Las tobilleras, una opción desaprovechada
La Justicia usa menos del 50 por ciento de las otorgadas por violencia de género El Ministerio de Justicia de la Nación las distribuye. Los dispositivos son repartidos. Los que no son utilizados igual se deben pagar a la empresa.
buye el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a pedido de las provincias. Pero también los gobiernos provinciales podrían comprarlas. Recién esta semana Losardo se reunió con los ministros de Seguridad de San Luis, Luciano Anastasi, y de Catamarca, Gustavo Aguirre, para avanzar en la firma de los convenios respectivos para entregarles los dispositivos. Quedan todavía pendientes acuerdos con Chaco y Formosa.
Llamativamente, hay provincias como Jujuy que al 31 de enero no tenían ni una sola tobillera dual “activa” a pesar de que el gobierno de Gerardo Morales recibió 55 de parte del Ministerio de Justicia, de acuerdo con datos de esa cartera. En Neuquén – donde fue asesinada Guadalupe Curual en la noche del martes– disponían de 75 y estaban activas solo 45. En Córdoba, tienen 140 y de esas, 128 están en uso.
“Las mujeres piden determinadas medidas de protección cuando realizan la denuncia pero no suelen solicitar la tobillera dual porque no la conocen. No es un dispositivo que esté tan difundido. Las mujeres piden más el botón antipánico. Otras solo piden que el agresor deje de maltratarlas. Los jueces y juezas son quienes evalúan el pedido y deciden qué medidas consideran que son las más convenientes en cada caso”, explicó la titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, Analía Monferrer.
¿Cómo funcionan las tobilleras?
Los dispositivos duales (tobilleras) están compuestos por dos unidades de rastreo, una para la víctima y otra para el agresor, el que también lleva un transmisor (brazalete o tobillera). Las ubicaciones de la víctima y del agresor se supervisan de manera permanente desde los centros de monitoreo ubicados en las diferentes jurisdicciones. En la provincia de Buenos Aires se encarga el Sistema Penitenciario. Se configuran zonas de exclusión en virtud de las restricciones de acercamiento dispuestas por la justicia, y cuando el agresor transgrede la distancia establecida en esa orden se activa una alerta que determina la intervención del personal policial para brindar protección a la víctima.
En general las restricciones, explicó Delmas, se fijan en un radio de 700 metros alrededor de la víctima. Pero el dispositivo empieza a dar un alerta cuando el agresor está a doscientos metros de esa restricción. En ese momento se le advierte que está siendo vigilado, que se lo detectó violando la orden de restricción de acercamiento, y se le ordena que se retire. Por otra parte, “al activarse la inmediata intervención del personal policial en caso de violación de las restricciones de acercamiento, opera sobre el agresor un mayor efecto disuasorio que favorece el cumplimiento de la medida judicial”, señaló una fuente del Ministerio de Justicia de la Nación.
Al suplantar la consigna policial como mecanismo de protección, “los dispositivos duales evitan la revictimización y facilitan el empoderamiento de la persona protegida, permitiéndole restablecer la plenitud de su vida cotidiana de manera autónoma, a la vez que optimiza el funcionamiento de los recursos policiales, que pueden destinarse a otras tareas mientras no reciban una alerta que requiera una intervención en la urgencia”, explicó la fuente.
Sin freno
En lo que va del año, se han registrado ya más de medio centenar de femicidios, de acuerdo con los distintos relevamientos que llevan adelante diferentes ONG. En promedio, si se analizan los últimos años, alrededor de un 20 por ciento de las víctimas habían hecho una denuncia previa al agresor. El análisis de las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema muestra que hasta hacer la primera denuncia formal, las mujeres en situación de violencia de parte de pareja o ex pareja viven un promedio de cinco años y medio de maltrato.
La OVD se creó en 2006 y funciona en Lavalle 1250, en CABA: atiende las 24 horas los 365 días del año: allí la mujer relata los hechos sufridos, se le hace una evaluación de riesgo, y se deriva el caso a la justicia, para que se dicten medidas cautelares de protección y si hay delitos, se investiguen. La OVD simplificó la ruta crítica que tenían que recorrer antes las mujeres para denunciar. Pero no existen oficinas similares en todas las provincias: en los últimos 12 años, adoptaron este modelo de atención, solo cinco: La Pampa, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Cruz. Pero de todas formas, las oficinas suelen estar en las capitales.
Entre los años 2018, 2019 y el primer semestre de 2020, en la OVD de la Corte se relataron hechos de violencia en las relaciones de pareja en los que resultaron afectadas 18.400 mujeres a partir de 14 años. Entre las mujeres afectadas, 63% tienen un vínculo de tipo ex pareja con los agresores; 20%, convivientes; 14%, cónyuges y; 3%, novios. Se observa que estas proporciones no varían significativamente a lo largo de los años analizados, aun incluyendo el período de ASPO que se puso en vigencia desde el 20 de marzo de 2020. Más de la mitad de las afectadas (56 por ciento) manifestó concurrir a realizar la denuncia ante una situación límite; 46 %, expresó sentir más miedo que el habitual y 45 % por haber sido derivada.
Conforme lo relatado por las denunciantes, 56 por ciento de los agresores tiene antecedentes de violencia con otras parejas.
Los dispositivos duales (tobilleras) están compuestos por dos unidades de rastreo, una para la víctima y otra para el agresor.
En lo que va del año, se han registrado ya más de medio centenar de femicidios, de acuerdo con los distintos relevamientos.