Los funcionarios judiciales y su responsabilidad legal
La ministra Gómez Alcorta y el femicidio de Guadalupe Curual
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La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta presentó una denuncia penal para que se investigue si cometieron delitos de acción pública los funcionarios judiciales y del Ministerio Público Fiscal de Neuquén al valorar las denuncias presentadas por Guadalupe Curual contra su exnovio Juan Bautista Quintriqueo, antes de que la asesinara en la ciudad de Villa La Angostura.
“Presentamos ante la Fiscalía de Neuquén una denuncia penal para que se investigue la posible existencia de delitos relacionados con las actuaciones de los funcionarios y las funcionarias judiciales y del Ministerio Público Fiscal de Neuquén en la investigación de los hechos denunciados en más de una oportunidad por parte de Guadalupe Julieta Curual, cuya integridad física se encontraba amenazada”, dijo Gómez Alcorta.
La ministra sostuvo que “será el poder judicial quien deberá evaluar si alguna acción u omisión puntual se realizó incumplimiendo los deberes que cada funcionario/a tiene a su cargo. Tal como la sociedad civil lo viene reclamando enérgicamente, es fundamental que quienes tienen a cargo las causas judiciales de violencia de género tengan intervenciones acordes con el contexto de violencia, que tengan escucha activa y empática, que evalúen correctamente los riesgos”.
La presentación plantea que Curual, de 21 años, “habría realizado tres denuncias en los meses de julio y agosto de 2020 y a finales del mes de enero de 2021” contra Quintriqueo, quien la asesinó a puñaladas el martes pasado en pleno centro de esa localidad patagónica. La primera ocurrió el 12 de julio ante la Comisaría 28 de Villa La Angostura, mientras el 22 de julio el titular del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Familia Alberto Videla, dictó al femicida una medida de prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de la víctima.
A fines de enero Curual realizó
La funcionaria nacional realizó una denuncia penal para determinar las responsabilidades de funcionarios judiciales que no protegieron a la víctima.
una nueva denuncia ante la Oficina de Violencia, tras la cual Videla informó el 2 de febrero a Quintriqueo que estaba vigente la prohibición de acercamiento y dispuso ampliarla a “toda comunicación por cualquier motivo y medio”.
“El femicidio de Guadalupe Curual se produjo más allá de las denuncias que ella habría realizado en virtud de las violencias por motivo de género que sufría, como las denuncias por el incumplimiento de las medidas judiciales que se habrían dictado”, argumentó Gómez
Acorta en la denuncia. “Por ello corresponde investigar si los/as funcionarios/as que intervinieron han llevado adelante, correctamente, todas las acciones que legalmente se encontraban obligados/as”.
En los fundamentos del texto, la ministra sostiene que la creación de esa cartera “responde al compromiso asumido con los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia”, y destaca su competencia para desarrollar “una amplia agenda de políticas públicas centradas en la reducción de las brechas entre los géneros y la eliminación contra todas las formas de violencia por motivos de género en Argentina”.
En base a normativa internacional incorporada a la legislación argentina en la materia, señala que “las investigaciones se deben llevar adelante con perspectiva de género, lo que incluye, entre otras cuestiones, llevar a cabo investigaciones despojadas de visiones estereotipadas y prejuiciosas sobre actitudes, características o roles de las víctimas”.