena de tres años de prisión. Melina y Luciana no tuvieron participación alguna. El santacruceño, al abrir las cuentas en Suiza, puso como beneficiarios a sus cuatro hijos, o sea que en caso de muerte, el dinero depositado iría para ellos cuatro. Ni Melina ni Luciana tuvieron nada que ver con esas cuentas y, por supuesto, tampoco se beneficiaron con ese dinero. Su aparición en cualquier cosa relacionada con Austral Construcciones fue producto de que “Báez se apropió de su nombre y lo usó”, según fundamentó López Iñiguez. Así lo escribió la magistrada: “Lázaro Báez, quien con toda evidencia priorizó y jerarquizó en sus negocios a sus hijos varones, en especial a su primogénito y evidenció la utilización del nombre de sus hijas, como si dichos nombres fueran de su propiedad, para la apertura de cuentas en el exterior...”. López Iñiguez propuso absolver a ambas.
En este veredicto las pruebas no son fundamentales, porque lo importante no son las evidencias sino el objetivo político.
¿Cuál sería el fin último de la condena a las hijas de Báez?
En una primera mirada parece inexplicable. Sin embargo, en Comodoro Py corre el rumor de que se pretende sentar un precedente para apuntar contra Florencia Kirchner en un futuro. El caso es bastante parecido.
Parece obvio que este veredicto no se puede leer como un hecho aislado. La partitura judicial es única y es la misma que llevó a CFK a prestar siete indagatorias en un mismo día, a ser acusada por traición a la patria o que todavía esté en la mira por la operatoria de dólar futuro con la que hicieron impresionantes ganancias los empresarios y funcionarios de Mauricio Macri. El punto fundamental deberían ser las pruebas, pero cuando no aparecen –como en este veredicto– se las mete por la ventana. Porque lo importante no son las evidencias sino el objetivo político.